La primera sesión ordinaria anual de la Cámara de Senadores nunca había generado tanta expectativa, en primer término por el marco excepcional en que se realizó, ya que se convocó al recinto en medio del aislamiento obligatorio.

Pero también, por el contenido de los posibles temas a tratar en la jornada, ya que figuraban entre los “asuntos entrados” los pliegos del discutido proyecto para ampliar la Corte de justicia de Salta de 7 a 9 jueces; el proyecto de reforma de la Constitución y las declaraciones de emergencia socio sanitaria en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín y también la sanitaria por el Covid-19.

Sin embargo, ni bien se inició la jornada, con el quórum otorgado por 22 legisladores, tanto los pliegos, como el proyecto de reforma y las declaraciones fueron enviados a comisión para su análisis.

La reforma parcial de la Constitución será tratada en la Comisión de Legislación General, mientras que los pliegos de los tres candidatos a jueces de Corte fueron a Justicia, Acuerdos y Designaciones.

Por lo que en la sesión se trataron proyectos de declaración, como el de solicitar las gestiones para reforzar la reposición de billetes en los cajeros automáticos y la instalación de nuevas terminales del Banco Macro en todo el territorio de la provincia.

O el proyecto de Guillermo Durand Cornejo, de solicitar a los legisladores nacionales por Salta que “realicen las diligencias necesarias con el fin de obtener medidas beneficiosas para las Pymes durante la cuarentena obligatoria”.

El que brilló por su ausencia fue el proyecto para crear el Fondo Solidario de Emergencia, anunciado con bombos y platillos por el gobernador el domingo pasado y que su vice, Antonio Marocco, prometía presentar este jueves.

La discutida ampliación de la Corte

En febrero, y tras un llamado a sesiones especiales criticadas por la oposición por el contexto de crisis y emergencia socio sanitaria en la que se encontraba la provincia, een la Cámara de Diputados se aprobó la ampliación de la Corte de Justicia de siete a nueve miembros.

En ese momento, varios legisladores consideraron que no era prioritario, ni urgente tratar este proyecto y menos en sesión extraordinaria, en la que además ni siquiera se incluyó el tratamiento del Decreto de Necesidad de Urgencia que declaró la emergencia en el norte provincial.

La voz que resonó con más fuerza fue la de la diputada Gladys Paredes, del Frente de Todos, quien le reclamó al oficialismo: “¿con qué cara vamos los diputados del norte a decirle a los vecinos que aprobamos tener más jueces y no más médicos o ambulancias?”, y apuntó al costo de 38 millones de pesos anuales que representará incluir dos jueces nuevos en la Corte con sus respectivas estructuras.

Hoy se suma la crisis sanitaria y económica que está sufriendo el país y la provincia como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ayer, varios diputados provinciales señalaron públicamente a los senadores que no era el momento adecuado para avanzar en la designación de los nuevos jueces.

Al culminar la primera reunión de la Cámara Alta, el senador Jorge Soto aseguró que “en ningún momento se habló de la posibilidad tratar los pliegos”, y vinculó la noticia a “interpretaciones mal intencionadas expresadas por algunos personajes”.

Lo cierto es que los expedientes figuraban entre los “asuntos entrados”, y desde la misma Cámara habían adelantado que podía ser tratado sobre tablas por estar dentro de la agenda legislativa.

Según datos proporcionados por la justicia salteña, cada juez de Corte cobra unos $300.000 por mes, pero además puede designar dos secretarios, dos letrados, un relator por materia y pueden tener abogados auxiliares, aunque estos pueden ser de la misma planta de personal de la justicia. 

A su vez, dos de los nombres propuestos por el gobernador para integrar el máximo tribunal de la provincia fueron criticados por sectores de la política y organismos de derechos humanos.

Es el caso de Horacio Aguilar, por haber sido defensor de acusados por delitos de lesa humanidad. El de María Alejandra Gauffin, por ser la hermana de Pablo Gauffin, ex secretario de Hacienda durante la gestión Sáenz y uno de los principales apuntados por el caso de las “facturas truchas” que aún debe dilucidar la justicia salteña y que podría llegar a recaer en la Corte.

La tercera, Adriana María Rodríguez Faraldo, sería la menos cuestionada hasta el momento.

Una encuesta de la consultora We, que se difundió en las últimas horas, deja en claro el amplio desacuerdo que hay en la sociedad con respecto a este tema. El 70,3% de los consultados está en contra de la ampliación de la Corte en este momento. Mientras que sólo el 23% contestó estar de acuerdo.