(Desde Santa Fe)
El gobernador Omar Perotti le propuso al presidente de la Nación, Alberto Fernández, un cambio estructural en “la pelea contra el narcotráfico y los delitos complejos” en el territorio santafesino. Le pidió que Santa Fe sea la próxima provincia del país en la que se aplique el nuevo Código Procesal Penal Federal que pone en cabeza del Ministerio Público la conducción de las investigaciones y deja a quiénes hoy operan las causas –y muchas veces las frenan por conflictos de competencia-, como jueces de garantías. El presidente le dijo que sí al pedido del gobernador, según revelaron a Rosario/12 protagonistas del encuentro del jueves en la Casa Rosada. Pero Alberto sorprendió con otra propuesta: le planteó a Perotti que si el sistema acusatorio se pone en marcha en Santa Fe, más que jueces, será necesario nombrar más fiscales federales –y su contraparte, que son los defensores públicos-. Eso acordaron: un cambio de paradigma en el fuero federal basado en principios de oralidad e inmediatez, y la designación de más fiscales federales en la provincia. “Una reforma clave”, la definió el senador Roberto Mirabella, quien ya la había impulsado en el Senado de la Nación en sintonía con Perotti y el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. El gobernador pretende la “rápida implementación” del nuevo Código Procesal para que “los fiscales federales sean los responsables de investigar la criminalidad compleja. Es clave la convergencia de la Justicia federal para dar con estos núcleos criminales que se estructuran en el negocio de la droga”, explicó Sain.
La agenda del presidente y el gobernador fue más amplia que la que trascendió el jueves. La firma del convenio de cooperación en seguridad y la escalada de crímenes en Rosario que copó los espacios mediáticos dejó en segundo plano otros dos asuntos: la necesidad de implementar en Santa Fe el sistema acusatorio en el fuero federal –que planteó Perotti- y la coordinación en “inteligencia criminal”, que acordaron Sain y su colega, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Incluso, el gobernador invitó a Fernández a la provincia para “recorrer los puertos sobre la hidrovía, que es un tema sensible” en el flujo de sustancias ilegales.
“Fue una reunión muy amena”, contó uno de los asistentes. Este diario ya informó que el respaldo presidencial a Perotti ante la ola de violencia en la provincia se tradujo en un claro gesto político: en la reunión participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, más la ministra Frederic y su equipo. Mientras que al gobernador lo acompañaron Sain, el senador Mirabella y el diputado Leandro Busatto.
Ayer, Mirabella dijo que la implementación en la provincia del sistema acusatorio federal es un “tema clave” para “articular una convergencia entre la justicia federal y la provincial” en la escalada de violencia. “Ya lo planteamos en el Senado de la Nación, queremos que el Código Procesal Federal se implemente en Santa Fe. Está vigente en Salta y Jujuy y se decidió que el cambio “sea paulatino y por etapas en el resto del país”. “Queremos que Santa Fe sea la próxima provincia” para que las investigaciones estén a cargo de los fiscales. Es muy importante”, dijo el legislador por LT9.
El pedido de Perotti fue directo acerca de la necesidad de aplicar el sistema acusatorio en Santa Fe. “El presidente estuvo de acuerdo, no sólo es abogado sino que conoce muy bien el problema de la provincia” y planteó que si las investigaciones federales pasaban al Ministerio Público, más que designar jueces, “lo que hay que hacer es nombrar más fiscales federales en la provincia”. Ese fue el acuerdo. Porque hoy, “ante la lentitud de la Justicia federal, el fuero ordinario investiga a narcotraficantes que terminan presos, pero por otros delitos, no por narcotráfico”, opinó Busatto.
En el diálogo sobre el rol del Ministerio Público, Sain le comentó al presidente y al gobernador la actividad de los fiscales federales en la provincia: "Los que trabajan muy bien” y otros sobre los que no tiene el mismo concepto. En el primer grupo ubicó a los fiscales federales de Santa Fe, Walter Rodríguez y Gustavo Onel, a quienes ya elogió en público por su “compromiso en las investigaciones del narcotráfico” y delitos complejos en el centro norte de la provincia. Incluso, el ministro puso como ejemplo de esas pesquisas la causa en la que Rodríguez acusó a toda la cúpula de la Policía Federal en Santa Fe por supuesta “asociación ilícita” destinada a recaudar fondos ilegales. Los imputados son el ex jefe de la delegación local Marcelo Lepwalts, su segundo Cristian Bogetti y otros cuatro efectivos que estaban a su mando. Según el fiscal, los seis federales operaron con “una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales mediante la comisión de delitos indeterminados”, durante casi un año y medio, entre marzo de 2018 y mayo de 2019. Las indagatorias en esta causa se realizarían en el mes de febrero.
