Exjefe de policía de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez

Imputado por incumplir órdenes

Se lo acusó de "incumplir de modo deliberado los deberes a su cargo" en alusión a la custodia de edificios judiciales.
La fiscal Aguirre lo acusó de contravenir unilateralmente una orden superior.La fiscal Aguirre lo acusó de contravenir unilateralmente una orden superior.La fiscal Aguirre lo acusó de contravenir unilateralmente una orden superior.La fiscal Aguirre lo acusó de contravenir unilateralmente una orden superior.La fiscal Aguirre lo acusó de contravenir unilateralmente una orden superior.
La fiscal Aguirre lo acusó de contravenir unilateralmente una orden superior. 
Imagen: Andres Macera

La jueza Valeria Pedrana consideró que hubo una "intención manifiesta de incumplir" la orden de custodiar edificios judiciales, por parte del exjefe de policía de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, el 13 de diciembre pasado. El ahora policía retirado fue advertido en aquel momento por el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, de que si no reestablecía el servicio, la cosa se iba "a poner picante". La fiscal Paola Aguirre lo acusó de "contravenir unilateralmente una orden superior", al relevar al binomio de agentes de los edificios judiciales para enviarlos a realizar tareas de control en la zona del Paseo del Siglo, al operativo Felices Fiestas, que entraría en vigencia recién el 16 de diciembre. Por su parte, el exjefe -que seguirá el proceso en libertad- se defendió y dijo que los lugares "nunca quedaron sin custodia", ya que había personal de otras reparticiones. La pena en expectativa sería de multa e inhabilitación. 

El caso que se conoció a mediados de diciembre pasado tuvo que ver con la decisión del ahora imputado sobre las custodias ordenadas en 2018, tras la seguidilla de ataques a edificios del Poder Judicial. "Se le atribuye haber ordenado -a las 13.30 del 13 de diciembre, desde la ex Jefatura de Rosario y en calidad de jefe de la URII- de modo verbal la reasignación de la brigada de Orden Urbano que estaba en el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público de la Acusación y de los Tribunales provinciales, especificando que sean destinados al servicio Felices Fiestas, pese a la orden vigente emanada por el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, desde el 5 de agosto de 2018, ante los numerosos atentados", dijo la fiscal Aguirre, quien lo acusó de "incumplir de modo deliberado los deberes a su cargo"; lo que entendió como un hecho "grave", frente al cargo que ostentaba el acusado.

Entre la evidencia, la funcionaria judicial mencionó una decena de elementos que dieron cuenta de la cadena de mando y cómo "bajó" la orden de Gómez aquel día, cuando el servicio de custodia se interrumpió durante unas diez horas. Entre los testimonios se tomó el del ministro Sain. "No solo porque él mismo se puso a disposición, sino porque fueron de público conocimiento las comunicaciones que existieron entre Sain y Gómez. El ministro reconstruyó cómo tomó conocimiento acerca de que se habían levantado las custodias", dijo la fiscal. El audio de WhatsApp, con aquel reto a Gómez, fue conocido por aquellos días: "Le ordeno que de manera inmediata restituya la custodia en los edificios públicos en el término de una hora. Si no lo hace, mañana usted va a ser denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y si ocurre algo en este período de tiempo, las consecuencias para usted van a ser más graves desde el punto de vista penal. Le aconsejo que cumpla con su deber porque usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando nada con nosotros, con la conducción política y policial, respecto de lo que tiene que ver y hacer para llevar adelante el cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso, porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante. Haga lo que tiene que hacer". Gómez respondió por escrito: "Buenas noches ministro. Ya está establecido". La contraorden del exjefe llegó pasadas las 23, cuando mandó cuatro móviles a custodiar cada esquina.

La fiscal también mencionó que se tomó conocimiento de que "unos días antes (del relevo del personal), el 11 de diciembre, momento en que se produce el cambio de gobierno provincial y asunción de nuevas autoridades, se presentó un testigo manifestando que se encontraba contratado para atentar contra el Centro de Justicia Penal, otros edificios y fiscales, por lo que el Ministerio Público de la Acusación se puso en comunicación con la Justicia Federal", dijo. Tras la audiencia, desde el MPA aclararon que ese episodio fue investigado, se tomaron algunas medidas, y en ese momento no arrojó datos en relación con los dichos.

A su turno, la defensa de Gómez, el abogado José Nanni, cuestionó la imputación de intencionalidad y hablo de "falta de dolo" de parte de su cliente. Gómez pidió la palabra y aseguró que los edificios "nunca quedaron sin custodia", ya que -según su relato- había personal de otras reparticiones. También indicó que “tenía facultades para reasignar la custodia”, y que tenía "recursos policiales limitados". En su momento, se indicó que la decisión tuvo que ver con que las nuevas autoridades no se habían contactado con él.

La Fiscalía respondió que entiende que se trata de un delito de omisión, porque "hay intención de no cumplir una orden". Finalmente, la jueza Pedrana validó la imputación como un hecho intencional y consideró que Gómez "sabía que no podía incumplir una orden" y que "si no hubo aviso de cambios, la Policía debía seguir cumpliendo las órdenes". 

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