La cuarentena inflamó la problemática de la violencia institucional en todo el país: el control del aislamiento social en manos de las fuerzas de seguridad expone más de lo corriente a los sectores sociales que siempre son víctimas de los abusos. Sin ir más lejos, los más recientes casos de excesos policiales se dieron con la pandemia como marco: Florencia Morales y Franco Maranguello, quienes aparecieron muertos en comisarías de San Luis; Luis Espinoza , asesinado por una patota policial en Tucumán; cuatro jóvenes qom torturados y abusados tras un ataque a su casa en el Chaco. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, confirma que los casos de violencia institucional aumentaron en estos últimos meses, y advierte que hay una constante: “Venimos de cuatro años en los que estuvo todo habilitado. Y si bien siempre hubo abusos, cuesta reconstruir lo desandado. Lo importante es que el Estado responda rápidamente y con repudio”.
-- ¿Por qué?
-- Venimos de una lógica de las policías actuando sin control, de la doctrina Chocobar, de política represiva desde la protesta social hasta los pibes en los barrios. Siempre hubo casos de violencia institucional. Los hemos tenido en los gobiernos anteriores al macrismo y los vamos a tener ahora. Lo importante es responder rápido y repudiando. Porque eso es lo ejemplificador, lo corrector. Si hay habilitación política, seguirán habiendo, y en muchos casos es muy probable que haya impunidad luego. Pero si el Ejecutivo sanciona, el Poder Judicial se pone firme y la población también se compromete a denunciar, filmando abusos, todos alerta de que estas cosas no pueden suceder, será más fácil ir corrigiéndolo. La respuesta en el caso del Chaco fue casi inmediata. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y las secretarías provinciales nos preocupamos por seguir de cerca cada caso.
-- ¿Registra la Secretaría un incremento de casos de violencia institucional desde que impera el aislamiento obligatorio para prevenir la pandemia de coronavirus?
-- Sí. Han llegado más denuncias. Pero también estamos atentos a lo que circula a través de redes sociales, por donde muchas veces se viralizan esos casos antes de que se concreten denuncias. A través del Consejo Federal estamos en contacto con secretarios y subsecretarios de derechos humanos de las provincias. Ahí consultamos si vemos algún caso a través de las redes, y vemos la situación, si hubo abordaje desde los gobiernos provinciales, cómo ponernos a disposición de las familias de las víctimas.
-- ¿Hacen un cruce de datos con el Ministerio de Seguridad respecto de las denuncias que reciben ahí a través de la línea 134?
--Sí, la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional (a cargo de Mariano Przybylski) ha mantenido reuniones con el área correspondiente del ministerio y, en los casos federales, actuamos en conjunto. Yo también tuve varios encuentros con Sabina (Frederic, la ministra de Seguridad) para armar cursos de formación en derechos humanos en conjunto para las fuerzas. Además, aprovechando que la oposición política está observando los casos de violencia institucional y los está repudiando, que hay un florecer del compromiso sobre este tema, es un momento político propicio para trabajar leyes vinculadas al fortalecimiento de herramientas para combatir la violencia institucional. Desde la formación hasta el abordaje a las familias de las víctimas.
"Aprovechando que la oposición política está observando los casos de violencia institucional y los está repudiando, que hay un florecer del compromiso sobre este tema, es un momento político propicio para trabajar leyes vinculadas al fortalecimiento de herramientas para combatir la violencia institucional."
-- ¿Lo dice por la postura de ex funcionarios y legisladores de Juntos por el Cambio que condenaron los hechos de violencia más recientes? Pidieron su renuncia, incluso.
-- Claro. Hay que aprovechar la conciencia de todo el arco político de que es una problemática grave porque lo importante es que el repudio sea transversal. Nosotros nunca vamos a avalar que un policía mate por la espalda.
-- Los casos más brutales de las últimas semanas sucedieron en provincias cuyas autoridades no son opositoras: San Luis, Tucumán, Chaco. ¿Allí observan habilitación política a la violencia institucional?
-- No lo creo. En el Chaco celebramos el mensaje del gobernador (Jorge Capitanich) de ponderar, desde que reasumió en el cargo, los derechos humanos en la estructura de gobierno. Hoy en la Subsecretaría de Derechos Humanos chaqueña está la hija de Mario Bosch, Nayla Bosch, joven y con mucho ímpetu para trabajar la violencia institucional en la provincia, porque sabe que es una deuda de la democracia allí. La provincia se constituyó como querellante en la causa (por el ataque a los qom) y pidió la detención e indagatoria de los responsables en la causa.
-- Aún eso no sucedió.
-- Pero eso tiene que ver con los tiempos de la Justicia. Desde el punto de vista de la reacción de un gobierno provincial, nosotros no tenemos nada que decir. De hecho, la reacción de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros fue rápida y contundente. Por supuesto que, a nivel profundo, hay un trabajo grande por hacer. Pero eso no es solo en el Chaco.
-- Las víctimas de la violencia institucional son siempre las mismas: pueblos originarios en el Chaco, habitantes de villas y barrios vulnerables en otros puntos del país, ¿qué otras cosas se pueden hacer para modificar esta constante?
-- Claro. Pero es difícil cuando hubo un gobierno que estaba empezando a reparar estas cuestiones y llegó otro y tomó el rumbo contrario. Los recursos, humanos y de los otros, fueron recortados para estas políticas durante los años del macrismo. Hubo vaciamiento, se cortaron las políticas contra violencia institucional. La asistencia a las víctimas también. Ahora estamos rearmando, con poco personal en un momento en el que el teléfono no para de sonar. Lo que tengo claro es que si queremos erradicar a largo plazo la violencia institucional, lo que debe haber es sanción política desde la conducción de la fuerza. Lo que nunca puede haber es habilitación política para que estas cosas sigan sucediendo: discurso político de que será sancionada cualquier arbitrariedad, acción política rápida cuando suceden los casos. Y la Justicia tampoco puede mirar para otro lado. Y también darle herramientas a las fuerzas para que comprendan que la violencia ejercida de manera arbitraria las perjudica.
-- ¿Cómo es eso?
-- Hay que trabajar con las fuerzas de seguridad y darles herramientas para que comprendan que esos abusos terminan perjudicándolas a ellas y a sus integrantes. Que atarse al respeto por los derechos humanos, a la ley, también es su defensa. Tenemos que incluir a las fuerzas y no que queden paradas de la vereda de enfrente. No son las mismas fuerzas de los años 80 o 90 que convivieron con los crímenes de la última dictadura, que sobrevivían de la impunidad que reinaba en el país. Son otras generaciones.
--Así como se piensa en formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad, ¿se debería pensar en lo mismo para el Poder Judicial?
--Es otro poder. Y además, las leyes son claras en cuanto a cómo deben trabajar sus integrantes. Cuando un policía comete un acto ilegal, hay normas que lo penan. Lo que debería suceder es que avancen más rápido: que las causas no queden años y años trabadas.
