Transición que no termina

Una jornada cargada de conflictos en la capital salteña

Cuando parecía que el cimbronazo del recambio ya había sido superado, reaparecieron los conflictos. En simultáneo hubo cortes en el ingreso al Vertedero San Javier y encadenados reclamando por sus despidos.
Trabajadores del Hospital de Mascotas encadenadosTrabajadores del Hospital de Mascotas encadenadosTrabajadores del Hospital de Mascotas encadenadosTrabajadores del Hospital de Mascotas encadenadosTrabajadores del Hospital de Mascotas encadenados
Trabajadores del Hospital de Mascotas encadenados 

Una vez resuelto el conflicto por la Cooperadora Asistencial y la continuidad de sus trabajadores, parecía que llegaban tiempos más calmos para la gestión municipal, pero reaparecieron los conflictos.

La jornada de ayer amaneció convulsionada para la gestión de la intendenta Bettina Romero. A primera hora, tres trabajadores del Hospital de Mascotas, acompañados por los gremios municipales Sindicato Municipal de Salta (SIMUSA) y la Agremiación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS), se encadenaron en la puerta del establecimiento reclamando por su fuente laboral y la de siete personas más.

El secretario general de ADEMUS, César Molina, confirmó a Salta/12 que había tres personas encadenadas y dos en el techo haciendo huelga de hambre en protesta por la no renovación de los contratos de 10 trabajadores del hospital veterinario.

El dirigente agregó que no es el único organismo en el que se vieron afectados sus trabajadores. Aseguró que son al menos 25 que estaban contratados bajo la modalidad de agrupamiento político y cumplían funciones en el Centro Cívico Municipal, en la dirección de Tránsito y en el centro de Salud Animal.

“Pero también hay muchos que fueron contratados temporariamente en el balneario Xamena y que tampoco continuarán”, añadió. Indicó que en total son unas 50 personas desafectadas.

Molina además aseguró que “ninguno de estos trabajadores era ñoquis, todos son trabajadores que cobraban menos de $20.000 por mes para mantener a sus familias”.

En tanto, Rodrigo Zambrano, uno de los encadenados, dijo a este medio que él, junto a las otras nueve personas que quedaron sin trabajo, ingresaron en la última camada de trabajadores que tomó la gestión Sáenz en octubre de 2019.

“Entramos como hijos de jubilados o fallecidos municipales, cumplimos funciones de operarios y auxiliares de veterinarios”, manifestó Zambrano.

Este operario cobraba $11.500 por mes y cumplía una jornada de 6 horas. Había ingresado con contrato hasta el 10 de diciembre con nombramiento del ex intendente y actual gobernador Gustavo Sáenz.

A partir de la asunción de la nueva gestión, sus contratos se prorrogaron hasta el 31 de enero, pero Zambrano aclaró que los meses de diciembre y enero cobraron sus haberes sin haber percibido los aportes de obra social ni jubilación, “es decir, estábamos en negro”.

Recién 11 días después de haber caducado la prórroga les informaron de manera verbal que no serían tenidos en cuenta, “ni siquiera sabemos si vamos a cobrar esos 11 días de febrero”, dijo Zambrano.

Los trabajadores en huelga de hambre exigen ser atendidos por un funcionario municipal, “queremos que nos escuchen, sólo queremos seguir trabajando para sostener a nuestras familias”, concluyó Zambrano.

Matías Patgua, secretario gremial del SIMUSA, afirmó que alrededor de 50 personas fueron desvinculadas por esta gestión municipal y “muchas de ellas llevaban más de 10 años contratadas”.

Protestas en el ingreso al Vertedero

En tanto, vecinos de los barrios Justicia y Primera Junta bloquearon el acceso al Vertedero San Javier cansados por el mal estado de las calles y reclamando desmalezamiento. Denunciaron que debido al deterioro de estas vías de acceso, desde hace tiempo no ingresan colectivos, policías, ambulancia ni remises.

También se quejaron por la inseguridad que se vive en la zona.

Por el bloqueo, los camiones de la empresa Agrotécnica Fueguina no pudieron descargar en el Vertedero y se suspendió la recolección de residuos.

Jorgelina Franco, vecina del barrio Justicia, dijo que el reclamo ya lleva más de tres semanas “cuando se nos suspendió el recorrido del colectivo por el estado de las calles, con todo lo que eso implica para trasladarse entre los barrios Justicia y Solidaridad para poder tomar un colectivo”.

Franco confirmó que atraviesan más de 10 cuadras, muchas de ellas de descampado en donde ya hubo antecedentes de robos y violaciones, por lo que no quieren estar expuestos a esas situaciones.

A su vez, añadió que “este reclamo viene de hace años y que la anterior gestión nunca les dio una respuesta”.

“Mantuvimos reuniones en el Concejo Deliberante y con el señor Francisco Agolio (ex secretario de obras públicas municipal durante la gestión de Gustavo Sáenz). Se nos había designado un presupuesto específico de $7 millones para solucionar los problemas de esta zona y todo ese dinero se desapareció”, sostuvo la vecina indignada.

En horas del mediodía el secretario de Ambiente y Servicio Públicos, Aroldo Tonini, se comprometió a dar una solución al reclamo e indicó que ya se habían enviado las máquinas para nivelar y enripiar las principales calles.

“Hay una importante cantidad de pedidos en esta época, estamos tratando de atender todos los frentes”, dijo el funcionario. 

Recién pasadas las 22 de anoche, los vecinos levantaron el corte y de esta manera la recolección de residuos que se había visto afectada por esta medida volvió a la normalidad.

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