La Corte Suprema de Santa Fe avaló la investigación del delito de lavado de activos por parte de la Justicia provincial, dando luz verde al avance en ese sentido a la causa en la que se investiga a una asociación ilícita integrada por profesionales, sindicalistas y empresarios que se apoderaba ilegalmente de inmuebles.

Si bien la decisión de la Corte refiere puntualmente a una megaestafa con inmuebles, de los cuales se apropiaban con la colaboración de escribanos e incluía el lavado de los activos, la resolución sienta un precedente muy relevante para que los fiscales puedan indagar sobre los bienes de miembros de bandas criminales que se presumen obtenidos bajo el ejercicio de la violencia y el comercio de drogas prohibidas. Este es un aspecto muy relevante en el contexto de la situación que viven Rosario y la provincia.

En lo formal, la Corte rechazó un pedido de inconstitucionalidad de los imputados Maximiliano, Magalí y Juan de la Cruz González De Gaetano; Sandra Moresco; José Luis Gordo; y los escribanos Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann, quienes objetaron que los imputaran por lavado de activos por entender que se trata de un delito de competencia exclusiva de la Justicia federal.

Tanto en primera instancia la jueza Mónica Lamperti cuando aceptó las imputaciones que hicieron los fiscales, como posteriormente el camarista Daniel Acosta en instancia de apelación, ambos habían rechazado las pretensiones de los defensores de los imputados. Acosta les concedió la posibilidad de recurrir en queja a la Corte, pero el máximo tribunal no lo admitió.

La resolución de la Corte tiene como columna vertebral el voto del juez Daniel Erbetta, experto en materia penal, al que adhirieron los otros cinco jueces del tribunal con alguna ampliación en el caso de María Angélica Gastaldi. En el mismo sentido había dictaminado el procurador Jorge Barraguirre.

Uno de los pasajes centrales del fallo de Erbetta sostiene: "...lo dirimente para determinar la competencia será la naturaleza de los intereses en juego... Y la impugnante no logra con sus argumentos demostrar que el lavado de activos endilgado no sea consecuencia de delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la provincia de Santa Fe, ni que afecten intereses que excedan los personales e institucionales locales".

La megacausa estalló en octubre de 2016 a partir de una larga investigación de los entonces fiscales de unidad de delitos económicos Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot que tuvo alto impacto porque entre detenidos y acusados figuraban desde sindicalistas como De Gaetano, el ex novio de la vedette Vicky Xipolitakis Leandro Pérez, tres escribanos y hombres de negocios como Pablo Abdala, Jorge Onetto y Marcelo Jaef.

Los dos empresarios de mayor perfil, Onetto y Abdala, fueron absueltos de responsabilidad penal en febrero de 2019, después de un sorpresivo cambio de criterio en la fiscalía, que por orden del fiscal regional Patricio Serjal, que ordenó desistir de la acusación en base a la aplicación del "criterio de oportunidad" de persecusión penal y que los acusados podían resarcir a la damnificada con la devolución del campo de 124 hectáreas que le había sido sustraído y dinero en efectivo. Oneto realizó un desembolso en efectivo cercano a los 200 mil dólares, mientras que Abdala lo hizo por 50 mil dólares y el 50% de un departamento y una oficina.

El destape de la megacausa reveló que los acusados se apoderaban de inmuebles a través de maniobras convalidadas por escribanos, en una acción que incluía el lavado de dinero. Quienes siguen imputados están acusados de integrar una asociación ilícita, fraude y otros delitos. Ahora también la Corte validó la acusación por lavado de activos.