La noticia de origen dice que un hombre de 34 años que recibió prisión domiciliaria por razones vinculadas a la pandemia de la covid-19 tardó menos de un mes en volver a robar y se tiroteó con agentes de la policía bonaerenses. A poco de escarbar en la información se advierte que la novedad tiene otras aristas impactantes: el ladrón, llamado José Eduardo Magri, había vuelto a su casa por decisión de la jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, la misma que difundió, con números truchos, la “fake news” de una suelta masiva de presos que nunca existió y que cuestionó la sentencia de la Cámara de Casación bonaerense firmada por el juez Víctor Violini, que establecía criterios para las domiciliarias que dejaban afuera delitos graves y violentos. Por esa noticia falsa, Márquez ya enfrenta un pedido de juicio político.

Si la jueza Márquez hubiera tenido en cuenta esos parámetros, Magri difícilmente hubiese calzado en el universo de beneficiarios, ya que tenía al menos cuatro condenas, la última a 6 años y 8 meses de prisión por robo agravado. Los argumentos de su resolución se basaron en que padece tuberculosis, por lo que estaba entre los presos con factores de mayor riesgo de contagio, y en que le faltaba poco para cumplir la pena, que se vence en noviembre. Tampoco le puso tobillera electrónica para controlarlo.

Como reveló Página/12, la magistrada también había concedido prisión domiciliaria a un condenado por homicidio, Víctor Manuel Carrizo, con el mismo argumento de la tuberculosis, que incluso en este caso estaba en tratamiento avanzado en la cárcel, y a pesar de la oposición de la fiscal Mariana Curra Zamaniego. Carrizo tiene una condena a 11 años y 6 meses de prisión. En ese expediente tampoco figura que haya existido una notificación a las víctimas, que es uno de los reproches generalizados en relación a la discusión sobre las domiciliarias.

El caso de Magri saltó a la luz porque volvió a delinquir: el miércoles por la mañana junto con otros cuatro hombres, rompieron con una maza la puerta de una casa en Ituzaingó, tomaron a uno de los integrantes de la familia de rehén pero otro de ellos llegó a avisar al 911. La policía entró a la vivienda mientras los asaltantes revolvían cajones y se desató un tiroteo en el interior. Uno de los agentes recibió tres disparos en el pecho pero lo salvó el chaleco antibalas, relataron allegados a la investigación. Los ladrones intentaron escaparse por los techos. Tres terminaron arrestados, dos lograron fugarse (uno de ellos se había quedado afuera como “campana”). Magri fue uno de los apresados, pero en el momento le dio a la policía un nombre y un DNI falsos. Dijo que se llamaba Jonathan Canteros. Los otros dos son Rodrigo José Barinaga, que había recibido libertad asistida en abril (sin relación con la pandemia) y Luis Alberto Bustos, con una condena más vieja ya cumplida.

La investigación penal quedó a cargo del fiscal Patricio Ventrichelli, de la UFI 2 de Ituzaingó, que ya los indagó. Magri dio un argumento absurdo: dijo que había sido obligado a participar del robo por el resto de la banda. Cuando la fiscalía rastreó sus antecedentes encontró por lo menos cuatro condenas por delitos contra la propiedad en su haber, y la última de ellas fue elevada –6 años y 8 meses-- por tratarse de un robo agravado. El cumplimiento de la pena terminaba a fines de noviembre próximo. Pero la jueza Márquez le había dado domiciliaria por padecer tuberculosis y tener mayor riesgo de contraer coronavirus. La misma magistrada había criticado el habeas corpus colectivo de Casación que decía que las personas privadas de la libertad que tuvieran factores de riesgo de salud y estuvieran acusadas de delitos leves debían considerarse entre los casos prioritarios para el otorgamiento de domiciliarias. Magri, que había estado preso en la Unidad 7 de Azul, no tenía una pena menor y es reincidente. Pero la magistrada se auto-justificó ante la consulta del periodista Antonio Laje: “Parecía muy lógico mandarlo a la casa porque era un paciente de riesgo, le faltaba muy poco para el vencimiento de la pena, estaba ya en condiciones de otro tipo de beneficios, no era una persona peligrosa, estaba enferma, hasta el médico estaba preocupado. Son cuestiones que uno mide desde la lógica del cuidado de la salud, y suponiendo que el otro va a apegarse a las disposiciones, y bueno (…) para este en particular no pedí tobillera porque estaba muy próximo el vencimiento de la pena”.

La resolución decía que Magri invocaba, además, una resolución del procurador del Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que recomendaba a mediados de marzo que fiscales y defensores propiciaran las domiciliarias por cuestiones de salud, pero no hacía distinción entre la gravedad de los delitos ni las circunstancias de los acusados, ni aludía a la consulta a las víctimas ni ningún otro factor. Por esas paradojas, luego Conte Grand –ex secretario de legal y técnica de María Eugenia Vidal— pidió revocar el habeas corpus colectivo firmado por Violini, por sus supuestas imprecisiones e incompetencia.

Márquez fue parte del elenco de voces más activas en la campaña del miedo que instaló que se estaban concediendo libertades a granel a presos peligrosos y cuestionaba el fallo firmado por Violini –en consenso con el resto del tribunal de Casación bonaerense— donde se hacía lugar a un habeas corpus colectivo con criterios para descomprimir la población carcelaria por la pandemia y las recomendaciones internacionales. Los mensajes ponían el énfasis en que detrás de todo estaba el Gobierno, tal como se vio reflejado en un cacerolazo surrealista. Y confundían adrede la diferencia entre libertad y prisión domiciliaria, aunque ningunas de las dos existieron en forma. La jueza Márquez, como agregado, difundió datos sobre libertades que resultaron no ser tales, lo que llevó a ella misma a desdecirse. Llegó a asegurar que se había liberado a 176 violadores durante la cuarentena, cuando en rigor el Servicio Penitenciario Bonaerense contabilizaba 38, menos que el año pasado en igual período, que habían sido 44. Luego, las domiciliarias por delitos contra la integridad sexual, rondaban la misma cifra. Las domiciliarias en general, por otros delitos, entre el 17 de marzo y el 17 de abril: 599, de una población carcelaria de 50.000 personas.

Márquez integra la organización macrista Usina de Justicia, desde donde se pidió el juicio político de Violini por la sentencia de Casación. Ella misma resumía sus críticas a ese tribunal diciendo, por ejemplo, que “la impunidad no puede ser la salida a cualquier problema, hoy la excusa es el coronavirus, más adelante puede ser cualquier otra”. También dejaba claro que se buscaba desacreditar al oficialismo político. “El Poder Judicial no puede resolver los problemas del Poder Ejecutivo. Si al Ejecutivo no le gusta hacer cárceles, es problema del Ejecutivo (….) si hay personas presas es porque cometen delitos, nosotros no inventamos causas. No podemos liberar así y acentuar la impunidad porque lo único que se hace es alimentar conductas transgresoras”. También sostuvo una máxima que ahora queda en duda: “En mi juzgado nadie se va si no tenemos todos los elementos necesarios”.  

Pedido de juicio político 

Una abogada platense presentó ayer una denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires en contra de la jueza Márquez. La acusa de la presunta comisión del delito de intimidación pública, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y realización de actos de parcialidad manifiesta. La denuncia menciona la difusión de datos inexactos en distintas entrevistas brindadas por la jueza sobre la supuesta liberación masiva de presos, en el contexto del hábeas corpus colectivo dictado por el Juez Víctor Violini.