El gobierno de la Ciudad, el creador de deuda

Las trampas de la urbanización de la villa 31

Lorenza se puso a salvo de los golpes de su pareja en casa de una amiga. Cuando llegó el censo para la urbanización de la villa 31 y 31bis no estaba y no fue tenida en cuenta. Como tampoco son tenidas en cuenta las familias con estructuras diversas o con mujeres a cargo. Los mandatos de género operan en este proceso que el gobierno de la Ciudad viene anunciando como un gran logro, con Mc Donalds y bancos en el territorio como signos de civilización, pero que no es más que un sistema de expropiación por medio de la deuda. La propuesta que reciben en el barrio es entregar sus casas a cambio de hipotecas -que se pueden ejecutar a la segunda cuota impaga- sobre departamentos en los que no se puede trabajar y con facturas de servicios asfixiantes. La organización feminista de las vecinas y la resistencia que oponen a que se especule sobre las tierras donde hicieron su casa explica por qué se dicen juntos cuerpos-territorios.
Lorenza, con camisa de flores, una de las primeras alertas para la organización.Lorenza, con camisa de flores, una de las primeras alertas para la organización.Lorenza, con camisa de flores, una de las primeras alertas para la organización.Lorenza, con camisa de flores, una de las primeras alertas para la organización.Lorenza, con camisa de flores, una de las primeras alertas para la organización.
Lorenza, con camisa de flores, una de las primeras alertas para la organización. 
Imagen: Betiana Aguirre

Por Luci Cavallero y Verónica Gago

“Con la asamblea feminista de la villa nosotras discutimos todo porque discutimos cómo queremos vivir”, dice Graciela Duarte, vecina y militante del Movimiento Popular La Dignidad Corriente Villera, en la villa 31 y 31 bis. Y con esa frase resume también el objetivo de la asamblea feminista que se propuso desenmascarar y resistir el proceso de urbanización en una de las zonas de Buenos Aires más codiciadas por el gobierno metropolitano y el capital inmobiliario.

La derrota electoral del oficialismo en la villa fue estrepitosa. Se sucedieron, entre otras, explicaciones de racismo arquitectónico: según funcionarios, lxs habitantxs no valoran el “cemento alisado” (sic). En poco tiempo desembarcó una sede del Banco Santander y, hace días, un MacDonald’s en los ingresos del barrio, una zona estratégica para la logística portuaria y la especulación del suelo. A su vez, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) proyecta su sede en un “edificio-puente” que uniría la villa con el barrio de Recoleta. Lo que está en juego es mucho: los terrenos de la villa se quieren vender para pagar deuda contraída por la ciudad con organismos internacionales de crédito.

Aquí una crónica del proceso -de agosto a hoy- que permite una lectura feminista de la urbanización, que investiga cómo la urbanización está hecha a base de endeudamiento forzoso, que denuncia cómo se buscan promover desalojos “legales” en base al control financiero del suelo y las viviendas y por qué es la trama feminista la que logra, además, evidenciar los mandatos de género que impulsan el censo y la meritocracia como guerra entre vecines.

Urbanización a través de deuda

Distintas organizaciones comenzaron a reunirse a fines de 2018 para ser parte, justo hace un año, del paro nacional de mujeres que repudió el fallo judicial que absolvió a los femicidas de Lucía Perez. Ese día, recuerdan las vecinas, “paramos todas, hicimos ruidazo en cada puesto de la feria y hablamos de la impunidad”. Las reuniones continuaron para discutir las violencias machistas, que aumentaban al ritmo de la crisis y porque todes valoraban sostener un espacio práctico de transversalidad. En el medio se intensificaron los conflictos por la relocalización compulsiva que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impuso en ciertas partes del barrio, en un año electoral en el que se buscaban fotos de campaña.

