Marbella.La crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus ha abierto una grieta en el acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez acceder al poder. La capacidad de su gobierno para poder gestionar lo que queda por delante ha quedado en entredicho.

El presidente socialista consiguió este miércoles los apoyos mínimos necesarios para prorrogar 15 días más el estado de alarma, la única figura legal que permite mantener el confinamiento de la población, pero lo hizo sobre la hora y gracias al inesperado respaldo de Ciudadanos, la fuerza que se declara liberal y que hasta ahora había formado parte del bloque conservador junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox.

La alta tasa de mortandad por el coronavirus que sufre España, que ha superado ya la barrera de las 25.000 muertes, y algunos desajustes evidentes en la labor de Gobierno, obligado a improvisar al ser el segundo país europeo tras Italia en el que la pandemia se desató con fuerza, creó un caldo de cultivo que está causando erosión en la imagen gubernamental.

A ello se han sumado las tensiones territoriales características de la política española, que se han desatado con toda fuerza después de que el Gobierno anunciara que la desescalada se realizaría por provincias según los parámetros sanitarios que presentaran cada una.

Todo ello construyó un cóctel que destruyó la mayoría holgada con la que hasta ahora el Congreso ha venido aprobado desde el 14 de marzo sucesivas prórrogas de 15 días en la declaración del estado de alarma. Esquerra Republicana de Cataluña, formación independentista que resultó clave para la investidura de Sánchez y que hasta ahora había acompañado la gestión del Gobierno, se desmarcó esta semana y anunció que no apoyaría una nueva prórroga. El cambio de postura, que alineó a esta formación nacionalista de izquierda con su par también independentista pero conservador de Junts per Catalunya, puso en duda que el estado de alarma pudiera continuar, ya que el Partido Popular, principal fuerza de la oposición que hasta ahora había respaldado al gobierno en las votaciones aunque sin ahorrar críticas, también amenazó con votar en contra en esta ocasión. El PP finalmente se abstuvo, aunque un voto negativo tampoco hubiese impedido que la extensión del estado de alarma saliera adelante. En el debate parlamentario de este miércoles, el presidente del PP, Pablo Casado, arremetió con dureza contra Sánchez y lo acusó de demandar poderes absolutos.

Sin esta prórroga, el Gobierno hubiese perdido toda capacidad de dirigir el complejo proceso de desconfinamiento, que debe empezar el próximo lunes y se prolongará al menos durante 45 días.

El inesperado cambio de posición de Ciudadanos, en una maniobra que forma parte de su intento de recuperar una posición centrista después de que su alineamiento con el PP y Vox les acarreara efectos devastadores en las urnas, permitió a Sánchez aprobar la prórroga del estado de alarma, pero al mismo tiempo despliega un manto de incertidumbre sobre el futuro cercano.

Si el PSOE no consigue volver a atraer a Esquerra a los grupos que apoyan al Gobierno, la aprobación de los presupuestos será muy difícil, ya que un acuerdo que incluya a Podemos y a Ciudadanos es una quimera. Y sin presupuestos completar la legislatura de cuatro años es prácticamente imposible para un gobierno que apenas lleva 100 días en el poder.

De momento los plazos son más cortos y la atención de Sánchez está centrada en las tensiones que aparecerán en los próximos días, cuando el Gobierno deba decidir qué territorios pasan a la Fase Uno de la desescalada, en la que de momento sólo están las pequeñas islas de Formentera (en Baleares) y El Hierro, La Gomera y La Graciosa (en Canarias).

Las provincias que consigan entrar en esta primera etapa accederán a una nueva situación que incluye la posibilidad de celebrar reuniones de hasta diez personas en casas o en la calle, el uso del coche con hasta nueve personas siempre y cuando compartan vivienda, velatorios con un número acotado de personas, la apertura de terrazas de bares al 50 por ciento de su capacidad y también de comercios sin necesidad de cita previa pero sólo al 30 por ciento.

Llegar a lo que Pedro Sánchez llama la "nueva normalidad" aparece todavía en un horizonte muy lejano.