“La Oficina Anticorrupción nunca debió ser querellante en esos casos por tratarse de delitos de lavado de activos, materia específica de la Unidad de Información Financiera”. Así explicó a Página/12 Felix Crous la decisión de retirarse de la acusación contra Cristina Kirchner y sus dos hijos en dos expedientes, Hotesur y Los Sauces.

A través de una resolución presentada ante el Tribunal Oral Federal Número 5, a cargo de ambos procesos, la dependencia tomó la medida por considerar que los criterios utilizados durante la gestión de Laura Alonso no se ajustaron al rol de la OA, que solo debe querellar en los casos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional. De esta manera, la nueva gestión comenzó a ponerle fin al perfil persecutorio que había sido encencarnado la dirigente macrista contra los funcionarios que la antecedieron.

“Nosotros estamos emprolijando nuestras intervenciones. Yo dije cuando asumí que íbamos a tener una intervención restrictiva en la vida judicial y en eso estamos”, justificó Crous. Y adelantó que evalúan retirarse de otros expedientes.

En ese sentido, el texto enviado de manera electrónica a Comodoro Py detalla que en las dos investigaciones “el debido impulso de la acción penal (...) se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad”.

Según dijo el ex fiscal a este diario, la intervención judicial de la OA durante el macrismo significó un desequilibrio en las causas, en detrimento de los acusados: “El Estado ya tiene un representante en los juicios, que es el fiscal. La querella está pensada para los particulares damnificados institucionales o personales. Y hay casos en los que hay hasta cuatro entidades estatales frente al abogado defensor. Eso viola la libertad de armas”, afirmó.

En los casos Hotesur y Los Sauces eran tres los organismos del Estado que llevan adelante la acusación. Para el jefe de la OA “ningún sistema equilibrado puede funcionar así. Nosotros estamos tratando de darle una racionalidad a nuestro trabajo” .

Los dos expedientes, casi mellizos y cargados de irregularidades, fueron unificados luego de la etapa de instrucción y se encaminan a un único juicio oral a cargo de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg.

Hotesur

Esta es una investigación que se inició en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer. En mayo de 2018, Cristina Kirchner fue procesada junto a su hija Florencia y su hijo Máximo. El juez Julián Ercolini cerró la investigación en febrero de este año.

En esta misma causa, en 2017 Ercolini le embargó a Florencia Kirchner 4,6 millones de dólares de una caja de seguridad y el dinero que había en dos cajas de ahorro. El embargo, según su defensa, fue ilegal ya que “se originó en un episodio de carácter delictivo”. Es porque el juez Ercolini obtuvo la información de ese dinero por una presentación de Stolbizer, quien dijo que se habían producido “movimientos sospechosos” en las cuentas de la hija de la ex mandataria. Cristina Kirchner aseguró que los datos obtenidos por Stolbizer surgieron de un allanamiento realizado por Bonadío en el marco de otro expediente.

Los Sauces

Fue instruida por Claudio Bonadío es una investigación gemela a la de Hotesur. Y abierta por el juez fallecido cuando la Cámara le sacó la causa Hotesur y se la dio a Ercolini. Lo que fue calificado como una “una burda maniobra procesal” por parte del abogado de la familia, Carlos Beraldi. Según Bonadio, los alquileres de los hoteles de los Kirchner eran coimas a cambio de beneficiar a Lázaro Báez y a Fabián De Souza con adjudicaciones de obra pública. La defensa afirma que todos los alquileres están debidamente registrados y que fueron cobrados con cheques y a precio de mercado, por lo que no pudo haber sobreprecios.