Así fue que se empezó a preparar una convocatoria proponiendo una clave de lectura bien precisa: “Urbanización en clave feminista. Contra el endeudamiento y los mandatos de género”. Los ejes que se problematizaron en la asamblea incluyeron desde un mapeo sobre cómo se resiste en la villa la avanzada del negocio inmobiliario, donde los colectivos feministas tienen un lugar protagónico, hasta cómo se relaciona este proceso con el endeudamiento público y privado y con los mandatos de género que “seleccionan” a les beneficiarixs. Para eso, la discusión de la asamblea se dividió en dos ejes: “Precariedades y deuda” y “Organización territorial feminista”. Todo un programa de acción, toda una cartografía del qué hacer en gramática feminista.

Lourdes Martinez, de la organización Eulogia Ríos, parte de la CTA Autónoma

El movimiento feminista aporta muchísimo a la urbanización porque el barrio ha sido siempre defendido por mujeres. Primero pedimos por la urbanización y ahora estamos pidiendo por una urbanización real. No es lo mismo”, explica estos días Lourdes Martínez, referenta feminista de la organización territorial Eulogia Ríos, que hace parte de la CTA Autónoma de la ciudad. La urbanización propuesta por el gobierno no es “real”, argumentan, porque es un mecanismo encubierto de desalojo. Y esto se debe al modo en que la deuda estructura el proceso mismo.

¿Cómo funciona la deuda como mecanismo oculto de la urbanización?

Las casas nuevas, recién construidas, son entregadas por medio de créditos. Es decir, primero hay que abandonar el terreno y la casa propia, construida con mucho esfuerzo, para pasar a ser “virtual” propietarie de otra vivienda, a la que se accede con un compromiso de pago de una deuda mensual. A la cuota de esos créditos, se suman dos cosas que complican la economía cotidiana aún más: se empiezan a pagar servicios con tarifas dolarizadas porque se pierden las “conexiones” comunitarias y se pierde también la posibilidad, por el diseño mismo de las casas nuevas, de trabajar y/o tener un comercio donde se vive.

Entonces, el mecanismo es completo: hay que abandonar la casa que se tiene en nombre de una casa a la que se accede sólo como endeudada; a eso se suma el despojo de la posibilidad que la vivienda sea lugar de trabajo y, se agrega, un pago de tarifas de servicios e incluso de expensas y gastos de administración que están fuera de los presupuestos de les habitantes de la villa.

Continúa Lourdes: “El sector Bajo Autopista, donde viven 1300 familias, está siendo relocalizado y las viviendas nuevas son descartables, los materiales son descartables. Además, la escritura es muy desfavorable para les vecines. No saben cuánto van a pagar. En la escritura aparece una cláusula que dice que dos meses sin pagar de cuota hipotecaria ya es motivo para remate, lo mismo si se atrasan en servicios públicos”.

Es decir, la escritura ya tiene incorporada la forma “legal” de desalojo ante atrasos de pagos que en una situación económica crítica como la actual tiene altísimas chances de suceder. Además, el incumplimiento es por pago de la hipoteca pero también por falta de pago de los servicios. Es decir: todo pone en riesgo la propiedad de la casa y todo está preparado para producir una situación de desalojo por medios legales, es decir, impulsado y mediado por el mecanismo de la deuda.

“Una de las cosas más graves de este proceso tiene que ver con los montos de los servicios públicos. No hay ninguna protección para vecinos y vecinas, no hay prevista ninguna tarifa social. Además, las viviendas donde están siendo re-localizades no tienen gas, lo que encarece aún más el costo de vida. La suma de los servicios públicos, expensas, impuestos y la cuota del crédito es prácticamente un desalojo. Y si no hay desalojo hay familias muy endeudadas y bajo presión, lo que hace más fácil para los grandes inversores del capital inmobiliario quedarse con los terrenos”, agrega ante la consulta Jonathan Baldivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

