El intendente Enrique Martínez (PV) decidió dejar sin efecto el pase a planta permanente de 130 trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Rosario de Lerma considerando las designaciones hechas el año pasado, por su antecesor, el ahora diputado provincial Ignacion Jarzún, como "actos administrativos ilegítimos". El delegado de ATE, José Galleguillo, dijo que las notificaciones comenzaron a llegar desde el viernes y que además implicaban cesantías. Solo algunos empleados fueron pasados de nuevo a contrato. El gremio espera una reunión con el ejecutivo este viernes.

Galleguillo informó a Salta/12 que junto al secretario del interior de ATE, Raúl Loaiza, se reunieron el lunes de esta semana con el secretario de Gobierno municipal, Luciano Martínez. Este funcionario se habría comprometido a revisar la situación de los despedidos. "Nos pidió los nombres de la gente y dijo que quienes tienen buen legajo y 12 años en adelante de antigüedad volverían a ser contratados", contó Galleguillo. El delegado expresó que esperan arribar a una solución mediante el diálogo antes de tener que recurrir a medidas de fuerza. Afirmó que no están de acuerdo con que se haya retrotraído la condición laboral de quienes están siendo pasados de planta permanente a contrato de vuelta, ni con los despidos.

El intendente dispuso dejar sin efecto las designaciones en planta permanente a partir de enero. La notificación dice que esas designaciones "lesionaban seriamente normas administrativas pues contienen vicios groseros que las hacen inaplicables", además asegura que no contaban "con cuadro de cargos vacantes ni los informes contables necesarios, ni disponibilidad financiera presupuestarias habilitadas al efecto".

Galleguillo contó que también fue despedida una compañera del gremio, Carolina Muñoz, quien es delegada y "tendría que gozar del amparo legal". La trabajadora se desempeñaba como administrativa en el municipio desde hace 4 años "le dijeron que su relación laboral se daba por finalizada el lunes".

El delegado aseguró que "después del diálogo con el Ejecutivo, está volviendo la gente de forma progresiva a trabajar como contratados. Se les comunicó vía telefónica para que se presenten a trabajar porque no iban a estar garantizados servicios básicos como la recolección de residuos".

Galleguillo detalló que la mayor parte de afiliados cesantes que tienen en el gremio se desempeña en la obra pública, pero también en la administración en las áreas de cultura, rentas, la oficina contable, acción social y deportes.

El pase a planta permanente se había realizado de agosto a diciembre del año pasado. Galleguillo dijo que esa condición llegaba para algunos luego de 16 o 20 años de trabajo con contrato. ATE decidirá hoy cómo seguir según la respuesta que reciba del Ejecutivo municipal.

Emergencia en materia ocupacional 

Martínez planteó que la intendencia de Jarzún nombró a estas personas en planta a pesar de que "era improcedente tal designación" porque no había cargos vacantes. Esto "pone de manifiesto la necesidad de una verdadera reforma de la financiación local que garantice un escenario de estabilidad económica" y corresponde por lo tanto "enmendar tanto despropósito administrativo y dejar sin efecto los actos administrativos ilegítimos", sostuvo.

La decisión del jefe comunal también usa como justificativo la "emergencia económica", a nivel provincial, nacional y también municipal. Sostuvo que corresponde la "contención del gasto público a los fines de mantener el equilibrio fiscal. Esto lleva a disponer medidas como la suspensión de varios sectores para que no afecten las áreas municipales y evitar crear un registro de proveedores municipales o servicio prestado y monto adeudado en estos puntos".

"El rol del estado municipal tiene entre sus principales funciones, garantizar los servicios esenciales a la comunidad pero la profunda crisis financiera afecta el normal desarrollo (de éstas) y de las tareas administrativas (...) Siendo que asumimos el compromiso de aunar los esfuerzos entre el Poder Ejecutivo en aras del bien común, el desarrollo económico y social de nuestro empobrecido municipio es nuestra obligación iniciar un proceso preventivo de crisis e ir reconstruyendo en su totalidad, dado que nos va a llevar meses lograr el equilibrio correcto", sostiene la resolución municipal.

El intendente adujo que desde el cambio de gestión en la Municipalidad "quedó una deuda muy evidente" por la cual tuvieron que pedir a la Provincia un adelanto de la coparticipación. "El municipio afronta severas dificultades, es necesario declarar la emergencia pública en materia ocupacional a los fines de atender de manera inmediata y por un plazo razonable la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral", argumentó.

Sin embargo, tras señalar que "las medidas de apoyo a la inversión local tomadas por parte del gobierno (provincial) son insuficientes", el propio intendente reconoció que "no parece fácil una solución basada solo en la austeridad y los recortes de gastos mientras no se confirme la salida de la recesión económica".