Como para que nadie piense que el permiso para que jubilados y pensionados salgan a cobrar sus beneficios implica que hay que se habilitó a romper la cuarentena obligatoria, el Ministerio Público Fiscal federal de Salta informó ayer que desde que comenzó esta medida se iniciaron "un promedio de 250 a 300 actuaciones" por infracciones primarias al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para intentar mitigar la propagación del coronavirus Covid-19. Además, se abrieron 37 causas penales a reincidentes, y a dos infractores se les secuestraron los automóviles. 

El auxiliar fiscal Facundo Mirabella informó que "en la segunda semana de la cuarentena, se advirtió una disminución" de los infractores, "aunque no fue notoria, pues la atención de consultas por las distintas fuerzas fueron constantes”.

En ese periodo, en la Fiscalía Federal de turno, a cargo de Ricardo Toranzos, comenzaron a surgir las consultas por reincidencia. “La Policía de la provincia, por ejemplo, opera con un sistema informático propio, en el que cargaban todas las actuaciones primarias", se explicó desde la Fiscalía. 

Las otras fuerzas, Gendarmería Nacional, la Policía Aeroportuaria y la Policía Federal, cargan sus intervenciones en el sistema informático que poseen a nivel nacional (SIFCOP), donde también se almacenan las actuaciones, pero en un circuito mucho más amplio.

La Fiscalía Federal informó que por reincidencias se iniciaron 37 causas penales a personas que ya habían sido intimadas. Entre estas causas se cuentan las que son por violar el aislamiento y también las que se forman por resistencia a la autoridad, lo que ocurre frecuentemente en los controles de vehículos, cuando las cosas se suben de tono. 

En dos controles, ambos en la capital salteña, secuestraron un vehículo y una motocicleta. Asimismo, la Fiscalía informó que en "muchos casos" se incautaron  teléfonos celulares, "una medida que tuvo efecto especialmente en la población más joven", se señaló, aunque no se precisó cuál fue el motivo del secuestro.

Mirabella informó que hubo varias intervenciones en casos de personas que estaban exceptuadas del aislamiento, pero iban acompañadas de otras que no tenían esta autorización. 

La Fiscalía de Toranzos, cuyo turno ya concluyó, rescató también entre sus "labores importantes" de estos días el operativo que llevó adelante con trabajadores mineros de la Puna salteña, que fueron trasladados a sus viviendas "con los controles sanitarios del caso, lo que significó un gran esfuerzo de coordinación con las distintas fuerzas; incluso colaboró el Ejército, en virtud de aludes que, por las intensas lluvias, impidieron por momentos el transporte de los obreros". 

En este caso, en su momento la Fiscalía informó que debió intervenir al advertir que las empresas mineras de la Puna salteña seguían con su actividad, a pesar de que en la primera disposición de aislamiento no estaban comprendidas entre las actividades esenciales. Esta información desató el enojo de las mineras, que en un comunicado de la Cámara que las agrupa, sostuvieron que ellas mismas habían decidido el cese de los trabajos y que los trabajadores todavía seguían en los campamentos porque decidieron esperar el día para comenzar el traslado a sus lugares de residencia atendiendo a las dificultades para el tránsito en esa zona.