Cuando el subsecretario de Movilidad Ciudadana se enteró en los primeros minutos de la siesta de este viernes, que su memorándum del miércoles 27 de mayo, por el que solicitaba suspender controles de tránsito y multas, quedaría sin efecto, avisó que no iba a continuar en el cargo.

Gilberto Pereyra no firmó ningún papel, no mandó WhatsApp, correo electrónico, ni mensaje de texto. Los que se tenían que enterar de su decisión, se enteraron.

Hacía pocas horas, casi nada, que el propio Pereyra había rectificado el memorandum del 27; cambió la palabra "solicitar", por "ordenar" suspender controles y multas por tiempo indeterminado.

Mientras el “ordenaba”, en vez de “solicitar”, su autoridad se estaba menguando. El coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad, Daniel Nallar, había tomado ante el presidente y el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, el compromiso de no aplicar el memorándum en cuestión, que fue el que desató el miércoles una protesta del personal con ribetes violentos, que inclusive perturbó una negociación que el propio Nallar venía manteniendo con el SIMUSA (Sindicato de Trabajadores Municipales de Salta), para satisfacer un petitorio de 13 puntos.

Los concejales Darío Madile y Ángel Causarano y otros ediles que el día anterior recibieron a los trabajadores del área, le transmitieron a Nallar su preocupación porque se afectaba una de las tareas esenciales del área de tránsito, como los controles y las multas. Le hicieron ver que el memorándum del subsecretario Pereyra, escrito por instrucciones suyas, contravenía partes esenciales de la ordenanza de tránsito y fundamentalmente delega facultades.

Nallar aceptó dar marcha atrás. Sin embargo, de este encuentro no hubo información oficial ni del Concejo Deliberante, ni del Ejecutivo Municipal.

Transcurrieron algunas horas y reuniones con variada tensión, hasta que apenas entrada la madrugada del sábado 30 de mayo, la Municipalidad emitió un parte de prensa en el que se anunció que la intendenta resolvió elevar la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana, al rango de Secretaría, con lo cual Gilberto Pereyra conserva cargo y refuerza su jerarquía.

Pereyra tendrá ahora la tarea de “avanzar hacia un modelo colectivo más ágil, sostenible, seguro y equitativo, para que convivan en la vía pública los peatones y los diversos medios de transporte”.

Hay un dato que no es menor: “la Secretaría de Movilidad Ciudadana trabajará en forma conjunta con la Policía de Seguridad Vial de la Provincia, teniendo la primera a su cargo la diagramación de la actividad de control que la segunda llevará adelante”. Advierte luego el comunicado: “Cabe señalar que esto no implica delegar facultades del Municipio en la Provincia, puesto que la Ciudad continuará dirigiendo los operativos y determinando dónde y cuándo se realizarán”.

Pereyra se preparaba para ser secretario, cuando a su oficina llegó la nota SIGA 3844 firmada por Daniel Nallar que dice textualmente: “Atendiendo a la normalización de la actividad que desarrolla esa subsecretaría, en lo atinente al retorno a sus lugares de trabajo de personal que se encontraba bajo aislamiento obligatorio, corresponde dejar sin efecto la suspensión parcial de actividades en la vía pública dispuesta por memorándum de fecha 27 de mayo de 2020. En tal sentido, conforme normativa vigente, podrán preverse operativos de control asignando previamente, mediante instructivo de la autoridad superior del organismo, las formas y condiciones pertinentes”.

Memo que va, memo que viene. Pocas veces se vio un enredo de semejante magnitud, a partir de una mala redacción o una mala interpretación.

Tránsito siempre tuvo agentes en un número muy inferior a las necesidades de ese servicio con respecto a la población y al volumen de vehículos en circulación.

Muchos de ellos fueron alcanzados, a raíz de la edad, por las restricciones impuesta por la pandemia. Tanto es así, que estaban trabajando poco más de una decena.

Lo que se quiso decir en el memorándum, es que los operativos se suspendían hasta tanto se reintegre todo el personal con restricciones, porque el número es claramente insuficiente para diagramar operativos eficaces, asunto que, según el tráfico administrativo disponible, se solucionó en dos o tres días de intenso intercambio de memorándum.

Las facultades de controlar y multar no están delegadas, pero no es menos cierto que con esta decisión la intendenta Bettina Romero redobla una apuesta fuerte para enderezar un organismo municipal en el que hay un elevado número de sumarios por faltas diversas, algunas graves y una imagen profesional general muy pobre y devaluada.

Cabe preguntarse ahora qué presupuesto tendrá la nueva Secretaría, cuál será su estructura, si podrá incorporar personal, cómo se regulará la relación con la Policía provincial, con qué boletas se harán las multas. Habrá que esperar que ingrese al Concejo Deliberante el pedido de tratamiento y aprobación del nuevo esquema, que es prácticamente el tercer cambio de fondo en el cuadro de cargos y funciones, en cinco meses de gestión.