El lapidario informe de Claudio Lozano- director del Banco Nación- expone con claridad la maniobra fraudulenta urdida por la cerealera Vicentin. Ahí demuestra la connivencia de funcionarios y directivos del Banco Nación y la participación del mismísimo ex presidente Mauricio Macri como cendal cobertor de esta gigantesca estafa al pueblo argentino. Esto es así. Este desfalco demuestra palmariamente cómo la corrupción unida a la inoperancia administrativa son una marca indeleble de cómo gobierna la derecha; que hasta aquí solo ha sido efectiva para hacerle creer a un porcentaje de la población- con blindaje mediático servido a la carta- que el mal administrador es el Estado, no ellos. Es la escopeta tirándole al pato.
Vicentin debe convertirse en una empresa pública con mayoría estatal y control social lo más rápido posible. Esa es la mejor forma jurídica para proteger los sanos intereses de la república y del pueblo que la compone. Lo cual significa poder preservar los 4000 puestos de trabajo, la cobranza de los pasivos estatales (alrededor de 350 millones de dólares) y que la recaudación impositiva siga fluyendo a las arcas públicas, con más cuantía y mejor transparencia. A más de intervenir virtuosamente para romper el monopólico del mercado de alimentos (aceite y carnes).
¿Por qué decimos pública y no estatal? Porque lo público es de todos/as y lo cuidamos entre todos/as. Para y por eso su directorio debe estar integrado por representantes del Estado, de los trabajadores, de los consumidores, de los productores y auditada por una universidad pública. Lo estatal -también- es de todes, pero suele no cuidarlo nadie y termina siendo botín fácil de los privatistas. Una empresa solo estatal está siempre a tiro de decreto, o que la derecha coopte algún funcionario infiel que la termine administrando en beneficio de la competencia con la fachada del Estado. Lo público con control social es más difícil de apropiarse, como hay muchos ojos mirando y muchas voces y manos metidas en la empresa, la alerta temprana -la que despierta la lucha- funciona más efectivamente. La opción pública debe necesariamente ir articulada a un reglamento claro y preciso acerca de cómo debe ser la integración de su directorio. Los directores no deben poder perpetuarse en su silla. Debe haber límites expresos e inviolables a la duración de los mandatos y no hay reelección para nadie y en ninguna circunstancia. Es la forma de evitar el enquistamiento que se transforma en connivencia espuria con intereses propios y ajenos. Hay que precaver ese tipo de peligro. Control social y político, auditoría pública, y límites a los mandatos, es una excelente forma de acotar los riesgos de corrupción y la mejor manera de evitar que lo público nunca gane y siempre ponga, y lo privado nunca pague y siempre gane.
La opción privada es la más desaconsejable de todas. Primero, porque en esta particular situación de Vicentin, debido al gran tamaño de la empresa y la crisis en que está inmersa, cuando hablamos de opción privada, no es que hay muchos oferentes, tiene solo uno que se llama Glencore. Esta es una empresa transnacional con la cual Vicentin ya tiene una alianza comercial publica y no (o si) sabemos hasta qué punto este gigante de origen suizo es ajeno a la maniobra defraudadora. No hay otra opción en la órbita privada que transferirle la empresa a Glencore, o desguazarla y venderla por pedazos. Esto es saltar del sartén al fuego. Hasta ahora el vocero privatista más connotado defensor de esta opción es el ministro de la Producción santafesino, Daniel Costamagna, un ex funcionario del ex gobernador Carlos Reutemann, afín al macrismo que ha dicho: “El sector privado es más adecuado para administrar la firma”. ¡Menos mal! Y agregó: “Es muy complejo administrar una empresa con estas características, con una diversificación productiva enorme, que tiene 5 o 6 rubros productivos como carnes, pellets, bioetanol, biodiesel, algodón y aceite entre otros”. ¿Cuál es la “diversificación productiva enorme” que marca el ministro? El mismo se responde: son “apenas” 5 o 6 rubros, cuasi primarios y todos concatenados. ¿De qué complejidad habla ? ¿Qué dificultad administrativa o comercial puede tener para una empresa pública comprar soja, molerla (o no) y cargarla en un barco, o matar una vaca, faenarla y ponerla en una cámara? ¡Por favor, si no podemos hacer eso disolvámonos como país! ¿Qué tiene eso de formidable y complejo? ¿ Cuál sería el “enorme” obstáculo de comprar fibras de algodón o moler girasol y soja para sacar aceite? ¡Ninguno! Y menos para un Eestado como el argentino, que administra una empresa como YPF o pone dos satélites en órbita. Eso sí es complejidad y sin verso. Somos uno de los ocho países en el mundo que dominamos esa tecnología y ¿no vamos a poder comprar granos y cargarlos en un barco o sacarle “algún jugo”? Es cuestión de voluntad política, no hay complejidad allí, si una mirada sesgada desde lo ideológico.
