El intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció que a partir del 8 de junio reabrirían los bares y los gimnasios. Nada dijo de los más de 60 espacios culturales que según censo del Colectivo Rosarino de Espacios Culturales (Crec) sobreviven en Rosario. Y es que los espacios culturales, como rubro de habilitación, no existen para la ley municipal. El 45 por ciento de ellos cuenta con habilitación, pero para obtenerla han debido disfrazarse en los papeles de buffet, peña o cantina, los comercios que no son en la realidad. Y la nueva realidad que rige desde el 20 de marzo los está asfixiando hasta la extinción.
"Desde que se dictó el aislamiento social y obligatorio en el marco de la pandemia covid-19, los espacios culturales de la ciudad y alrededores cancelaron todas sus actividades", declara un comunicado del CREC, donde se informa que de los más de 75 espacios que registró el censo, 10 debieron cerrar sus puertas. "Algunos de los que sucumbieron en estos dos meses fueron: La Bartolina, Le Bal, Bracco, Quilombo 27, Club 1518 y Combo Club, sumándose estas víctimas culturales del coronavirus a otras tantas de la recesión económica en los últimos cinco años: El Olimpo, El Espiral, La Chamuyera, La Isla, Nómade, Bienvenida Casandra, y algunas más. Con cada espacio cultural que se cierra desaparece un marco de pertenencia, un lugar de encuentro, una fuente de trabajo; también, un ámbito de formación, educación y recreación. En la grave emergencia que atraviesan los espacios culturales en Rosario se afectan dos derechos humanos: el derecho de cada persona y comunidad a tener acceso a la cultura, que es un bien universal en común para toda la humanidad, y el derecho de cada trabajador o trabajadora de las artes y la cultura a vivir (y mantener a su familia) de su trabajo", dice el comunicado.
"No son comercios. No es el fin llenarse los bolsillos. Son espacios de recreación, lugares de trabajo, ámbitos de contención social", explica Julián Chimi, del CREC. Chimi gestiona Puerta Naranja, un espacio cultural en el barrio Bella Vista. "Trabajamos con familias, niños, adolescentes, adultos, que obtienen un sentido de pertenencia al compartir vínculos y aprendizaje. Funcionamos en barrios donde la Municipalidad y el Gobierno provincial no llegan con la cultura, o llegan de un modo restringido porque funcionan en el centro y plazas. Están los distritos municipales descentralizados pero no todos asisten a los distritos. Estos espacios son lugares de circulación reales. Ponemos todo para poder brindar cultura, que es un derecho humano. Nos estamos jugando las cabezas personas que brindan un servicio que el Estado no da, o que da con poco alcance. No cobramos un sueldo por dirigir un espacio cultural. Nosotros le damos a la comunidad".
Los más de 70 días de inactividad transcurridos fueron y son una sentencia de muerte para estos ámbitos que subsisten fundamentalmente de los talleres grupales, donde mucho de lo que se hace (espectáculos, etc.) se brinda al público en forma gratuita, y donde incluso lo que se cobra recurre a modalidades accesibles como al sobre o a la gorra. Sin embargo, pese a la fragilidad económica, los gestores culturales cumplen con un alquiler y con las medidas de seguridad. "Alrededor de 200 personas trabajan en los espacios culturales locales. Muchas tienen como único ingreso ese trabajo, y muchas de esas personas tienen menores a cargo", informa Chimi. "No vivo de rentas, soy un filántropo sin recursos", ironiza.
En cuanto a posibles subsidios como los que se ofrecen desde el Fondo Nacional de las Artes, el no existir formalmente les impide postularse. A la fecha, bajo las nuevas disposiciones nacionales, estos gestores culturales ya no tienen permiso para circular. Ni siquiera pueden ir a los espacios a hacer un mantenimiento.
"No estamos pidiendo limosna, sólo que las condiciones sean viables", dice Chimi. En abril, el Crec tuvo una serie de reuniones virtuales con Federico Valentini (subsecretario de Industrias Culturales y Creativas) y Carina Cabo (secretaria de Cultura y Educación). El Crec les presentó un protocolo sanitario y de renserción laboral. También propusieron un proyecto de plataforma digital desde un portal que proveería la Municipalidad para que desde allí la población pueda acceder a las páginas de los espacios y allí enterarse de clases, cursos, espectáculos online, trayectos de formación y otras actividades. (Algo muy parecido hizo la Municipalidad de Rosario con 10 editoriales independientes). ¿Qué pidieron? Subsidios (inviables, eso ya quedó claro); exenciones impositivas (denegadas hasta ahora) y líneas de crédito a tasa cuidada. Y lo fundamental: permisos para circular de modo de poder ir a dar clases al menos online desde los espacios, y mantenerlos.
¿Qué sacaron en limpio? Todavía, nada. La lucha por ser reconocidos como rubro viene de hace años. El diálogo sigue abierto y Chimi sueña con que los espacios culturales sobrevivan en "una relación sana" de colaboración con el Estado local. "Hay acciones que se pueden hacer. Podría haber un acompañamiento municipal, podría haber un trabajo conjunto que sería una forma de reconocimiento", sugiere, en referencia a los onerosos requisitos que cuesta solventar desde un bolsillo de artista. "Un plano de habilitación sale 50 lucas. Los planos técnicos, el electricista, el gasista, la higiene y seguridad, se podrían resolver con personal técnico asalariado municipal. Vos me pedís eso para funcionar, yo te pido esto porque si no acá en el barrio no tenés nada", concluye.
