Luego de pasar cuatro meses detenida en su casa, la Cámara Penal le dio la libertad a Gabriela B., la mujer que sufrió violencia de género desde el inicio de su relación con Donato Méndez, y ahora está imputada por su homicidio. Con 40 años, no sabe leer ni escribir y tiene tres hijos pequeños de su agresor. Pese a que estuvo en prisión algunos días, luego pudo obtener el arresto domiliciario para cuidarlos. Desde septiembre, está acusada por el crimen que investiga el fiscal Adrián Spelta, quien pidió la prisión preventiva, a pesar de que en los últimos años ella denunció nueve veces a Méndez, la Justicia de Familia intervino dos veces y el caso fue aboradado por los dispositivos de la Municipalidad. Frente a ello, desde el inicio de la investigación, la Defensa Pública pide que se investigue con perspectiva de género. Cuando quedó presa, el año pasado, intervino en el caso el Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los derechos de las mujeres (Cladem), que habló de "violencia institucional en la decisión judicial". 

Méndez murió en diciembre de 2018, luego de haber golpeado con el mango de un cuchillo a uno de sus hijos pequeños, en su casa del barrio Qom. Gabriela quiso defender al niño y el agresor también la golpeó a ella. El hijo más grande de la mujer intervino para socorrerla, pero Spelta acusó a ambos por homicidio calificado, pese a las circunstancias en las que sucedió el hecho y a que la imputada negó haberlo matado. 

La investigación dejó al descubierto que la vida de la mujer estuvo atravesada por el calvario y el padecimiento, la violencia y el sometimiento, desde muy temprana edad. Cuando era pequeña fue abusada por su padre durante buena parte de la niñez, quedó embarazada y tuvo a su primer hijo a los 12 años.

La apelación de ayer tuvo que ver con que, por la misma imputación, su hijo mayor obtuvo una libertad con restricciones, pero en diciembre pasado la Justicia le negó a ella el mismo beneficio, cuando pidió salidas para llevar a sus hijos a un predio deportivo, dos veces por semana y a un centro de salud. La diferencia en el trato de los co-imputados "afecta el derecho de igualdad ante la ley", dijo en la audiencia el defensor Martín Riccardi.

Con todo, ayer logró lo que tanto esperaba y era reclamado. La libertad que le otorgó el camarista Javier Beltramone incluye una presentación semanal ante la Oficina de Gestión Judicial, no alejarse de la ciudad y mantener la tobillera electrónica.

Historial. La violencia a la que Méndez tenía sometida a Gabriela incluía los meses de embarazo. El primer registro de su historia en el dispositivo de atención municipal data del 15 de setiembre de 2016 y desembocó en una denuncia por violencia de género en el fuero de Familia. "Es una mujer atravesada por múltiples situaciones de vulnerabilidad que la defensa intenta visibilizar en el proceso a fin de desincriminarla. Su historia de violencia modificó su subjetividad y actualmente tiene dificultades para las actividades cotidianas", relató en su momento la defensora pública que tomó la causa, María Laura Maenza. "Para nada es un hecho como lo está planteando la Fiscalía: hay un claro marco de violencia de género probado por múltiples circunstancias, las denuncias hechas, el relato de los vecinos, lo que cuentan los niños. Ella declaró que a la hija de un año y cuatro meses el papá la golpeaba de tal forma que cuando lloraba la ahogaba bajo el agua caliente", dijo por esos días. Además, indicó que Méndez "la obligaba a prostituirse, la molía a palos si se negaba. El único vínculo que tiene es con sus hijos. Toda la familia era víctima", aseguró.