Fiscalía tiene 15 acusados por delitos de cuello blanco

"La culpabilidad fue acreditada"

La megaestafa inmobiliaria, con profesionales, empresarios y sindicalistas involucrados, está cerca de ir a juicio oral
Imagen: Andres Macera

"La que gana es la sociedad en el esclarecimiento de los hechos", dijo la fiscal Valeria Haurigot sobre la megacausa por estafas inmobiliarias que está encaminada hacia el juicio oral y público, con 15 acusados en el banquillo, por delitos de "cuello blanco". Antes de la feria judicial, en el último día hábil de actividad en el Centro de Justicia Penal, un tribunal admitió las imputaciones contra la banda y validó la investigación que llegará a debate judicial en el transcurso de este año, donde se espera que desfilen unos 500 testigos. Por mayoría, los jueces de la audiencia preliminar le dieron la razón a los fiscales que iniciaron el expediente en 2016. "Estamos conformes y confiados: la culpabilidad, para nosotros, está acreditada", sumó Haurigot.

La causa se destapó en octubre de ese año como una megaestafa inmobiliaria con profesionales y empresarios involucrados. Por esos días, el fiscal Sebastián Narvaja ordenó la detención de una decena de implicados y los acusó por haberse apoderado de diferentes tipos de inmuebles de manera irregular. Con el tiempo todos fueron recuperando la libertad. El hecho más resonante tuvo que ver con la compra-venta de un campo de 124 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista (fallecido) Ernesto Navarro, cuya primera venta se realizó con un poder apócrifo y luego fue pasando de mano entre los sindicados "para meterlo en el circuito legal" y darle "apariencia de legalidad". La maniobra fue similar con otra media docena de inmuebles.

Meses después, Fiscalía presentó una acusación en la que solicitaba penas y multas por sumas millonarias contra los sindicados. Así, profesionales, empresarios y prestanombres llegarán a juicio este año, ya que en la audiencia preliminar los jueces Gonzalo López Quintana, Héctor Núñez Cartelle y José Luis Suárez (quien marcó algunas disidencias) avalaron las acusaciones y la investigación de los fiscales Narvaja y Haurigot. De todos modos, se espera que la decisión sea apelada, pero sin que eso impida que el juicio sea este mismo año. Además, está pendiente una resolución de la Corte provincial sobre la competencia del delito de lavado de activos.

Según la imputación que quedó formalizada tras varias jornadas de audiencia, las penas incluyen pedidos de multa con sumas abultadas e inhabilitaciones especiales para los profesionales implicados. "La audiencia (que se extendió por varias jornadas) fue incidentada, porque las defensas no plantearon una sola teoría de descargo. Siempre la estrategia (de defensa) fue que la Fiscalía estaba ensañada", dijo Haurigot, quien planteó que la resolución "probablemente se apele y luego faltará hacer el ofrecimiento de prueba para ir a juicio oral".

La fiscal se manifestó "conforme" con que los jueces validaran la configuración acerca de cómo se desarrollaba el delito. "Esta causa es un avance en un modelo de investigación de cara al futuro, en base a constancias formales", señaló. "El tema es la tolerancia de la sociedad para el delito de cuello blanco, que es mayor, porque algunas personas lo ven como un mal negocio", planteó.

El escribano Eduardo Martín Torres; el vendedor de autos Juan Roberto Aymo; el sindicalista Maximiliano González de Gaetano; el contador y dueño de una clínica de implantes dentales Marcelo Jaef; y el empresario Leandro "Lelo" Pérez, son quienes aparecen más comprometidos en la acusación. En la misma, se habla incluso de vínculos con el crimen organizado en el marco de delitos federales, que no fueron imputados, pero sí expuestos para reforzar la acusación.

En el caso, también aparecen Ramona Rodríguez, el escribano Juan Bautista Aliau (sobreseído en un delito menor, en relación a la ley penal tributaria), su colega Luis María Kurtzemann, Juan Cruz González de Gaetano, Magalí González de Gaetano, Sandra Moresco, Vanina Viglione, Andrés Martín, el comerciante Omar Buscellato y el escribano José Luis Gordó, entre los últimos implicados en la causa.

La imputación incluye los delitos de falsificación de instrumento público, estafa y lavado de dinero, entre otros. En tanto, algunas de las causas que serán ventiladas en las audiencias de juicio, que se extenderán por meses, son la venta de terrenos y viviendas conocidas como caso Luppi, caso Morelli, Lacava, Giménez, Coman, González y Achaga. 

En la megacausa ya fueron condenados en juicio abreviado dos implicados con menor participación: Jonatan Javier Zárate y Nicolás Aymo; mientras que el año pasado también se dio un cambio en la política de persecución impulsada por parte del fiscal regional Patricio Serjal, quien planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.

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