Por primera vez sin una movilización que desborde Oroño --la cuarentena lo impide--y después de dos años de juicio oral y público, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario dictará el jueves próximo el veredicto de las causas Feced III y IV, que juzgó los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones contra 191 víctimas. El Concejo Municipal resolvió -en forma unánime, a propuesta de la concejala Jessica Pellegrini- poner a disposición del TOF los medios digitales a su alcance para asegurar la transmisión en vivo y en directo de la audiencia, a través de la transmisión del canal https://www.cij.gov.ar/cijtv/ , tanto en la página web del Concejo como en canal 4 de Rosario. El mismo día que se conoce la noticia tan esperada, ya que el juicio comenzó el 5 de abril de 2018, un amplio abanico de organismos de derechos humanos rechazó las prisiones domiciliarias otorgadas por distintos tribunales a genocidas y pidió que se rechacen las que fueron solicitadas. 

En la causa Feced III y IV, el fiscal Adolfo Villate, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, solicitó penas de entre 23 años y perpetua para los diez acusados. En el camino, fallecieron cuatro de los imputados. El primero, el capellán policial Eugenio Zitelli, murió pocos días antes del inicio del juicio. Carlos Altamirano, Ovidio Olazagoitia y Daniel González murieron mientras se llevaba adelante el proceso. "En este caso no le podemos echar la culpa a las tres décadas de impunidad, sino a las demoras del Tribunal que por razones cosméticas o domésticas fue postergando la fecha de inicio", consideró Gabriela Durruty, abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. 

En el juicio que terminará el jueves próximo, por primera vez en esta jurisdicción se juzgan delitos sexuales como una violencia específica contra dos víctimas. Además, se produjo "profusa prueba" sobre el desguace económico de la Biblioteca Vigil, en el marco de la investigación de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos hacia los integrantes de la comisión directiva. "La motivación de esos delitos era el desguace económico, y se cometió durante toda la intervención, desde febrero de 1977 hasta que terminó, ya en democracia", dijo Durruty, quien refirió a los 52 testigos que dieron cuenta de esa motivación.  

Que se haya juzgado la desaparición de Daniel Gorosito, secuestrado cuando estaba detenido en Coronda, fue otro de los hitos que subrayó Durruty, quien consideró que "costó mucho que esta desaparición llegara a juicio". También subrayó que las siete víctimas de Los Surgentes se hayan investigado como lo que fue, una masacre. "El relato jurídico tiene que ser lo más ajustado posible al relato de los hechos, y éste fue un solo hecho", apuntó. "Tenemos la responsabilidad judicial a través del caso de Sergio Schilmann, en el que no se nos permitió requerir por privación ilegítima de la libertad por el solo hecho de haber intervenido el juez, cuando en el juicio se vieron las condiciones de esa intervención. Esperamos que el castigo sea ejemplar", dijo Durruty, quien subrayó que "este juicio es resultado de un trabajo colectivo de años, con el incansable aporte de las y los sobrevivientes". 

Por su parte, un amplísimo abanico de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos enumeró los beneficios recibidos los condenados por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Rosario. "Ya le fue concedida la libertad a Walter Pagano (miembro activo de la “Patota” de Feced), a Lucio Nast para cumplir las condenas en sus casas, a Horacio Maderna le otorgaron libertad condicional estando condenado y procesado en otra causa e ingresaron los pedidos de Mario Marcote (acusado y condenado por violaciones reiteradas) y Juan Andrés Cabrera (miembro de la “patota” del Ejército). Esto, de por sí grave, se torna más alarmante cuando vemos que en otras provincias de nuestro país también ocurren estas dispensas", dice el comunicado que repudia estas decisiones judiciales en el marco de la covid-19.