Documento conjunto de la CTA y la CCOO de España

Centrales obreras ante la pandemia

El informe muestra el posicionamiento de los sindicatos de Argentina y España ante las medidas adoptadas por los gobiernos. 
La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas.La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas.La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas.La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas.La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas.
La CTA reclama un impuesto a las grandes fortunas. 

Organizaciones obreras de América latina y Europa emitieron un informe en donde reflejan su agenda de reclamos en medio de la pandemia del coronavirus. En la región, las entidades gremiales presionan para que se incremente la presión fiscal sobre las grandes fortunas y se adopten medidas para repatriar patrimonios fugados al exterior. En tanto, los trabajadores europeos buscan que el Banco Central Europeo (BCE) financie medidas de contención social y permita a los países superar el límite del déficit fiscal. “Esta crisis pone de manifiesto el valor del trabajo y la importancia de la acción estatal”, indica el documento elaborado por las entidades españoles Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Fundación 1 de mayo y la CTA de Argentina.

El informe “Trabajo, sindicatos y Estado en la crisis generada por la Covid-19” muestra la respuesta de los gobiernos de España y de Argentina ante la crisis de la pandemia y el posicionamiento de centrales obreras de cada uno de esos países ante las medidas adoptadas. Además, refleja el estado de la discusión política en las entidades regionales obreras de mayor rango. Por el lado nacional, tuvo participación la CTA que dirige Hugo Yasky. “La salida de la crisis de 2008 implicó más neoliberalismo y más desigualdad. En los primeros momentos de la crisis muchas voces clamaron por la ´refundación de capitalismo´, pero una vez saneadas las cuentas del sector financiero con recursos públicos, se implementaron políticas de ajuste estructural”, comienza el informe.

La central obrera española resume las medidas puestas en marcha por el gobierno de ese país para enfrentar la crisis. Destaca que “se garantiza el 70 por ciento del salario a través de una prestación de desempleo y mediante negociación colectiva pueden determinarse complementos por parte de la empresa”. En el caso argentino, esa situación se atacó con la prohibición de despidos sin causa, la asistencia del Estado en el pago de salarios en un promedio del 50 por ciento de la plantilla laboral y la posibilidad de reducir el sueldo de bolsillo hasta el 75 por ciento para los trabajadores suspendidos.

En tanto, el gobierno español “tiene previsto que a partir del mes de junio se pueda percibir el Ingreso Vital Mínimo (IMV) por parte de todos los hogares con pobreza severa, que se cifran en un 20 por ciento del total. Se trata de una prestación para las personas carecen de rentas. La voluntad es que tenga carácter permanente, más allá de la crisis de la Covid-19”. Una medida análoga rige en la Argentina desde hace más de diez años con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, se creó el Ingreso familiar de Emergencia (IFE), de 10 mil pesos, que recibieron unas 8 millones de personas.

La CTA advirtió que “la acción del Estado se ve fuertemente limitada por el desfinanciamiento que se ha producido en años anteriores, y condicionada por el endeudamiento externo”. “Es por eso que hemos elaborado un proyecto de Ley para que se establezca un impuesto que grave de manera excepcional las grandes riquezas, con el propósito inmediato de sustentar la respuesta estatal ante la emergencia por el coronavirus. Esta propuesta moderada ya encuentra una férrea oposición de los sectores económicos concentrados y de las expresiones políticas que los representan”, indicó la central obrera. En la misma línea, el bloque de legisladores oficialistas está trabajando en un proyecto para gravar grandes fortunas. La CTA recordó que la Confederación Sindical de las Américas (CSA) también demanda la “adopción de políticas de tasación de las grandes fortunas, las ganancias y la confiscación de los fondos ilícitos ocultos en las guaridas fiscales en todo el mundo”.

La CCOO española reclamó "un plan de rescate europeo que establezca un presupuesto extraordinario de la UE mediante instrumentos de mutualización de la deuda para financiar todas las actuaciones extraordinarias y que posibilite que el Banco Central Europeo compre directamente la deuda pública de los países junto al aporte del Banco Europeo de Inversiones". En tanto, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) pidió flexibilizar los límites para que los países suban sus déficits fiscales.


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