Lo que sucede es que la derecha no tiene ningún argumento solido para oponerse a algo tan elemental como es la necesidad del Estado argentino de contar con una empresa testigo -entiéndase bien testigo- que le permita monitorear el negocio de la soja, de los puertos, de las carnes y el aceite. La transformación de Vicentin en empresa pública no significa el control total, ni el monopolio del comercio exterior, es solo y apenas su monitoreo, poder tener un punto de referencia real, concreto de cuánta soja cargan en los barcos, cómo lo pesan, cuánto aportan al fisco. Posibilita -además- tener una porción importante en el mercado de los aceites comestibles, que en los últimos cuatro años aumentó un 530 por ciento. Un rubro donde somos productores de la materia prima, la molemos, la envasamos, la transportamos todo en pesos y dentro del territorio nacional, y la exportamos en dólares, pero por obra y gracia de estas empresas dominantes se convirtió en un artículo de lujo en la mesa de los sectores populares. O el Estado controla e interviene a estos monopolios, o estos se llevan puesto “lo que queda” de bienestar del pueblo argentino, más la esperanza de vivir mejor, con la democracia incluida.
No hace falta ser vidente para adivinar lo que va a decir el neoliberalismo vernáculo si toma la dirección de transformar Vicentin en una empresa pública. El ataque de los medios monopólicos será inclemente, tratarán de inocularle a la sociedad que entramos en una especie de chavismo tardío, o queremos volver al IAPI o la Junta Nacional de Granos, nada de eso es posible, ni verdad. Vicentin pública es un instrumento valiosísimo para husmear -solo husmear- los negocios de estos gigantes, que poco y nada tributan y se llevan -casi gratis- toda nuestra riqueza. Con el agregado de otros varios beneficios adicionales para el país y poco evaluados como son: a) nos permitiría anclar un precio de mercado real para nuestros granos y mejorar el ingreso de los productores, b) Pesar correctamente el volumen de nuestras exportaciones, ¿qué pavada, no? Pero no es ninguna nimiedad, los márgenes de impunidad comercial de la que gozan estas exportadoras son altísimos. Son un terreno más que fértil para blanquear soja o dinero u organizar maniobras de sobre y subfacturación, c) Vicentin pública también nos permitiría conveniar con las universidades públicas para crear una escuela de profesionales y peritos en comercio internacional que prepare cuadros técnicos al servicio de la patria y no de las multinacionales. Todo esto más que chavismo es dejar de ser tan giles.
Queda muy poco tiempo para intervenir correctamente en Vicentin, es ahora o la situación se agravará, y las amenazas de extranjerización y/o desguace aumentarán imprudentemente. Glencore se relame y el Estado argentino la plata ya la puso. La opción privada solo beneficia a una minoría parasitaria, la opción estatal pone en riesgo el futuro de la empresa. La opción pública es benéfica para todos/as. Es por ahí, no por otro lado.
Ex director de Federación Agraria Argentina (FAA)
