Si un guardia fronterizo mata desde Estados Unidos a un mexicano en su propio país, a escasos metros del muro que continúa levantando Donald Trump, gozará de inmunidad para hacerlo. Es lo que se desprende de un fallo reciente de la Corte Suprema de EEUU aun cuando la víctima no intentó ingresar a ese país, como sucedió con Sergio Hernández Güereca. La sentencia, que llega casi diez años después, le impide demandar en la Justicia Civil a la familia de ese joven de 15 años que recibió un balazo mortal el 7 de junio de 2010. El adolescente jugaba con otros a correr, tocar la pared de hormigón que hace de límite y volver hacia su territorio. Un guardia le disparó a la cabeza, alegó que había sido atacado con piedras, pero un video que se conoció más tarde demostró que no era cierto. Para el alto tribunal se trató de “un incidente internacional” que debe ser archivado sin castigo ni resarcimiento. La fiscalía mexicana acusó de homicidio al funcionario que disparó, Jesús Mesa, pero seguirá libre como hasta ahora. Ni siquiera será extraditado.
La sentencia donde la mayoría conservadora de la Corte estadounidense impuso su voto por cinco a cuatro sienta un precedente gravísimo en el derecho internacional público. El padre del joven, Jesús Hernández, criticó la decisión del tribunal que terminó con su última posibilidad de exigir justicia. Además cuestionó a su propio gobierno: “Ya no pienso hacer nada porque esto me desanimó tanto de mi gobierno como usted no tiene una idea. Yo esperaba (el apoyo) de López Obrador, pero me da risa cuando dice: ‘Vamos a defender a nuestros connacionales en Estados Unidos’”.
El fallo motivó protestas en la frontera entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (EE.UU.) la semana pasada. En disidencia con la mayoría de la Corte, la jueza Ruth Bader Ginsburg dijo: “Lamentablemente, la muerte de Hernández no es un incidente aislado” y recordó que había un informe de “800 quejas de supuestos abusos físicos, verbales o sexuales contra agentes de la Guardia Fronteriza entre 2009 y 2012”. En el caso de Hernández Güereca se llegó mucho más lejos.
El 7 de junio de 2010 el joven corría muy cerca del lecho seco del río Bravo que hace de frontera natural entre los dos países. Mesa le disparó desde muy cerca cuando ni su seguridad ni la del muro que defendía estaban en peligro. Pero al día siguiente del asesinato el FBI concluyó que el guardia había enfrentado a un grupo de traficantes de migrantes que lo habían rodeado en superioridad numérica y le tiraron piedras. La falsa coartada quedó desmontada por un video que todavía hoy se puede ver en Internet. Pero esa prueba no fue tan determinante como la decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. que no presentó cargos contra Mesa porque según su visión había cumplido el reglamento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En cambio, la familia del adolescente hizo su demanda basándose en que el guardia fronterizo violó la prohibición de emplear fuerza letal injustificada, como reza la cuarta enmienda de la constitución estadounidense. Sergio era el menor de seis hermanos y al día siguiente de su asesinato iba a comenzar la escuela preparatoria. Sus padres, de condición muy humilde, estaban separados desde que era muy pequeño. Su madre, Guadalupe, todavía suele lucir una remera roja que lleva su nombre con la fecha del 10 de junio de 2010. Su padre, Jesús, lava autos en la calle.
El día de su muerte, el joven estaba con otros como él debajo de un puente pero corrió y cayó fulminado del lado mexicano. Por ahí solía pasar su hermano mayor, que trabajaba como maletero. La mamá de Sergio llegó al lugar y se encontró con el cuerpo de su hijo tirado en el piso. No la dejaron acercarse. Cuando ocurrió el hecho ni Trump ni López Obrador estaban en el gobierno. Los presidentes eran Obama y Calderón. El senador del PRD Carlos Navarrete se interrogó horas después en el Congreso: “La pregunta es: ¿Va a permitir México que en su frontera con Estados Unidos, con nuestro socio y vecino, la patrulla fronteriza cace a balazos a mexicanos en territorio norteamericano e incluso en territorio mexicano?”.
La gravedad de hechos semejantes que se repitieron después motivó que los dos países crearan en 2014 el Grupo de Alto Nivel para la Prevención de la Violencia Fronteriza. Sus avances fueron limitados. Al punto de que según la organización de derechos civiles ACLU, hubo al menos 53 muertes causadas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza entre 2010 y 2016.
Guadalupe le pidió a la Corte que “analice bien el caso y que vea que están en un error”. La mujer dijo también que seguirá luchando por obtener justicia, más allá de que distintos juristas comentaron que ya no le quedan opciones legales. Desde el mismo lugar donde Mesa mató a su hijo declaró cuando se conoció la sentencia: “Ellos se van a sentir con el derecho de seguir matando gente inocente, de seguir matando niños. Mi hijo era sólo un niño”.
El fallo del más alto tribunal estadounidense que redactó el juez Samuel Alito, un conservador designado por el ex presidente George W. Bush, sostiene que “un tiroteo a través de la frontera es por definición un incidente internacional”. De la sentencia de la Corte se deduce que de haber ingresado a EEUU, la familia del joven Hernández Güereca podría haber prosperado en su demanda civil. El gobierno mexicano lamentó la decisión a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores: “Con este precedente, dichos casos ahora podrían tener limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en los tribunales de ese país”, explicó en un comunicado de prensa.
Más gráfico, el abogado Robert Hilliard, que representó a la familia de Sergio ante la Corte, había comentado durante el largo proceso judicial: “Hay una anarquía porque la Constitución no tiene efecto sobre las fuerzas de seguridad que se encuentran en territorio estadounidense. Son libres de matar sin consecuencias a un nacional de México en territorio mexicano, pero también a un ciudadano estadounidense en territorio mexicano”.
