“Lo que planteamos es que achiquen el déficit que generan y se acerquen más a la comunidad”, aseguró este martes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al ser consultado sobre la reforma del sistema previsional para el sector judicial. El funcionario señaló que cada jubilado judicial genera un déficit de 100 mil pesos que debe cubrir el Estado porque los aportes del sector no son suficientes para equilibrar las cuentas. En cuanto a la posibilidad de una reforma del sistema jubilatorio general, que incluya un aumento en la edad de retiro, señaló que es un debate que podrá plantearse más adelante “en calma y con tiempo”. Por otra parte, el ministro confirmó que a fines de marzo o principios de abril se llamará la Consejo del Salario Mínimo para discutir el piso de ingresos para este año.

El Gobierno envió el viernes al Congreso una ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, regímenes con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos mensuales, que equivalen a un costo presupuestario de 25.000 millones por año. El primero en manifestar su disconformidad fue Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, quien defendió el monto de esos haberes como una “protección”. “La intangibilidad de nuestros ingresos es para garantizar la independencia de los jueces”, defendió el magistrado.

En declaraciones radiales, el ministro de Trabajo aclaró que el proyecto de ley “mantiene un régimen especial para jueces, pero con parámetros un poco más normales”. “Siempre planteamos que los sistemas de reparto son solidarios y deben redistribuir la masa de recursos hacia los sectores de más bajos ingresos”, afirmó Moroni.

De acuerdo con los cálculos que hizo su dependencia, el régimen actual de los judiciales requiere que el Estado le dé 100.000 pesos por cada jubilado. “Lo que tratamos es de ir reduciendo ese déficit mediante una modificación parametral. En lugar de tomar el último salario para computar el 82 por ciento móvil, tomemos los últimos diez años, lo cual tiene mayor relación con el verdadero esfuerzo contributivo”, consideró el ministro. “No todo el mundo contribuye sobre el salario más alto, que suele ser el último, sino sobre todas las categorías. Eso es lo único que estamos planteando, además de algunos años más en el ejercicio del cargo”, explicó. “Mandamos el proyecto porque creemos que es el lógico”, indicó. En referencia al mecanismo de actualización, recordó que se establecieron dos comisiones con participación legislativa que serán las encargadas de definir cuál será ese esquema en el nuevo régimen de judiciales. 

Por otra parte, Moroni fue consultado sobre una eventual reforma del sistema de jubilaciones general. El ministro no la descartó, incluso para sumar en ese debate aumentos en la edad de retiro, pero aclaró que no es una cuestión de este momento y que cualquier cambio debería hacerse de manera paulatina. “En algún momento la discusión la vamos a tener que dar. Estas edades vienen de hace muchos años y las expectativas de vida van creciendo. La realidad es que la expectativa que tenemos crece todos los años, con lo cual los sistemas jubilatorios se van a tener que ir adaptando a esto porque si no va a ser insostenible”, afirmó Moroni. “Pero las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas en calma y con tiempo. Tienen que ir sucediendo en el tiempo, porque son cosas pesadas de mover. Hay que pensarlo bien, para no llegar a un punto en que se vuelva insustentable”, concluyó.

Al ser consultado por la discusión salarial del sector privado, afirmó que entre marzo y abril se llamará al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por último, confirmó que existe un repunte en la actividad en el sector alimenticio, producto de las medidas tendientes a apuntalar a los sectores de menores ingresos –con mayor propensión a consumir- y auguró que otras actividades se irán recuperando. “No queremos ser falsamente optimistas”, aclaró. Finalmente, justificó el fin de la doble indemnización en junio por "la mejora que estamos viendo en materia de empleo, donde hay más altas que bajas y las empresas ya no piden tantos Repro como antes", en referencia a la asistencia del Estado para evitar despidos. "Ha parado la locura que vimos el año pasado", enfatizó. "La doble indemnización fue una situación de excepción para un momento, casi psicológico, en que todo el mundo estaba desarmando las empresas", justificó.