El gobernador apuntó contra dirigentes políticos 

Desalojo y represión sin orden judicial en la toma de barrio Justicia 

El Ministerio Público Fiscal aseguró que está propiciando mediaciones y que no pidieron desalojar. La Policía justificó otro procedimiento con el decreto ante la pandemia
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La Policía en el barrio Justicia  

Se produjo otro desalojo con represión en la tarde del lunes. Esta vez fue en la toma de unas 51 familias de terrenos fiscales ubicados al final del barrio Justicia, que llevaba 15 días. 

El abogado de la Fundación Divergente, Franco Gorriti, que brinda asesoramiento legal a los vecinos, sostuvo que la Policía no mostró ninguna orden, ni dio nombres de fiscal o juez interviniente. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no se emitieron pedidos para desalojar ni reprimir y que, en cambio, están propiciando que se realicen mediaciones. 

Temprano por la mañana, el gobernador Gustavo Sáenz en el acto de la Revolución de Mayo, responsabilizó a dirigentes y punteros políticos por los asentamientos. A su vez la Policía de Salta justificó el desalojo del domingo a la noche en baldíos de los barrios Solidaridad y Sanidad por "atentar contra la salud pública", en el marco del aislamiento obligatorio por la Covid-19.  

El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que por órdenes del procurador general Abel Cornejo, los fiscales no están solicitando desalojos. "La decisión del procurador es que se alienten todas las mediaciones que impliquen censar las necesidades de todos los asentados para ver qué respuestas les pueden dar los organismos oficiales", se indicó oficialmente. 

"La Policía actúa con falta de procedimiento adecuado. Llegan y dicen que tienen orden de desalojo pero no la muestran y no quieren decir cuáles son las autoridades competentes", planteó a Salta/12 el abogado Gorriti.

El vecino Fernando Quinteros, quien se encontraba en la toma del barrio Justicia, manifestó que en su caso, como el de otros vecinos, se encuentra en situación de calle y sin trabajo, con hijos a cargo. "Pedimos un lugar donde vivir y construir un sueño, una casa. Nosotros no somos de ninguna organización, no somos de ningún partido político, nos asentamos por necesidad. Nos reprimieron Infantería y las fuerzas policiales. Hay 8 o 10 personas heridas con balas de goma y de pintura, entre ellas mujeres. Hay un hombre con discapacidad hospitalizado al que le bajó la presión. Había muchos niños y niñas", afirmó.

Como pasó el domingo en el asentamiento sobre la ruta 21, camino a San Agustín, el vecino señaló que la noche del sábado otro grupo de familias intentó a sumarse a esta toma en el barrio Justicia, y consideró que eso también habría motivado la represión. Quinteros añadió que ellos entienden a estas familias y no se enfrentaron con ellos. 

Según el Ministerio Público Fiscal, hubo dos incidentes en los que participó la Policía. El domingo, para evitar que se asentaran más familias en la toma del Justicia. Y ayer a la tarde cuando parte de estas familias volvieron a intentar asentarse y eso provocó la reacción de las que ya estaban en la toma. No queda claro cómo, pero el resultado final fue el desalojo total del terreno. "No hubo orden de desalojo; solo medida de no innovar", sostuvo el Ministerio Público Fiscal. Añadió que la Policía intervino "de oficio" y "luego dio intervención al fiscal" penal Marcos Molinati, y se estableció una consigna "para que los grupos no vuelvan a ingresar al terreno".

Para Gorriti, "no se resuelve el problema de fondo desalojando a la gente", y los funcionarios de gobierno deberían brindar soluciones ante el déficit habitacional. El abogado cuestionó al gobernador Sáenz por "echarle la culpa a las organizaciones sociales de fogonear los asentamientos". 

“Les pedimos a los dirigentes políticos y a los punteros políticos que no se aprovechen del momento que estamos viviendo. Estoy convencido de que esto es político porque no se pueden armar seis asentamientos en dos días. Alguien los motoriza, los motiva, en un momento difícil que pone en peligro a todos”, expresó Sáenz en el acto oficial por la Revolución de Mayo. 

Gorriti dijo que el gobernador tendría que exhibir pruebas para hacer estas afirmaciones. Desde la fundación que integra planteó que no incentivaron ninguna toma, sino que se acercaron a colaborar con alimentos, que difundieron el protocolo de cuidados que debe tomar la gente ante la pandemia de la Covid-19 y a brindar asesoría legal porque sabían que podía haber desalojo, represión, heridos y causas penales. 

