El fiscal Pablo Paz acudió a la toma en el terreno cuya dueña es Rosario Marinaro, quien pidió la restitución. En principio, el funcionario intimó a las familias a retirarse de forma voluntaria en un plazo de 6 horas. Después, mediante la intervención de la abogada Antonieta Plaza en representación de la delegada Natalia Yapura, consiguieron que la fiscalía les dé tiempo hasta el domingo y pidieron que se oficie al presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para que se haga presente en el lugar y escuche la demanda habitacional de los vecinos y las vecinas. La Policía tiene valladas las entradas al asentamiento. 

"Vino el fiscal Paz a las 13.30 a hablar con nosotros. Trajo una notificación, quería que desalojemos en 6 horas, pero no llegó ninguna orden de desalojo. El fiscal dice que quiere una solución para nosotros, que actúa porque hay una denuncia", contó el vecino Fabio Rodríguez. El hombre tiene 40 años, es albañil y dijo que ante la situación del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 no puede trabajar y no llega a pagar el alquiler. En su caso tiene dos hijos adolescentes a cargo. El martes hubo una intimación previa para desalojar, muchas personas se fueron por temor a una represión, el vecino estimó que quedaron alrededor de 80 familias al costado de la ruta provincial 21 camino a San Agustín.

Alrededor de las 17, Plaza y Yapura se reunieron con Paz en la Ciudad Judicial. La letrada dijo que lograron alargar el plazo para el desalojo hasta el domingo a las 18. La delegada se comprometió a que desocuparán el lugar pero solicitó que se presenten las autoridades del IPV en la toma porque esperan respuestas del gobierno ante el déficit habitacional. 

Plaza dijo que hablaron con el fiscal para que oficie al presidente del IPV, Gustavo Carrizo, a que vaya a la toma. "Utilizamos la buena voluntad del fiscal para que nos dé un plazo más extendido para el desalojo y evitar el uso de medidas de fuerza como la represión. El planteo de la delegada es '¿si no es aquí, a dónde?'. La idea es generar canales de diálogo con funcionarios del gobierno que den respuestas. La toma es para visibilizar la cuestión de la vivienda. No hay política pública que dé respuesta en este marco de pandemia", sostuvo Plaza.

La abogada planteó que la pandemia ha acelerado la pérdida de trabajo y que esto ha provocado que mucha gente deje de alquilar por no poder pagar y se vaya a domicilios de familiares donde quedan hacinados y viven una situación de desesperación.

La vecina Xiomara Aguirre, dijo a Salta/12 que todo está vallado y la Policía no les permitía el ingreso de comida ni agua aunque la situación habría cambiado en el transcurso de la tarde. "Si salimos, no nos dejan entrar más. Las mujeres que trabajan haciendo tareas de limpieza o cocinando no pudieron salir", sostuvo.

El Ministerio Público Fiscal informó que se realizó una audiencia en la que intervino el Centro de Mediación pero no pudieron brindar información por un acuerdo de confidencialidad firmado. 

Plaza consideró que el tema tiene que salir del ámbito penal y tramitarse por vía civil. Dijo que la toma no es un acto de vandalismo. "La persona que desalojás de una toma va a quedar en una situación peor. Eso no está siendo abordado. Muchas en el asentamiento son mujeres y cabezas de familia, tienen carpeta en el IPV y no pasa nada", afirmó.

"Nada que ver"

En la toma existen versiones de que intervienen punteros políticos de la CCC y de Barrios de Pie. También el gobernador y sus funcionarios sostienen que hay organizaciones políticas y sociales "instigando" las tomas.  

Consultado por Salta /12, el referente de Barrios de Pie, Ignacio Palarik, dijo que su organización no tiene "nada que ver". "Reconozco la emergencia habitacional pero sería absolutamente una locura y una irresponsabilidad salir a promover la toma de terrenos. Más aún en circunstancias sanitarias como las que atraviesan el país y la provincia", sostuvo.

Palarik dijo que si el gobernador tiene "datos y pruebas sobre lo que dice debería denunciar a quienes se aprovechan de la necesidad. Y además, generar una mesa de trabajo con la gente que se encuentra en esa situación desesperante, para llevarles tranquilidad y una posible solución al problema". 

Por otra parte, la referenta de la CCC, Gisell Fernández, afirmó que es falso que esa organización esté en la toma. Dijo que si las familias les piden ayuda tienen predisposición para brindarla con ollas populares o con la merienda. Ante la versión de que llegarían desde su organización con machetes el domingo, Fernández planteó que no es el proceder de la CCC. Indicó que suelen movilizar por reclamos sociales pero que no actúan provocando choques con la Policía ni situaciones de violencia, sobre todo precisó que suelen protegerse de la represión policial cuando hay niños y niñas como en este caso. La referenta también señaló que observan la situación de vulnerabilidad y de hacinamiento en los barrios donde tienen merenderos y comedores y que se ha agravado con la pandemia.

La Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió un comunicado en repudio a "la represión contra los asentamientos en los barrios Justicia, Sanidad y Solidaridad. Una vez más, en lugar de dar respuesta al reclamo de las familias sin tierra, el gobierno emplea la brutalidad policial". 

"Frente al sufrimiento de tantas familias sin techo exigimos una respuesta urgente. Que se aumente el presupuesto para viviendas, que se dispongan los recursos necesarios para la compra de terrenos, que se planifique una política habitacional. Porque hasta ahora lo único que hizo el Gobierno es mandar a reprimir asentamientos atestados de mujeres y niños", sostuvo la Mesa.