Las medidas de protección social para enfrentar la crisis sanitaria continúan en aumento. Desde la Anses ya se desembolsaron a partir del inicio de la cuarentena 161.906 millones de pesos para enfrentar la pandemia y su impacto en el bienestar de los sectores vulnerables de la población. Así lo estimó un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
“La política principal es el IFE e implicó un ingreso monetario de 10.000 pesos a más de 8,3 millones de familias (y se esperan nuevas incorporaciones), logrando ser la política de mayor cobertura y de mayor poder de compra transferido en la región”, indicó el documento de Undav. El Estado invirtió más de 80 mil millones de pesos (0,38% el PIB). Dentro de la población alcanzada el 61 por ciento son empleados informales (más de 5 millones de personas).
Sumado a esto, más de 8,3 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUH discapacidad y AUE recibieron un bono extraordinario implicando una inversión de casi 27 mil millones de pesos que permitió cubrir al 63 por ciento de este universo. Además, 2,3 millones de beneficiarios de AUH, AUE y AUH discapacidad recibieron los 10.000 del IFE.
Otro de los programas importantes de transferencia se hizo a través del programa ATP para cubrir parte del salario de los trabajadores formales. “Complementariamente, la asistencia estatal se dirigió hacia el sector productivo. A partir de este programa la ANSES pagará hasta 50 por ciento del salario de más de 186 mil empresas, alcanzando a 1,3 millones de trabajadores que, junto con la reducción de contribuciones y el aumento del seguro de desempleo implican un esfuerzo fiscal de más de 40 mil millones de pesos”, se detalló.
En el informe de la Undav mencionaron además que los beneficiarios de AUH (hasta 6 años) y AUE recibieron también el subsidio por la Tarjeta Alimentar de 4.000 o 6.000 pesos, según el caso. También se extendieron hasta junio los meses de gracia para los pagos de las cuotas de individuos endeudados con ANSES y se redujo la tasa de interés de más de 5 millones de créditos ya pactados. Ambas medidas implicaron un esfuerzo de 12.000 millones de pesos para el Estado, con el objetivo de proteger a los segmentos vulnerables.