Lorena Gómez fue activa en la asamblea, milita en la Corriente Clasista y Combativa y ahora la volvemos a encontrar en tareas organizativas. Ella se define como una “vecina containera”, es decir, de las primeras que se mudaron a las casas-containers. Sabe en carne propia de lo que habla y desmiente incluso la existencia de las famosas escrituras: “Yo hace más de un año que estoy viviendo acá y la escritura no está. Dicen que tenemos que tener un administrador para poder escriturar y un administrador está cotizando fácil 50 mil pesos por mes. Tenemos que pagar la casa, los impuestos, el administrador... Nosotras somos gente humilde y estamos en la lucha. No vamos a permitir que nos rematen porque eso es lo que quieren hacer”, aclara. La “inflación” de gastos en la situación de relocalización (administrador, expensas, servicios) atentan contra la posibilidad de hacer sostenible incluso la hipoteca. “Nos están diciendo: váyanse al conurbano porque acá no pueden vivir”, agrega.

“Desde que hicimos la asamblea feminista estamos más seguras, somos cada día más mujeres y luchadoras. Y seguimos organizadas. No vamos a dejar de luchar para conseguir nuestros objetivos” se planta Maribel Pérez, militante del Movimiento Evita, también capaz de describir al detalle los “trucos” de la urbanización. “Es muy triste lo que hace la Subsecretaría de Integración Social y Urbana, porque nos miente todo el tiempo, pero nosotras ya estamos organizadas, ya sabemos con qué nos quieren engañar. Nos queda claro que no nos quieren ver más en el centro de la ciudad, pero acá vivimos”.

Diagnóstico de asamblea

La asamblea convocada para discutir la urbanización se realizó a fines de agosto en la casa de la Diversidad Trans Villera, donde Martina Pelinco es una de sus anfitrionas, conocida por ser una de las fundadoras del Centro de capacitación y oficios trans travesti villero. La tarde es fría pero el local está repleto, cuelgan banderas de todas las organizaciones, hay micrófono, parlantes y abundan los mates. Convergen organizaciones territoriales, comedores populares, partidos políticos, bachilleratos, colectivos migrantes, colectivos de disidencia sexual, agrupaciones feministas y sindicatos. Esa transversalidad es la que produce parentescos raros, esa transversalidad que el movimiento feminista ha venido cultivando en estos años se actualiza acá y allá como recurso concreto frente a cada situación que exige pensar, decidir, intervenir.

Graciela Duarte, del Movimiento Popular La Dignidad, Corriente Villera, en la asamblea feminista

Lo que se denuncia, en primer lugar, es que el proceso se está haciendo a espaldas de las diferentes instancias de organización barrial. La opacidad en los criterios de asignación de las viviendas y la estrategia de negociación unx a unx es la razón de esa manera de proceder. Se denuncia que no se informa el valor de las nuevas viviendas, y que las viviendas ofertadas son de calidad inferior a las que se pretende desalojar para destruir: “Las paredes parecen de plástico, se escucha todo de una casa a la otra, además que obviamente no se pueden agregar habitaciones o seguir construyendo. No tienen ni las conexiones terminadas. ¿Pensarán que no nos damos cuenta?”, agrega una de las vecinas más jóvenes.

Todes coinciden en que se comenzaron a hacer demoliciones sin los permisos necesarios para avanzar. Hay relatos de amedrentamientos para quienes no aceptan la relocalización, y de discriminación hacia migrantes a quienes se les amenaza con la deportación. “Sí, sí, dicen que nos van a denunciar y deportar a las extranjeras que no aceptamos”, explica Lourdes Paxi, de Kullakas del feminismo ancestral.

La estrategia oficial es un combo de abusos, amenazas, demoliciones intempestivas y estrategias de división entre las familias, entre inquilinxs y propietarixs y entre migrantes y argentinxs. “Meten problemas entre nosotras, nos entrevistan por separado, a una le dicen que su hija no quiere aceptar, al dueño de inquilinato lo amenazan con denunciar, y a las inquilinas le dicen que en una semana se van a quedar sin piezas y a nosotras como migrantes todo peor”, agrega.

