Los pedidos para que la Justicia encuentre los modos de retomar el devenir de los juicios orales por delitos de lesa humanidad que, como la mayoría de los procesos judiciales, quedaron suspendidos desde que el Gobierno nacional impuso el aislamiento para prevenir la expansión del coronavirus continúan surgiendo. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en varios de estos debates, realizó presentaciones en este sentido en media docena de tribunales orales. Su pedido, en muchos casos, se sumó al realizado por representantes del Ministerio Público Fiscal, organismos de derechos humanos y otras querellas.

“Corresponde a esta parte instar la reapertura de los debates, en razón del deber y responsabilidad internacional que pesa sobre el Estado Argentino de investigar, perseguir y sancionar delitos de la índole de los aquí ventilados”, planteó el área que dirige Horacio Pietragalla en todas las presentaciones que realizó ante diversos tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, San Martín, Mar del Plata y Entre Ríos.

Los planteos se hicieron “teniendo en cuenta las experiencias positivas ocurridas en Mar del Plata, con la sentencia en la denominada megacausa “Subzona 15”, y en la ciudad de Rosario en la causa caratulada “Feced III”, actualmente en trámite de forma remota y en etapa de alegatos”, puntualizaron desde la Secretaría a través de un comunicado emitido desde el Ejecutivo.

En sus presentaciones, la querella estatal apuntó que “de no retomarse los debates suspendidos nos encontraríamos frente a una paralización que irremediablemente afectará los derechos de las partes”.

Alguno de esos juicios se encontraban en etapas definitorias cuando la feria extraordinaria con la que la Corte Suprema de Justicia implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en casi todo el país desde el pasado 20 de abril como respuesta de emergencia frente a la pandemia los dejó paralizados. Es el caso del cuarto debate que se lleva a cabo en la Justicia federal por los crímenes de la Esma, que estaba finalizando la etapa de alegatos, o el segundo que se realizaba por los delitos de Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos de la zona, que los transitaba en San Martín.

La Secretaría pidió al Tribunal Oral federal de Mar del Plata que dé continuidad al segundo debate oral que se sigue por los delitos de la Concentración Nacional Universitaria, que quedó paralizado al momento de las declaraciones indagatorias de imputados para luego proceder a los alegatos. Al Tribunal Oral Federal 1 de la Plata, en tanto, le pidió que haga lo propio con el juicio por los crímenes de la Brigada de San Justo, que había culminado la etapa de testimonios.

Pero la querella estatal no solo apuntó a desparalizar debates en etapas definitorias. Porque también se presentó ante el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín para que de curso al juicio oral por los crímenes durante la contraofensiva montonera, en el que aún restan testimoniar varios testigos.

Mientras, pidió en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires al TOF 1 platense la realización de una audiencia preliminar en la que todas las partes evalúen las posibilidades de comenzar el tan demorado juicio por los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes. Los jueces que subrogarán el tribunal para este debate, que son de San Martín, aprovecharon el impulso que en las últimas semanas tomó la necesidad de sacar del letargo al proceso de juzgamiento de los delitos de la última dictadura para insistir con la realización del juicio de marea virtual, algo que intentaron desde mucho antes de la cuarentena por la covid-19.

Ayer, la presidencia de la Cámara de Casación Penal recomendó a los tribunales orales que enciendan nuevamente la maquinaria del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa por la vía remota u otras estrategias que no impliquen la conglomeración de personas y, por ende, la violación del aislamiento preventivo. La decisión respondió a un pedido realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de Ángeles Ramos, así como de Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el abogado Pablo Llonto.