Por si le faltaran inconvenientes a los espacios culturales, ahora empezaron a sufrir un nuevo obstáculo. Las empresas proveedoras de electricidad comenzaron a reclamar pagos a través de mandatarios y abogados, los amenazan con el corte del servicio –pese a estar prohibido por el decreto 311/2020- y cuando quieren bajar su categoría de consumo, Edesur y Edenor amenazan con no restituirles su categoría sino hasta dentro de un año. En los grupos de empresarios del sector van y vienen capturas de pantalla con los mails de los cobradores y hasta se comparten audios cuando los abogados directamente los apuran por teléfono. “Lo que ustedes hacen es inmoral”, le reprocha en uno de ellos el responsable de un típico bar cultural palermitano a su interlocutor. Distintas cámaras empresarias y colectivos culturales reclaman la intervención del Estado para afrontar la situación e insisten con una propuesta de larga data: la tarifa cultural. Esta iniciativa surgió en 2016 al calor de los tarifazos macristas y volvió a tomar impulso ante lo que el sector entiende como “abusos” de las proveedoras de energía.

El problema aqueja tanto a pequeños como a grandes espacios de distintas ramas del arte. Página/12 dialogó con referentes de Clumvi (de los clubes de música), de Artei (las salas de teatros independientes) y de AAEDT (de los teatros comerciales de todo el país). Todos coinciden en que resulta imposible afrontar tarifas en este contexto y la mayoría dice que prefiere pagar los sueldos de sus empleados. Además, no pueden generar ingresos. Y denuncian que como las empresas no realizaron mediciones de consumo, sencillamente enviaron facturas con consumos supuestos por espacios que no pudieron prender ni una lamparita en todo este tiempo. A este problema se suman los alquileres, pues no todos los responsables de los espacios son propietarios de los locales donde funcionan sus teatros, salas de concierto o clubes culturales.

Si bien todos reconocen ayuda de parte del Gobierno Nacional y están a la espera de que se materialice la plata prometida por la Ciudad, advierten que necesitan la intervención del Estado. “Los alquileres son sensibles porque son acuerdos entre partes privadas, pero creemos que estaría bueno que el Estado interceda, y que por ejemplo muchas salas puedan renovar sus contratos cuando en septiembre se acabe el DNU que prohibe los desalojos”, plantea Alejandra Carpineti, de Artei.

Ignacio Perotti, de Clumvi, cuenta que con otros compañeros de la cámara recibieron mails y llamados telefónicos de empresas de cobro de deudas. Algo que, entienden en base al artículo 3º del decreto 311/2020, es improcedente. “El decreto dice que no te pueden cortar y vos después podés refinanciar esa deuda, pero además de apurarte te cobran un consumo que no tenés”, dispara. Además, están al aguardo de definiciones sobre cómo se abonaran esas facturas que queden impagas ahora. “Entendemos que deberían ser a tasa 0 porque no fue nuestra decisión no trabajar”, plantea. “Pero el problema ahora es que las empresas presionan a los usuarios”, distingue.

El otro punto de conflicto con las compañías eléctricas es la recategorización de los consumos de los distintos espacios. Para los locales comerciales, las facturas pueden ser T1, T2 y T3, según el volumen operado por cada lugar. La mayoría de los espacios pequeños es T2, mientras que las grandes salas teatrales o de recitales son T3. Cada categoría tiene un monto fijo a pagar. En el caso de T2 puede rondar los 15.000 pesos, pero en el T3 oscila dramáticamente entre los 50 y los 400 mil pesos. Por eso las cámaras piden bajar de categoría temporalmente, mientras los espacios están cerrados y no consumen. “Los costos fijos de electricidad que identificamos son muy altos –comenta Graciana Marco, coordinadora de AAEDT-, así que elevamos una solicitud al Poder Ejecutivo para que intervenga en regular esto que para muchos de nosotros significa entre un 30 y hasta un 70 por ciento de las facturas de luz”.

Para las tres fuentes consultadas por Página/12, la falta de certezas sobre el retorno de la actividad abre otra mirada al abismo. Los clubes de música, cuenta Perotti, están elaborando un protocolo para proponer al gobierno y conseguir una reapertura parcial que pueda permitirles dar clases, recitales por streaming o reinventarse momentáneamente como salas de ensayo, cualquier cosa que les permita subsistir hasta la reactivación. Maro, en tanto, es clara con la estrategia que busca la AAEDT: “otras industrias pueden planificar su reapertura, pero los teatros están suspendidos en su actividad y por las declaraciones de las autoridades serán seguramente de los últimos en reabrir: nuestro foco es garantizar la subsistencia hasta la reapertura”.

Aunque las urgencias apremian, los tres coinciden también en la importancia de conseguir una “tarifa cultural” para el pago de servicios, una tarifa que tenga alcance nacional y que ponga de relieve la importancia del sector para el desarrollo del país. “Creemos que hay una deuda política pendiente con el sector cultural, que pueda ser beneficiario de una tarifa social”, explica Carpineti. “Creemos que es el momento para ir por ello y que los espacios culturales tengan el lugar social que se merecen y sean acompañadas por el Estado”.