La tarea policial en la periferia está bajo la lupa

En los barrios el virus viste de uniforme

Denuncian detenciones arbitrarias y violentas contra vecinos en el marco del control del cumplimiento de la cuarentena
En el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusosEn el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusosEn el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusosEn el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusosEn el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusos
En el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusos 
Imagen: Sebastián Granata

El Servicio Público de la Defensa Penal, el Concejo Municipal y organizaciones sociales de base se hicieron eco de denuncias de vecinos sobre abusos y violación de derechos que ejercen policías en los barrios en el control de la cuarentena general. Las víctimas, jóvenes en su mayoría, beneficiarios algunos de programas estatales como el Nueva Oportunidad, han referido un sinfín de atropellos, apremios ilegales por parte de agentes en la tarea de hacer cumplir el decreto de aislamiento obligatorio. El primer síntoma sobrevino en los primeros días de la cuarentena, cuando el defensor regional Gustavo Franceschetti (SPDP) interpuso un habeas corpus sobre la situación registrada en la comisaría 32°, de barrio Godoy, donde hubo hasta 30 personas detenidas en los primeros procedimientos para hacer cumplir la norma sanitaria. Y ese fue el principio.

Los primeros relatos de abusos policiales provienen desde los barrios Las Flores y el asentamiento de la comunidad Qom, en el sudoeste de la ciudad. Policías que abordan en la calle a vecinos que regresan a casa luego de hacer mandados. "Los detienen y les tiran la mercadería a la basura... ¡con la necesidad que hay en estos días! ¡Qué actitud perversa!", se indignó la concejala Susana Rueda (FPCS), presidenta de la comisión de Derechos Humanos del parlamento local.

La edila recabó numerosos testimonios coincidentes durante la semana, y el miércoles presentó un pedido de informes al Ejecutivo para poner en agenda esta violación de derechos por parte de la fuerza de seguridad. Rueda reparó en el detalle de que el martes, desde el centro hasta Las Flores, no cruzó ningún control policial, pero en el último barrio antes del arroyo Saladillo encontró cuatro. 

"Los referentes de las organizaciones relatan situaciones preocupantes. Los chicos del barrio a la noche o la madrugada están en la calle, tienen la costumbre de juntarse en la vereda a charlar un rato, fumar un pucho. Es que el adentro no es placentero para nadie, pero mucho menos para familias que conviven hacinadas en una casa, y no tienen el mismo confort que el de familias con ingresos regulares, por eso buscan un respiro afuera. Y cuando están adentro, cuentan, viene la policía y les dice que salgan. Ellos no quieren porque saben lo que va a pasar. Pero les insisten y salen, y entonces los tiran al suelo, los esposan, les pisan la cabeza, vuela una cachetada, los familiares se alteran. Todo por no proceder de otra forma", reprochó Rueda en base a los relatos recogidos. 

"Los tiran al suelo, los esposan, les pisan la cabeza, vuela una cachetada, los familiares se alteran". Susana Rueda

Cerrado de 0 a 8 

"Hubo casos de jóvenes del Nueva Oportunidad que la policía los detuvo cuando volvían de cobrar la beca. Hasta le quisieron quitar la plata, pero los vecinos lo evitaron", agregó. A algunos chicos la policía les quitó el DNI, lo que es inconstitucional, y los llevaron demorados a la comisaría, donde estuvieron hasta 6 horas por averiguación de antecedentes, lo cual es legal, ¡pero junto a un montón de personas, cuando lo que se busca es evitar la aglomeración de gente!", marcó Ignacio Arévalo, referente de la asociación civil La Rueda, del barrio San Francisquito.

La razón de tanta demora, en algunos casos, se explicó con un argumento inefable: la policía alega que los fiscales no quieren que se los llame entre las 0 y las 8 de la mañana, por lo que toda detención nocturna significa amanecer en la comisaría hasta que la causa llegue a Fiscalía. Esto causó un escándalo en Tribunales y es motivo de investigación.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, destacó el miércoles en su cuenta de Twitter la dimensión cuantitativa del control policial en toda la provincia: 29500 intervenciones, 10700 personas detenidas (3200 en Rosario), 600 vehículos secuestrados. "Anoche había 20 detenidos en la seccional 10°, de Alberdi. Veo a Sain festejando intervenciones policiales y me genera espanto porque hace una relación directa de cantidad con calidad de control, y no es así. Entonces los malos policías ven luz verde para esas actitudes perversas. El ministro hace estadística con abusos policiales incluidos para garantizar la cuarentena", repudió la concejala del Frente Progresista.

Este diario buscó la explicación de la Dirección de Control Policial, o de alguna voz autorizada en el Ministerio de Seguridad, pero no obtuvo respuesta. 

Tanto malestar activó la reacción del SPDP. Su titular, Jaquelina Balangione, presentó en Santa Fe un habeas corpus preventivo para esclarecer cómo es el protocolo de actuación policial. Es que allí le llegó esa versión de que los fiscales no aceptan llamados policiales entre la medianoche y las 8 AM, y por esa razón los detenidos no son liberados hasta que el fiscal lo autorice. Hasta ahora ese pretexto policial no apareció por escrito. "No creo que una barbaridad así quede por escrito, estamos analizando la legalidad del protocolo y los criterios de la policía", señaló la defensora general a Rosario/12.  

"Se trata de que la gente se quede adentro, sí, pero si tuviéramos una policía mediadora, más conciliadora... La gente vive en la calle porque no tiene donde, se mete bajo techo a dormir, pero son tal vez 12, luego viven en la calle porque no tienen otro hábitat. Y en el ministerio dicen que cualquier cosa está la vía de violencia institucional para denunciar, pero la gente no denuncia por temor a represalias", expuso Balangione.

"La gente vive en la calle porque no tiene donde, se mete bajo techo a dormir, pero son tal vez 12, luego viven en la calle porque no tienen otro hábitat". Balangione 

La Rueda, en Amenábar 3879, es una ONG que alberga talleres del Nueva Oportunidad, y como tal es caja de resonancia de los atropellos policiales referidos. Ignacio Arévalo contó desde allí varias anécdotas al respecto. Una compañera detenida cuando viajaba al centro para comprar tela para los barbijos que confeccionan en el taller. La demoraron seis horas en la comisaría 21°, al borde de una crisis de epoc, la insuficiencia respiratoria que padece. Algo similar sucedió con un vecino epiléptico. "Bueno, le vamos a curar la epilepsia a patadas", escuchó un familiar de parte de un agente de la misma seccional de Arijón al 2100.

"Hay policías que hacen bien su trabajo y se sacrifican en estos días, pero hay otros a los que no les importa la situación, no hacen caso, no escuchan. Y es una contradicción porque hay que prevenir la aglomeración de personas, pero siguen haciendo eso, al menos acá en los barrios", distinguió el militante barrial.

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