Las nuevas viviendas no están preparadas para que puedan continuar con las actividades laborales que van desde la carpintería y la mecánica hasta la herrería, la lavandería y los pequeños comercios de venta. “Endeudadxs y sin trabajo: ¿cómo quieren que paguemos? Es evidente que prefieren que no paguemos y quedarse con los títulos de “nuestras” casas”, dice una de las habitantes antiguas del sector Bajo Autopista. También varias cuentan que a quienes resisten se les corta la luz y se les tira basura en la puerta, como modo de presión y hostigamiento.

Pero el avance de la financierización no termina en la titularización de las viviendas en base a deudas; el proyecto que el gobierno aprobó en la Legislatura dispone además la posibilidad de vender los títulos de las deudas hipotecarias a terceros. De esta manera, lxs vecinxs luego de ser “producidxs” como deudorxs de un Banco o un Fondo de Inversión, no tendrán más “opción” que la venta de esas casas y terrenos. Convertirles en supuestos propietaries es la treta: funciona de hecho como momento que posibilita su despojo. El gobierno, a su vez, argumenta que los terrenos “liberados” por los desalojos, serán vendidos para pagar deuda con organismos internacionales de crédito que sirvieron para remodelar partes ricas de la ciudad, conformando así un circuito que liga en un círculo perfecto de violencia, endeudamiento público, endeudamiento privado y expulsiones.

La urbanización es un proceso que se conquistó gracias a la pelea contra la erradicación de la villa. Esto lo relata Eulogia Ríos, wiphala al hombro, mientras cuenta que ella fue desalojada de la villa 31 por Osvaldo Cacciatore, brigadier a cargo de la ciudad en la dictadura militar y promotor de la erradicación de villas para construir autopistas. Eulogia, hoy con 71 años, activa esa memoria de lucha y su nombre bautiza una nueva organización en la villa. Es ella quien traza la continuidad entre erradicación y esta nueva forma de urbanización, un modo más astuto de la erradicación, ya no por medio de topadoras sino de deudas bancarias.

Mandatos de género: el censo que discrimina

El gobierno de la ciudad está incumpliendo con muchos derechos de las mujeres acá en el barrio. Por ejemplo Lorenza, que estaba sufriendo maltrato por su marido y justo se fue de la casa cuando vinieron a censar y censaron al marido a quien le dieron el título. Desde ese momento surgió la necesidad de tomar el tema desde el espacio feminista, pidiendo un protocolo”, relata Lourdes nuevamente.

“Nosotras queremos los títulos de propiedad a nombre de las mujeres, lesbianas, travestis y trans y los queremos sin deuda”, dicen varias de las militantes como síntesis que surgió de la asamblea. La perspectiva feminista sobre la urbanización no se agota en la denuncia del proceso de titularización en base a deudas, sino que va más allá. También se problematiza y denuncia que los títulos de propiedad que promete el gobierno se otorguen con criterios cis-heterosexistas y que actúen como una forma de re-moralizar las vidas de las mujeres, lesbianas y travestis. De hecho, los títulos se entregan a hombres o a mujeres que viven en familias heterosexuales y con hijxs. Es decir, el modo en que el gobierno contabiliza lxs sujetxs merecedores de una vivienda produce un sistema de castigos para las vidas por fuera de la familia heterosexual.

A las mal llamadas “madres solteras”, que son una mayoría en el barrio, y que son además jefas de hogar, se las relega al final de un orden de merecimientos encabezado por los hombres y por las mujeres de familias heterosexuales con hijxs.

La urbanización de las transnacionales

Estos días la villa 31 y 31 bis volvió a aparecer en los medios, que celebraron la instalación de un local de McDonald’s en uno de los ingresos al barrio (calle Rodolfo Walsh, esquina Gendarmería Nacional), cual bastión civilizatorio. Junto al local del Banco Santander, son presentados como la garantía corporativa de que la urbanización avanza.

