“Compran a precio de ruina y venden a precio de saqueo”

Reclaman intervención estatal en una política de comercio justo

Organizaciones de la agricultura familiar sostuvieron que para garantizar el alimento como un derecho humano, el Estado debe crear una estructura contrapuesta a la lógica mercantil.

El precio del 70% de lo que comen los argentinos pasa por las manos de tres firmas supermercadistas (Carrefour, Cencosud -Vea, Jumbo y Disco- y Coto), que son las que venden esos alimentos. La mayoría de la comida expuesta en las góndolas se origina en la agricultura familiar. Antes de llegar a la venta minorista pasaron por la industria de alimentos y bebidas. Y pese a que son 14.500 las empresas del sector industrial, solo 28 concentran el 80 por ciento de los productos ofrecidos.

En esa concentración termina perdiendo una gran mayoría: los agricultores familiares, que venden sus productos “a precio de ruina”, y los consumidores, a quienes “les venden a precio de saqueo”.

La expresión contundente fue expresada por Esteban Coronel, de ATE Agricultura, una de las entidades que junto a la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), la Confederación Nacional De Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (FACAAL), el Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA), la CTA de los Trabajadores, y la Fundación Germán Abdala, presentaron un documento sobre la temática en el que se argumenta a favor de que el Estado nacional intervenga en pos de una nueva política de producción, distribución y comercialización de alimentos.

El alimento como un derecho humano se contrapone a la cada vez más limitada diversidad en la comida de la población argentina. La concentración de la industrialización y venta de los productos también alteró “los perfiles de consumo acentuándose peligrosamente los consumos de harinas, grasas y bebidas edulcoradas en detrimento de frutas y verduras”, dice el informe.

Otro punto abordado es el de las fuentes laborales: la industria de alimentos y bebidas genera más del 25% del total del sector manufacturero argentino ocupando más de 350.000 puestos de trabajo (agroindustria). La agricultura familiar, en tanto, representa el 63% de los 250.000 productores agropecuarios del país, según el último Censo Nacional Agropecuario. Y da trabajo a cerca de un millón de personas en forma directa, cifra “que puede ampliarse a 1,9 millones si se toman en cuenta los puestos indirectos, de acuerdo con informes del Departamento de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)”.

Ejemplos salteños

La situación en Salta se puede graficar (aunque nunca acabadamente, por la particularidad de cada sector) en algunos ejemplos.

En los Valles Calchaquíes una gran parte de las familias campesinas producen pimiento para pimentón. Su venta genera una fuente de ingreso monetario anual muy importante. Pese a haber cooperativas y asesoramiento, Coronel indicó que el manejo monopólico de la compra a granel por parte del molino La Virginia deja en precios muy bajos al producto ofrecido desde la agricultura familiar. Con lo poco que logran colectar de las ventas, los agricultores familiares compran semillas e insumos para continuar con la producción. También compran alimentos elaborados como harina, fideos o arroz a precios altos que también fueron impuestos por otros centros monopólicos de producción.

En un período muy corto que tuvo lugar en el gobierno de los Kirchner, se logró diversificar la producción, y con ello la fuente de ingreso, de los agricultores familiares. Desde la Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) se habilitó la producción vitivinícola familiar y el turismo rural. Se potenció con redes de organizaciones y cooperativas de Catamarca y Tucumán. Comenzó entonces a funcionar otro circuito de producción-consumo a nivel regional. Gobierno macrista mediante, las redes quedaron endebles y la mayoría de las familias agricultoras volvieron a producir pimentón (en peores condiciones) para el mercado monopolizado por La Virginia.

La producción de ganado mayor y menor en el Chaco salteño es otro ejemplo. Por intervención de la SAF se habían logrado mejorar los precios de venta del ganado de los pequeños productores a través de remates. Pero el proyecto se frenó también durante la era maccrista y los terneros volvieron a tener un precio conveniente sólo para los grandes productores o “comisionistas”. Estos van por los puestos de los campesinos y compran a un ternero a 56 pesos por kilogramo. Tras engordarlos, logran 80 pesos por kilo.

Esa es la realidad que contaron a Salta/12 los pequeños productores de Salta Forestal, en el departamento Anta.

En tierras fiscales que el ahora senador nacional Juan Carlos Romero cedió a empresarios cuando era gobernador de la provincia, coexisten en una relación complicada los pequeños productores con multinacionales como Cresud. Un informe oficial elevado al gobierno de la provincia da cuenta de esa relación “altamente conflictiva”. El informe indica que se expulsó a unas 200 familias que se dedicaban a la pequeña producción. Además, se prohibió que el ganado de los puesteros ingrese en los predios que formaban parte de la concesión a los grupos privados (https://www.pagina12.com.ar/240224-salta-forestal-proponen-que-cada-familia-reciba-casi-600-hec).

En esas condiciones los pequeños productores se ven obligados a vender a precio bajo sin acceder a mejoras para su producción. Cresud (que según un informe de la organización ambientalista Greenpeace deforestó en Salta 120.000 hectáreas en 18 años) tiene su frigorífico y también ofrece su producción a empresas que exportan. “También tienen negocios, mediante empresas subsidiarias, en centros comerciales, supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles en Argentina e Israel”, dice el informe de la asociación ambientalista.

Las entidades que ahora piden la intervención estatal para un nuevo modelo de comercialización, recordaron que durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner las mejoras “fueron modestas; hubo tracción de algunos productos por el mercado interno, pero otros siguieron con las mismas dificultades de años atrás; la comercialización de alimentos siguió un sendero privatizador y de pérdida de la producción local”. Sumaron en el informe que “la expansión de la frontera agropecuaria generó nuevos conflictos por la posesión de la tierra y los recursos naturales en general (bosque nativo, acuíferos y humedales)”.

En el gobierno de Mauricio Macri las políticas beneficiaron al llamado "modelo agroexportador… integrado por grupos económicos nacionales y extranjeros que tienen inversiones en otros sectores de la economía; están entrelazados con bancos, hipermercados, fondos de inversión, constructoras, empresas multinacionales proveedoras de insumos y exportadoras de granos y productos derivados (aceites, harinas, entre otros)”.

Formato estatal puro o mixto

La alternativa que proponen los firmantes del documento es contar con una ley de intervención del Estado en el sector, con formato de empresa estatal puro, o mixto, que contemple los intereses de la Nación, de las provincias y los municipios de todo el país. Defendieron la creación de una nueva cadena de supermercados público/privados (con la presencia estatal y de cooperativas). Proponen que sea desde allí que se abastezca a los sectores beneficiarios de la seguridad social. Esto permitirá a su vez un control de los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Además, se evitará la inflación agregada.

Se deberá privilegiar como proveedores de esta estructura a los productores familiares, a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas agrarias y agroindustriales, traccionando sus producciones.

Se sostuvo además la necesidad de impulsar la “compra de alimentos, productos, insumos y servicios provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y agricultoras familiares registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, (RENAF)”. Estos sectores deberán tener también la “prioridad absoluta en la contrataciones directas que realice el Estado Nacional para la provisión de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios, instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, Fuerzas Armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado Nacional. A tal fin se deberán suscribir convenios de gestión con las distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a cumplir”.

Con esta estructura alternativa se podría incidir en el principio de la concentración en la producción y comercialización del alimento. Pues en la actualidad, hay quienes desde el poder real “por su posición dominante en el mercado interno, manipulan los precios a su antojo, someten financieramente a las pequeñas y medianas empresas y son, desde hace mucho tiempo, uno de los principales generadores del proceso inflacionario y devaluatorio en la Argentina”, sostuvieron las entidades.

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