El juez de la Casación bonaerense, Víctor Violini, firmó el miércoles a la noche la aceptación de un habeas corpus colectivo que otorga la prisión domiciliaria a unos 2300 presos mayores de 65 años; con problemas de salud muy precisos, mujeres con hijos pequeños y embarazadas, todos ellos siempre que no hayan cometido delitos violentos. En el fallo de 29 páginas, el magistrado aclara que tomó la decisión después de consultar con sus pares, de manera que "la decisión se ha adoptado por mayoría de opiniones".
El fallo sigue los planteos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos que parten de la base de que el hacinamiento y la superpoblación carcelaria son contrarios al aislamiento que requiere la pandemia de Covid-19. Los demás pedidos de domiciliarias, es decir de internos que no están en las categorías abarcadas por el habeas corpus, deberán ser resueltos por cada juez de ejecución penal.
El pedido de excarcelaciones y domiciliarias partió de los defensores generales de los 19 departamentos judiciales bonaerenses y fue acompañado, como amicus curiae por la Comisión Provincial de la Memoria. En la audiencia con Violini, estuvieron Mario Corioliano, defensor general; la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri; el fiscal general Carlos Altuve, el subsecretario de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini y el representante del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz.
Como se sabe, en las cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses hay una superpoblación de más del 100 por ciento, con 51.000 detenidos para 21.000 plazas.
Respuesta a una situación urgente
Violini aceptó intervenir porque la pandemia plantea una situación de máxima urgencia en la cual los pasos comunes son demasiado lentos. Por ejemplo, se presentaron 102 pedidos de domiciliaria, de los que sólo fueron resueltos siete. "Es que la situación de pandemia mundial existente, por un lado, y la necesidad de resguardar la vida de los internos y detenidos, pero también de garantizar la seguridad de la sociedad toda, por el otro, se erigen como factores excepcionales que habilitan el dictado de reglas comunes de actuación para el territorio provincial, lo que habilita la injerencia de esta Sede de modo originario", dice Violini en su fallo.
El magistrado, para resolver favorablemente el habeas corpus, tuvo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los estados que no garanticen la salud e integridad de las personas privadas de la libertad tendrán que afrontar responsabilidad jurídica internacional. Sobre esa base, Violini tuvo en cuenta la existencia del hacinamiento "lo que impide que las personas alojadas mantengan entre sí las distancias aconsejadas para evitar el contagio" y consideró prudente hacer uso de listados elaborados por el Ministerio de Justicia y de Seguridad, de personas privadas de la libertad con las premisas marcadas por el propio juez. "Los que se encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves", detalló.
En términos concretos, los casos que menciona Violini son los presos mayores de 65 años; los que tengan tuberculosis, HIV, diabetes, tratamientos oncológicos, Epoc o insuficiencia renal, las embarazadas o madres de niños pequeños. En el terreno de los delitos leves seguramente entrarán los detenidos por narcomenudeo, los hurtos, las estafas y hechos ocurridos sin el uso de armas o violencia. Quedan excluidos los homicidios, la violencia de género, los delitos violentos contra la integridad sexual, el robo con armas y delitos similares.
El hacinamiento de miles de preventivas
La primera lista presentada por el Ministerio de Justicia incluía a unos 700 detenidos, pero se calcula que el total de los que podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria puede llegar a 2300. La demora en terminar con los listados tiene que ver con los estudios de salud: el Servicio Penitenciario Bonaerense puso en marcha un inédito análisis de sangre de todos los internos, algo que permitirá saber bien el cuadro de situación en materia de salud. Por ahora, si se concede la prisión domiciliaria a los 2300 será un alivio del hacinamiento de menos del cinco por ciento de la población carcelaria.
En el fallo firmado por Violini hay un párrafo dedicado al procurador Julio Conte Grand. Este miércoles se filtró un audio del funcionario considerando que en los pedidos de prisiones domiciliarias puede haber "miserias humanas" en aquellos casos en que no se trata de personas que están en los grupos de riesgo. O sea que podría haber defensores coimeados o algo así. Sin embargo, Violini es crítico porque durante la gestión de Conte Grand se impulsaron miles de prisiones preventivas y ahora, ante la pandemia, se admite la situación de hacinamiento. "Oscila entre Torquemada y Mandela", escribió el magistrado, señalando que el procurador mandó durante años a los presos a la hoguera y ahora, por la urgencia, pretende erigirse en defensor de los derechos humanos como el sudafricano Nelson Mandela.
En cualquier caso, el fallo de Violini está en sintonía con lo que ocurre a nivel mundial, con excarcelaciones y prisiones domiciliarias record en casi todos los países: España, Francia, Irán, México e incluso los que tienen mayor tradición punitivista como Estados Unidos y Gran Bretaña. El sistema federal norteamericano otorgó la prisión domiciliaria a todos los mayores de 60, unos 10000; el Reino Unido hizo lo propio con 5000 y se calcula que Estados Unidos tendrá la semana próxima la menor cantidad de presos desde la Segunda Guerra Mundial. Se manejan distintas cifras, pero hay diarios que arriesgan que el total de detenidos en cárceles de Estados Unidos se reduciría en unos 400.000 internos, del total de 2.200.000 presos que tiene el país del norte.