“Sí, estamos viendo que en los medios de comunicación ponen de ejemplo el Santander y el McDonald’s, con eso quieren vender que está todo bien. Nos ponen de ejemplo en los medios, promocionan que tenemos un Ministerio de Educación y escuelas modernas, pero en esas escuelas llueve y se rompen cada dos por tres. Ellos dicen que gastaron 800 millones de dólares en el barrio, y si vienen a ver el barrio, acá se nota que esa plata no la pusieron. Usan esa estrategia para vender que la urbanización es exitosa y para que el resto de los vecinxs de la ciudad que están tomados por la meritocracia piensen: ¿qué más quieren estos?”. Parte de la recurrente estrategia oficial incluye catalogar a quienes se quejan como “desagradecides”. “Por eso, a los vecinos de la ciudad les queremos decir: que tenemos derecho a vivir acá aunque no seamos ricos. Lxs vecinxs de la ciudad no saben que el gobierno quiere vender los terrenos, que todxs vamos a ser perjudicadxs y además que sacaron una ley que permite vender nuestra deuda en letras. Nosotrxs tenemos que enfrentarnos al gobierno y también a la estigmatización del resto de lxs vecinxs de la ciudad que piensan que no trabajamos y que queremos vivir gratis”, explica de un tirón Lourdes.

Lesly Rojas, referenta vecinal también de la zona Bajo Autopista, pone la cuestión de la desigualdad tributaria en el centro: “Tenemos entendido que el Santander y el McDonald’s no están pagando servicios y seguro escrituras ya deben tener. Ya se anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo se va a instalar en estos terrenos y va a tener 100 años gratis. Todas estas empresas no van a pagar impuestos ni van a pagar la tierra, ¿por qué nosotrxs sí?”.

Financierización de la vivienda

La villa 31 y 31 bis es un “laboratorio” donde el gobierno de la ciudad ensaya políticas de reconversión urbana. Es también una vidriera que pretende exhibir como éxito de gestión porque allí está en juego de la manera más brutal el avance financiero sobre el suelo y las viviendas. Se trata de una zona estratégica, tanto por estar en el corazón del centro de la ciudad como por bordear espacios logísticos portuarios. “La urbanización de la villa 31 se da en el marco de un plan integral del macrismo de expulsión de los sectores populares y sectores de la clase media y media-baja de la ciudad. Tiene varias aristas: urbanización de las villas para expulsar, gentrificación de la zona sur, reforma del código urbanístico que permite construir departamentos de 19 m2 y hace subir el valor del suelo, desregulación absoluta del mercado de alquileres, venta de tierras públicas, privatización de toda la zona costera y ninguna política de construcción de viviendas” nos dice Gervasio Muñoz, referente de la agrupación Inquilinos Agrupados.

La semana pasada estuvo en Buenos Aires Raquel Rolnik, arquitecta y activista brasileña experta en procesos de urbanización, presentando su libro La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. Conocedora de la villa 31 y 31 bis ya que como relatora especial para el Derecho a la vivienda Adecuada de la ONU la ha visitado en varias ocasiones, nos dice: “Las políticas habitacionales se transformaron en un mecanismo de extracción de ingresos, de ganancia financiera y de acumulación de riqueza. Tenemos que tener en cuenta que la creación de un mercado de hipotecas fue uno de los canales importantes para conectar los sistemas domésticos de financiamiento habitacional a los mercados globales”. El papel del Estado es clave en esto, agrega, porque se ocupa de “destrabar activos territoriales, ampliando las fronteras del mercado”, así convierte asentamientos, ocupaciones y terrenos fiscales en nuevas oportunidades de negocio, a través de mecanismos bien concretos de créditos y desalojo.

La resistencia feminista organizada mapea, denuncia y, sobre todo, sigue alerta. “Este gobierno nos endeuda para someternos, porque no soportan que tomemos las riendas. Cuando vienen de la Secretaría te preguntan quiénes toman las decisiones en la casa y si hablamos mucho las mujeres se molestan. Ahí es donde actúa la asamblea feminista, defendiendo a las guerreras”, dice -a modo de manifiesto- otra vez Lourdes. Las guerreras defienden el derecho a la ciudad y están dispuestas a seguir haciéndolo, porque ¡vivas, libres y desendeudadas nos queremos!.

 

 

 

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