El plenario presencial de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia acordó abrir un sumario a raíz de la aparición de un arrepentido, perteneciente a un grupo narco, que declaró que actuó como sicario, contratado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en 2018. El individuo admitió que junto con dos agentes de la central de espías colocó medio kilo de trotyl para amenazar a un entonces funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, que supuestamente competía con Gustavo Arribas por el sillón de Señor 5, o sea el puesto de jefe de la AFI. La Comisión le pedirá más datos al juez de la causa, citará a testigos e invitará al periodista Carlos Pagni, de La Nación, que según parece mantuvo un diálogo con Arribas sobre ese hecho gravísimo. También se abrió un expediente respecto de la denuncia de Cristina Caamaño por espionaje ilegal de mails de oficialistas y opositores y, a pedido de los representantes de Juntos por el Cambio, otro sumario por la intervención de la Gendarmería, con un informe secreto, sobre mineros de Andacollo en la Patagonia.

De los 14 miembros de la Comisión, que preside Leopoldo Moreau, estuvieron presentes 11 y tres participaron por videoconferencia, con conexión directa, no por el sistema de reuniones. Eso mejoró la confidencialidad, ya que se consideró que por los temas a tratarse, debía ponerse el acento en la presencia personal de cada diputado y senador. La figura más conocida de la oposición en esa comisión es Cristian Ritondo, una de las espadas fuertes del macrismo en Diputados.

El caso Vila tiene dos arrepentidos. Por supuesto que no el ex funcionario, que es el denunciante y al que le pusieron el explosivo, sino un ex agente de inteligencia y un narco. Este último habría admitido ante un juez que, en combinación con dos integrantes de la AFI, en 2018 pusieron una caja con medio kilo de trotyl frente al edificio de la avenida Callao donde tiempo antes vivió Vila. En la caja había un cartel que decía "José Luis Vila ladrón", armado con trozos de diarios. Todo indica que la operación fue una amenaza ya que hubo una llamada al 911 para advertir que la caja estaba ahí, o sea que no hubo intención de que explotara. Además, Vila ya se había mudado de ese edificio y ese día de julio de 2018 estaba de viaje en Madrid, en una misión oficial como subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa. Medio kilo de trotyl --un explosivo típicamente militar-- es una cantidad importante, con capacidad para destrozar un auto y provocar graves daños. Mucho menos que eso, sólo 200 gramos de trotyl, se usaron para matar 11 personas en el subte de Moscú.

Este diario consignó el hecho el 12 de julio de 2018 y se trazaron varias hipótesis, entre ellas una pelea por alguna compra de material militar o una interna en la AFI, dado que Vila revistó en la SIDE de la mano del radicalismo, su partido de origen. En su momento, el gobierno de Cambiemos sugirió que se trató de un auto-atentado, para ubicarse en la carrera por el sillón de la AFI, pero el narco y el ex agente desmienten esa versión.

La Comisión Bicameral resolvió crear una subcomisión de tres miembros, dos oficialistas y un opositor, que tratarán el caso. En principio le pedirán una ampliación al juez que tiene la causa y citarán a varios testigos. También se invitará a Pagni que, según parece, mantuvo un diálogo con Arribas sobre el hecho y se cruzarán datos con otras causas: el ex agente de la AFI, que declaró ante el magistrado, figuraría también en un expediente armado contra Hugo y Pablo Moyano.

En paralelo, también este miércoles se trató la denuncia de Cristina Caamaño sobre el listado de direcciones de mails que aparecieron en una computadora dentro de la AFI. La Comisión, por pedidos de los miembros de Juntos por el Cambio, decidió formularle preguntas a Caamaño, pidiéndole precisiones sobre fechas del archivo, cómo fue la cadena de custodia y otros detalles.

Una tercera cuestión que se acordó, también por pedido de la oposición, es el envío de un oficio al Ministerio de Seguridad a raíz de una supuesta operación de espionaje ilegal de la Gendarmería sobre mineros de la localidad neuquina de Andacollo. Integrantes del Centro de Reunión de Información de esa fuerza en Neuquén fueron puestos en disponibilidad a raíz de un informe secreto que se hizo sobre los mineros que cortaban la ruta 22.

La impresión es que el caso más avanzado es el que tiene que ver con el explosivo en el edificio de Vila. Sin embargo, todo indica que esta Comisión Bicameral tendrá mucho trabajo porque se anuncia una oleada de denuncias judiciales y legislativas que tienen que ver con operaciones de inteligencia y armado de causas durante el gobierno anterior.