En un comunicado titulado “Indebida utilización de la Comisión de Justicia”, algunos de los/as senadores/as de Juntos por el Cambio, cuestionan la convocatoria que el oficialismo me formuló para exponer sobre la causa AMIA II (Encubrimiento) y, con absoluto desconocimiento y liviandad, me atribuyen haberme prestado a una “puesta en escena que pretende suplantar al Poder Judicial”.

Desconozco, y no me hago cargo, de las supuestas motivaciones que -en la inteligencia de esos legisladores- llevaron al oficialismo a efectuar esa invitación.

El ilegal proceder del ministro Garavano fue, oportunamente, puesto en conocimiento de las autoridades del partido y de los bloques parlamentarios; con la única excepción del presidente de la Convención Nacional, doctor Jorge Sappia, todos guardaron reprochable silencio, tal vez más preocupados por no enojar al ex presidente Macri que por ahondar en un tema de tanta gravedad.

Como se reconoce, la causa principal “no registra avances desde hace muchos años” y ello es porque el Estado y sus distintas dirigencias (los gobiernos) no han tenido decisión para investigar el atentado y condenar a los culpables, aunque la mayor responsabilidad es del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal.

El comunicado carece de la seriedad que impone cualquier referencia a la cuestión AMIA (un atentado que se cobró la vida de 85 compatriotas, dejó más de 300 heridos y destrozó la vida de muchísimas familias argentinas) y exhibe groseros errores que atribuyo -si se me permite- al profundo desconocimiento que los senadores tienen de las circunstancias que rodean la investigación del caso AMIA.

Mucho más grave es sostener que “el gobierno de Cambiemos… permitió que se avance en el juzgamiento de la causa AMIA II (Encubrimiento), a consecuencia de lo cual, después de más de 20 años de demora se condenó a varios de los acusados por el encubrimiento y desvío de la investigación de la causa principal”.

Si se me permite, he de efectuar dos observaciones.

La primera es que entre los condenados están los ex fiscales a los que Garavano y sus adláteres trataron de “salvar”, negándose a acusarlos.

La segunda es que ningún gobierno puede arrogarse la facultad de “permitir” que el Poder Judicial avance en el juzgamiento de causas sometidas a su decisión, porque ello configura una interferencia inaceptable de uno de los poderes del Estado en las atribuciones y competencias de otro, violatoria de la división de poderes ideada por la arquitectura constitucional.

Esta afirmación podría resultar, en el estado actual de cosas, un reconocimiento imprudente y peligroso.

Siempre he sostenido que, en política, hay que ser cauteloso y precavido porque, muchas veces, el inconsciente está muy cerca de los labios… o de la pluma.

La sentencia que condena a los ex fiscales -en consonancia con el pedido del Ministerio Público, representante de los intereses de la sociedad-, en los hechos, interpela al ex mandatario Macri por su descarada y torpe “operación política” para buscar la impunidad de los culpables, pero también entraña una “condena moral” para la dirigencia de la UCR, que silenció y toleró que se actuara con la inmoralidad con que se lo hizo.

Este episodio debe actuar como un “recordatorio” de que cada renuncia a los valores morales de la actuación política, encontrará finalmente “un tribunal”, judicial, social, político o de conciencia personal, que terminará por condenarnos.

Lamento que no se entienda que la designación en algunos cargos, como pago remiso y mezquino por nuestra participación en un frente electoral que proyectó a un partido vecinal al control del gobierno nacional, no puede justificar ninguna claudicación.

No comparto la idea de hacer política sólo oponiéndome al otro o callando pareceres que puedan ser usados a favor del opositor. Debemos tener nuestra propia visión de las cosas -no sólo reaccionar frente a lo que hacen los demás- porque, de lo contrario, nunca superaremos una grieta que nos impide pensar como Nación.

No hay que caer en el extremo absurdo de que si un gobierno -sea del signo que sea-, decide combatir el dengue, desde la oposición -sea la que sea- se salga a defender al mosquito.

Nuestros ciudadanos, víctimas de una prolongada e interminable crisis económica y de una pandemia que sorprendió al mundo entero, merecen algo más que lo que, como dirigencia política, les estamos ofreciendo.

Finalmente, y habida cuenta que mi posición en relación a la causa AMIA II (Encubrimiento) fue, en los hechos, compartida por la Coalición Cívica-ARI (partido que integra la alianza “Juntos por el Cambio” y que llegó a pedir el juicio político al ministro Garavano), sería bueno saber si sus integrantes participaron en la redacción del comunicado que por ésta contesto, o lo han avalado.

* Mario J. Cimadevilla es abogado, ex senador nacional, ex titular de la Unidad Especial de Investigación AMIA.