Con el macrismo en Salta también llegó el desguace a las políticas vinculadas a la agricultura familiar. En uno de sus organismos, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, fueron despedidos 24 técnicos sobre una planta de 60 trabajadores.
La provincia contó con el 44 por ciento de técnicos menos. Este porcentaje formó parte de los más de 900 despedidos injustamente en el Ministerio de Agricultura de la Nación, que estuvo a cargo de Luis Etchevere, representante de la Sociedad Rural Argentina.
Ante el cambio de gobierno nacional, los trabajadores nucleados en ATE Agroindustria, piden la reincorporación inmediata de los despedidos.
"Sin los compañeros adentro no podemos ejecutar la política pública de Argentina contra el hambre", sostuvo el delegado de ATE Agroindustria de Salta, Ricardo "Tano" Bima. La demanda puesta hacia el gobierno conducido por Alberto Fernández es sostenida.
En Salta fueron 24 los despedidos desde 2015 en las gestiones de Carlos López Sanabria y Kenji Gómez Matsumoto, dos funcionarios del PRO. A Matsumoto ahora se lo vincula al gobierno de Gustavo Sáenz.
“Kenji y Lopez Sanabria han sido puestos para desmantelar”, acusó Bima. Describió que además de los despidos, “dejaron fuera de operación todas las políticas que veníamos llevando adelante”.
Destacó que no hubo financiamiento para los programas de asistencia técnica y de apoyo a la infraestructura. Se vació el parque automotor, donde solo quedaron dos de siete vehículos. “Nos ataron de pies y manos para no seguir actuando”, expresó. “Quedamos con un 40% menos de planta y con una capacidad de cobertura nula porque además se restringieron todos los gastos operativos”, manifestó el delegado.
Entre los despidos figuran personas de entre diez y más de veinte años de antigüedad. Además, las politicas de Cambiemos ocasionaron un desguace en el trabajo territorial que los tecnicos venían desarrollando en importantes sectores productivos de la provincia. Algunas de las tareas que hacen los trabajadores de Agricultura Familiar se vinculan con la asistencia técnica, capacitaciones, gestion de financiamiento de infraestructura productiva, sistemas de agua potable para la producción y el consumo de las comunidades campesinas e indígenas.
Bima explicó que en Salta los departamentos “más complicados” son los de Rivadavia y San Martín. “Esa zona, que es prioritaria de atender, hoy está prácticamente sin atención” y “después nos hemos quedado en la zona de los valles de altura, como Santa Victoria Oeste, Nazareno e Iruya, con pocos técnicos”, conto.
En el caso de los Valles Calchaquíes, la Subsecretaría había elaborado un despliegue regional con las provincias de Catamarca y Tucumán. “También se desmantelaron los equipos”, dijo Bima. Agregó que todos los avances realizados “quedaron totalmente desvirtuados”.
De 18 departamentos de la provincia donde había abordaje territorial, solo 9 quedaron cubiertos.
Persecución provincial
Una de las fuertes demandas del sector campesino e indígena tiene que ver con el derecho a la tierra. Los técnicos brindaron el asesoramiento y acompañamiento para sostener este reclamo. “Muchas veces el gobierno provincial no estaba de acuerdo”, afirmó Bima. Sostuvo que esas disputas se generaban en “zonas conflictivas en el Chaco salteño”.
En tierras del Chaco salteño se encuentra un emprendimiento rural de la familia Macri.
Bima dijo que “en esa dinámica, el gobierno provincial, no nos veía como un actor de solución y ampliación de derechos, sino como amenaza para el agro negocio y el avance de la gran ganadería”.
Confió en que el gobierno de Fernández “entienda, que quienes fuimos despedidos, fue porque también nos perseguían”. “Hemos sido víctimas de persecución. No fue solo por ajuste, sino para disciplinar a la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras”.
Para el delegado, debe existir un Estado que regule cuando el mercado avanza sin medida. “Que regule los sistemas productivos y que regule la situación para que todas las personas que vivan en un territorio puedan hacerlo”, indicó.
Despidos judicializados
Los 24 despidos que aún se mantienen en la Subsecretaría, hoy se encuentran bajo una cautelar que presentaron colectivamente e individualmente los trabajadores.
Los técnicos de agricultura no tienen el goce de planta permanente, sino que están amparados por la Ley Marco, que implica un contrato de trabajo. Ello dificultaría la rapidez de los trámites en caso de que decidieran la reincorporación.
Muchos de los técnicos han tenido que recurrir a “changas” y a trabajos temporarios para sobrellevar su economia familiar. También han creado un fondo común para quienes no pudieron conseguir un trabajo.
Entre las acciones que llevaron adelante, consiguieron el respaldo de las Cámara de Diputados y del Senado de la provincia.
Guiño nacional
Una de las medidas prioritarias del nuevo gobierno nacional fue el anunciado Plan Argentina contra el Hambre. Este programa anticipa que tendrá una base en la economía popular y que será destinado a las familias más afectadas por la pobreza.
Alberto Fernández dijo en su discurso de asunción que “el cooperativismo y la agricultura familiar serán actores centrales en esa política”.
Bima consideró que “estos primeros pasos son auspiciosos”. “Las compañeras y compañeros despedidos son prioridad que debe atender el Ministerio de Agricultura en su nueva gestión de gobierno”, afirmó el delegado y trabajador social.
Luis Basterra es el ministro designado a cargo de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para el delegado, el nuevo titular es una persona que “conoce la situación”. “Ha trabajado en políticas agrarias en Formosa, pero también ha trabajado en la comisión de diputados, ha estado en el Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA) y realmente es alguien que tiene un panorama amplio”, aseguró.
“Esperamos que él se siente con todos los sectores que venimos trabajando desde hace años para poder implementar con eficacia las políticas urgentes, pero también construir a futuro un mejor Ministerio de Agroindustria para todos y todas”, concluyó.