El abogado anticipó que presentarán un amparo colectivo "para que la gente pueda hacerle conocer a un juez su situación de vulnerabilidad y necesidades". Sostuvo que la provincia debe dar terrenos a la gente que los necesita pero en otro lugar, porque el asentamiento en el que estaban está a pocas cuadras del vertedero San Javier, por lo que sería insalubre. 

"Tenemos pobreza estructural del 45% de la población. Las casas de las familias pobres quedan chicas. Pasan a vivir 5 o 6 familias en la misma casa", dijo Gorriti.

Por incumplir la cuarentena

El domingo, la Policía de Salta desalojó a vecinos que se asentaron en un descampado de la primera etapa del barrio Solidaridad. La institución informó que realizó "el despeje de más de 300 personas que se concentraron incumpliendo las medidas nacionales y provinciales ante la emergencia sanitaria. Pasada las 21.30 el Centro de Coordinación Operativa desplegó un importante procedimiento de seguridad del que intervinieron distintas áreas de la Policía para resguardar la salud pública y evitar la ocupación ilegal de terrenos. Estaban divididos en tres grandes grupos con intenciones de tomar terrenos privados para asentarse de forma simultánea en la etapa primera de barrio Solidaridad y las etapas 1 y 2 de barrio Sanidad", sostuvo la fuerza.

"Luego de las intimaciones realizadas por los efectivos ante la violación de las medidas de bioseguridad y comisión de los delitos un importante grupo de personas se retiró del lugar de forma pacífica, mientras que otro grupo menor arremetió contra los uniformados arrojando piedras. Se registraron dos policías con heridas cortantes y politraumatismos. También equipamientos de protección dañados", añadió la Policía. La fuerza aseguró que intervino el fiscal Molinati y el Juzgado de Garantías de turno.

La Policía detalló que en el año se registraron 38 tomas ilegales de terrenos en toda la provincia, "contando con las registradas en la última semana en los barrios Ampliación Parque la Vega, San Calixto y otros sectores de la ciudad. En esos casos interviene la Fiscalía Penal 3 (a cargo de Pablo Paz) el Juzgado de Garantías correspondiente".

La vecina y representante de las familias que estaban en la toma, Abigail Janco, dijo que se retiraron por la represión. Su tío, Rodolfo Yurquino, resultó herido en la rodilla derecha durante la balacera. Janco informó que sigue internado en el Hospital San Bernardo. "El tío estaba defendiendo a mi prima. Le pegaron los efectivos de Infantería dos tiros en la pierna, estamos tratando de ver si eran balas de goma. Tiene custodia policial en el hospital. Nos dicen que tiene una causa por usurpación, agresión a los efectivos y por resistirse a la autoridad. Mi tío tiene dañada las arterias. Perdía mucha sangre", indicó.

"Hay un policía que está herido, dice que mi tío lo atacó con un machete, en ningún momento pasó eso. Los que intervinieron fueron de Infantería. El casco del policía estaba lleno de sangre se supone que lo tiene que proteger", planteó Janco. "Nos vamos a seguir manifestando para hacernos escuchar y que gobernador vea la necesidad de la gente", añadió.

Posible desalojo

En la toma que se encuentra camino a San Agustín, al costado de ruta provincial 21, el representante de más de 200 familias, Luciano Aguirre, manifestó que en la noche del lunes Caballería golpeó a dos hombres de la toma. "La gente está con miedo. No dejan ingresar agua ni víveres, ni a un vecino que se acercó con una tarima en una camioneta para que hagamos fuego. Hicieron derramar los bidones de agua potable en el canal (Tinkunako). Caballería les pegó a dos muchachos que quisieron entrar. No quieren dejar salir a mujeres embarazadas para resguardarlas. Después del comunicado del gobernador se nos está viniendo todo encima. No somos punteros políticos. Están jugando con el miedo", dijo.

Aguirre precisó que en el lugar hay niños y niñas, cuatro mujeres adultas en situación de calle, mujeres embarazadas, y mujeres sobrevivientes de violencia de género que se fueron de las casas que compartían con los agresores y no tienen a dónde ir. 

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