El presidente Alberto Fernández quedó preocupado por el cacerolazo del jueves realizado en protesta por la "liberación de presos", según comentaron los funcionarios que pudieron conversar del tema con él . No por la protesta en sí, que en Gobierno evaluaron como acotada principalmente a un sector de la ciudad de Buenos Aires, históricamente opositor al peronismo. Sino por la manera en que esa opinión pública pudo ser manipulada desde los medios de comunicación, las redes sociales y un grupo de dirigentes de la oposición con acusaciones que --replicaron-- nada tienen que ver con la realidad. Ni hay una liberación masiva de presos, ni el Ejecutivo tiene injerencia en eso. Pero la protesta se hizo igual y fue ruidosa. La encargada de hablar fue la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que mostró una mirada comprensiva para evitar que el malhumor social siguiera escalando. "A todo cacerolazo hay que atenderlo y entenderlo", indicó, pero también insistió con que era injusto que se le achacaran culpas al Gobierno.

El miércoles, el Presidente había escrito un hilo de siete tuits para denunciar una "malintencionada campaña mediática" que buscaba hacerlo aparecer como responsable de una liberación masiva de detenidos en las cárceles. Con todo, también argumentaba favorablemente a que los jueces dispusieran estas libertades, igual que se ha venido haciendo en distintas partes del mundo, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. 

Sin embargo, su reacción cayó en saco roto. Los medios opositores continuaron señalando al Gobierno, lo mismo que una parte de la dirigencia opositora y los trolls que le responden, agitando sin descanso en las redes sociales. Un caso fue el de la ex ministra y titular del PRO, Patricia Bullrich, quien habló de la existencia de un "plan" para sacar presos. "Con la misma cara de piedra van a mirar a los familiares de las víctimas cuando les expliquen por qué dejaron libre a los violadores", sostuvo Bullrich, aún después de las aclaraciones oficiales que, por otra parte, no necesitaba, porque ella conoce bien cómo funciona el sistema. 

En la Casa Rosada entendían que el repiquetear de los medios y dirigentes opositores había encontrado un caldo de cultivo propicio en la clase media y media alta porteña. Ya de por sí refractaria a todo lo que venga del peronismo, encima fastidiada por una cuarentena que se extiende y que ya comprendió que será quien más tiempo deberá soportar. "Se vive una realidad angustiante: el riesgo de contagio, el encierro. Encima la gente está todo el día mirando televisión y le dicen que el Gobierno va a liberar asesinos y violadores. Obviamente que eso va a servir para profundizar el malhumor. Además sólo tenían que salir al balcón para protestar", explicaba un funcionario.

Alberto Fernández estuvo temprano con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Olivos conversando del tema. Luego concurrieron junto a los ministros Gabriel Katopodis y Matías Kulfas y al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, a una fábrica en San Martín reconvertida para fabricar insumos contra el coronavirus . Fue de lo único que habló este viernes en la redes sociales. Pero con sus funcionarios comentó lo que había pasado el jueves a la noche. "La verdad que me preocupa que a la gente se la confunda tanto. Todo lo que se ha dicho es falso", les dijo. Todos coincidieron, pero nadie salió a hablar en público del tema. 

La responsabilidad recayó en la ministra Losardo, de relación personal muy cercana con el Presidente, con la recomendación de buscar una lectura con el suficiente sentido común que sirviera para tranquilizar. "El cacerolazo me parece una manifestación de la ciudadanía que hay que tomar con atención", marcó en las entrevistas radiales que ofreció. Dijo comprender el momento que vive la gente encerrada en sus casas, a la que se le agregan informaciones que le generan más angustia. "Pero es un error, no es verdad. El Poder Ejecutivo no detiene ni excarcela gente, es una tarea del Poder Judicial. Por eso, de ahí a plantear tiene que ver con una liberación masiva de presos por parte del Ejecutivo me parece injusto", completó.

Incluso, compartió los motivos de la protesta. "Nadie puede estar de acuerdo con que los violadores y los homicidas estén en la calle, pero esa pregunta hay que hacérsela a quienes tomaron esas decisiones", afirmó. Explicó que la actuación del Gobierno se limitó a enviar un informe, pedido por la Justicia, detallando quienes eran los presos que formaban parte de la población de riesgo según los parámetros de la OMS: mujeres embarazadas y detenidos con enfermedades preexistentes o crónicas. La decisión final luego corre por cuenta de los jueces.

Por otro lado, en el oficialismo conviven posiciones diferentes, como lo dejó en claro el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió a familiares de las víctimas de delitos y anunció que presentará pedidos de juicios políticos a los jueces que liberaron a detenidos peligrosos. "Nadie puede sorprenderse por esa actitud de Massa, él siempre hizo cosas por el estilo y su electorado responde a eso. Igual está claro que no sirvió para contener a los descontentos", evaluaban en Gobierno.