¿Qué opinan los movimientos sociales del operativo que cerró Villa Azul? Desde el lunes vienen coexistiendo críticas y acciones de cooperación entre militantes sociales, dirigentes políticos y el vallado de las fuerzas de seguridad que aísla al barrio. A las organizaciones sociales no las convence para nada ese despliegue de la policía; sin embargo, no están acentuando la confrontación, sino las acciones para integrarse al costado más ciudadano o sanitarista de la respuesta estatal: los movimientos llevan donaciones, en algún caso lograron proveer a la gobernación de alimentos de la economía social y son parte de los equipos que recorren casa por casa en busca de personas con síntomas del virus. La razón es que aún no está claro cuál es la mejor fórmula de respuesta ante un problema que, habiendo comenzado por los sectores sociales de altos ingresos, tiene un comportamiento bien clasista y afectará principalmente a los habitantes de las zonas precarias. De cómo se resuelva el escenario de Villa Azul dependen acciones futuras: el modelo con que el Estado va a encarar situaciones de crisis en otros barrios del Conurbano, si hay nuevos brotes, y las acciones para después de la pandemia, en el sentido de cuánto se va a avanzar, y con quienes, en las necesarias obras de urbanización.

Daniel Menéndez, coordinador de Somos Barrios de Pie y funcionario en el área de Desarrollo Social, fue entre los referentes territoriales el que planteó más abiertamente críticas al operativo de seguridad que cercó al barrio. El martes salió en los medios a cuestionar una medida de su gobierno. Venía de dar a conocer la muerte de Agustín Navarro, un militante de su agrupación dentro de la Villa 31, por el covid. Menéndez parangonó al aislamiento de Villa Azul con la creación de un gueto; a cuatro días de distancia, asegura que no fueron declaraciones hechas en un impulso. “Pensé bien lo que iba a decir y por qué”, señala a Página/12. Le parece un error “la espectacularidad del operativo” a cargo del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, porque lo entiende como un gesto que marca la cancha en un mal antecedente: acentuar el despliegue de las fuerzas de seguridad desmerece los esfuerzos que el gobierno viene haciendo por construir el consenso social para mantener el aislamiento. “Hubo una exagerada preeminencia del operativo, cuando la realidad es que la gente, una vez que supo que el virus estaba circulando en el barrio, no quería salir. El elemento que explica el aislamiento no es la presencia de la policía. El aislamiento es posible porque hay presencia del Estado distribuyendo alimentos y porque hay una estrategia sanitaria. La presencia de la policía es secundaria, y se la pone en primer plano por la espectacularidad que supone para los medios, y porque a algunos funcionarios les interesa tener un protagonismo mayor al rol que le está dando realmente el estado”.

Vale consignar que Menéndez no sólo se cruzó con Berni, sino también con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que replicó que las organizaciones sociales estaban criticando sin conocer la situación porque no tienen presencia en Villa Azul ni ayudaron en el rastrillaje de casos. La organización de Menéndez tiene comedores en la parte de la villa ubicada sobre Quilmes, y varias de sus militantes están internadas en centro de aislamiento de la Unqui.

¿Hay cortocircuitos entonces entre los intendentes y los referentes sociales del Frente de Todos? Lo concreto es que a pesar de las críticas, los movimientos acuden a los intendentes para acercar a la población aislada donaciones y fuerza de trabajo. Si llevan mercadería, no lo hacen de prepo: los llaman, les avisan de la actividad y los municipios les asegura que el cordón policial no tenga una reacción hostil.

Donaciones llegan muchas, todo el tiempo. Este viernes la cooperativa Buenvivir, comercializadora alternativa del MP La Dignidad, llevó 1600 litros de leche de la cooperativa tambera COTAR.

“Llamamos a (la intendenta de Quilmes) Mayra Mendoza y acordamos cómo acercarlos. Los recibieron los funcionarios del municipio, en una sociedad de fomento que está a una cuadra del vallado. Nos hubiera gustado llevarlos nosotros casa por casa, pero el operativo es muy estricto”, contó José Gazpio, militante de La Dignidad a pocas materias de recibirse de médico.

Gazpio da cuenta de las contradicciones que le genera el operativo: “Es una situación compleja; como militante, pasé por un montón de conflictos con la policía y pienso que llevarla a un barrio popular agrava los problemas; como estudiante de medicina, entiendo que había que cerrar completamente la circulación porque Villa Azul está pegada a Villa Itatí, que tiene 5 veces más población. Están separados apenas por una calle, y el peligro fue y sigue siendo que el virus haga otro foco, que se irradie para todos lados”. También reconoce las tensiones entre militantes sociales y dirigentes políticos que integran el Frente de Todos. "Es una tensión histórica y que existe también desde el momento en que a los movimientos se nos dio espacio en cargos de decisión. Venimos del episodio de la denuncia por sobreprecios en la compra de alimentos, en un ministerio que integramos pero donde no decidimos todo".

En la sociedad de fomento, Gazpio vio las bolsas de verduras de la UTT que el ministerio de Desarrollo Comunitario bonaerense compró a la organización de productores para abastecer a las familias. Antes de Buenvivir, La Garganta Poderosa llevó 6 mil viandas de comida caliente. En la vecina Villa Itati, al mismo tiempo, vecinos de 20 organizaciones sociales acompañaban el operativo Detectar. "Somos del barrio y tomamos la función de acompañar al responsable de salud, para que los vecinos abran la puerta y contesten el cuestionario. Si te vienen a tu casa y te hacen un montón de preguntas, no puede hacerlo gente que el vecino no conoce", explicó Maryluz Mendoza, del Frente Popular Darío Santillán.

Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, señala que el aislamiento de un barrio no es una medida rechazada en sí misma, sino que depende de que haya buena llegada de alimentos y atención médica. “El reclamo es que el estado esté presente y no falte la comida”. 

La pandemia pone también en primer plano la importancia de urbanizar las villas. En el conurbano hay casi mil barrios populares. Sumados, con nueve mil hectáreas con viviendas en las que faltan buenas conexiones de  dos de los estos tres servicios: agua potable, electricidad y cloacas. Los datos surgen del Renabap, el registro de barrios populares que los movimientos sociales, Caritas y la organización Techo hacen desde 2016 para impulsar políticas públicas. En base a este censo, en 2018 fue sancionada la Ley de urbanización de barrios populares, que espera desde entonces por su implementación, no sólo como herramienta para llevar los servicios públicos a los hogares sino como política de generación de empleo masivo.