“Ahora sí siento que estoy preparada”, asegura Romina Moreno, quien después de años de barajar la posibilidad, finalmente aceptó trabajar en el puerto de Buenos Aires, el último lugar que empleó a su papá. José Manuel Moreno fue, hasta unos meses antes de ser secuestrado por una patota de represores, en 1977, empleado portuario y delegado gremial. Romina tenía poco menos de tres años cuando lo vio por última vez. Creció buscándolo con su mamá, siguió haciéndolo acompañada de otres hijes en H.I.J.O.S. durante los 90 y luego desde la Justicia, cuando se reactivaron los juicios. Llegó a una sentencia y sintió que la “reparación nunca es completa”, aunque conoció un “costado nuevo” de su viejo. Cuando la Comisión de Trabajo Por la Reconstrucción de Nuestra Identidad le comentó la posibilidad de obtener un empleo en la Administración General de Puertos, lo pensó y sintió que ahora era el momento. ¿Por qué? “Porque a 43 años pude sacarme el mote de ‘hija de desaparecidos’ y hacer honor completo a su legado”, cuenta. La cuarentena no le permitió, todavía, acudir a su lugar de trabajo, pero Romina ya camina los pasos de su papá.

El 3 de febrero de 1977, cerca del puerto, José Manuel Moreno fue secuestrado y trasladado a la Esma. Para entonces, ya no trabajaba en el puerto ni en la imprenta del diario La Razón, en donde había empezado a ganarse el pan desde sus 14 años, pero seguía siendo militante de Montoneros. Hasta algunos meses antes, además, había sido delegado de la primera sección de Puerto Nuevo, algo que Romina supo mucho tiempo después.

“Esa, la de dirigente sindical, es una parte de la historia de mi papá que reconstruí hace poco, gracias a los juicios”, destaca la hija mayor de José. Su secuestro, las torturas que sufrió y su desaparición fueron eje del tercer juicio que se llevó a cabo por los crímenes de la Esma, en el que Romina, su hermana Marcia --que no había nacido cuando se llevaron a José-- y la mamá de ambas, Eva, fueron querellantes. “La Justicia nunca es completa, ni siquiera en los juicios, porque los que tienen que hablar callan. Pero a mí me sirvió mucho porque conocí un costado nuevo de mi padre”, contó a PáginaI12.

En ese debate supo que José “era un tipo muy querido, no hay nadie que diga que fue mal compañero”, que “ayudó a quien pudo, siempre comprometido, algo que debe definir a todo delegado gremial”. Romina recuerda que a partir de conocer el camino gremialista de su papá pudo vincularse de otro modo con el puerto, un lugar que, ella siente, la “persigue desde hace muchos años”. “Las cosas suceden cuando uno está apto para acceder a ellas. Hasta hace algunos años no hubiera podido acceder a este puesto que se presentó ahora. Ahora estoy feliz y orgullosa de formar parte de la familia del puerto, la misma que nos negó muchísimos años el acceso a muchísimas cosas, empezando por la jubilación de mi mamá. Negaban la existencia de los aportes de mi papá. Éramos perros sarnosos. Fuimos estigmatizados”, describió.

Romina tenía casi 3 años cuando secuestraron a su papá. Su mamá Eva estaba embarazada de su hermana Marcia. José Manuel fue visto en la Esma y su compañera no hizo más que buscarlo hasta que fue, ella también, secuestrada. La llevaron a Puente 12 y luego fue blanqueada. Décadas después, Romina fue parte de la primera camada de H.I.J.O.S., agrupación que dejó a fines de los 90. A partir de entonces, se convirtió en una “militante de la vida”. “Yo cambié, crecí, maduré, entendí. Entendí que había que seguir en la vida adelante y vivir como mi viejo nos había inculcado. Mi viejo tenía 29 años y era una persona querida por todo el mundo. Si yo había tenido el honor de ser su hija, todas las herramientas que tomé, era tiempo de volcarlas desde el lugar en donde él siempre se brindó”, señaló.

Hace unos tres años, la Comisión de Trabajo Por la Reconstrucción de Nuestra Identidad las contactó para invitarlas al acto de reparación del legajo de José Manuel como empleado de la Administración General de Puertos. Como lo hicieron con cientos de otros ex empleados públicos que han sido víctimas de la última dictadura cívico militar, el registro que el Estado tiene de José Manuel como trabajador dice que está desaparecido a partir de una acción que busca “recuperar la identidad de eses trabajadores”, puntualiza el coordinador de esa comisión, Julián Scabbiolo.

Desde aquel momento, Romina no perdió contacto con ese grupo de trabajo que no solo impulsa la reparación de legajos. “Desde sus inicios, la Comisión tomó el camino de recuperar un valor cultural del movimiento obrero que es que les hijes de les trabajadores puedan ingresar al lugar de trabajo de sus padres, este derecho muchas veces cercenado de los convenios colectivos de trabajo por el neoliberalismo”, contó Scabbiolo. En este caso, la Comisión le solicitó al Ministro de Transporte que se incorporara a Romina al puesto de trabajo su padre, algo que se concretó a principios de mes y que, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio cumple en modo de teletrabajo.

Cuando Romina le contó a su mamá, ella gritó de alegría. “Por fin se hizo justicia, gritó. Ni cuando fue la sentencia del juicio la escuché así”, cuenta. Es que, “el trabajo da dignidad y lo que necesitamos nosotros, las hijas e hijos de desaparecidos, es reconstruir nuestra historia, la memoria de nuestros viejos y los lazos con la sociedad desde la dignidad”, plantea para poner de relieve la tarea “destacable” que lleva adelante la Comisión y que, a su juicio, debe ser “impulsada por todos los estamentos del Estado”. En ese sentido, recuerda que los hijos e hijas de desaparecidos que fueron trabajadores públicos y perseguidos dentro del Estado durante el terrorismo son “un montón, pero solo 26 han sido incorporados en lugar de sus padres o madres”. “Que el Estado devuelva ese puesto de trabajo a la familia de la víctima es parte del reconocimiento de su responsabilidad en lo que les pasó”, concluyó.