Es la única estación de servicio del pueblo

Por realizar una inspección, ahora no los dejan cargar nafta

Dos trabajadores del municipio de El Galpón, en la provincia de Salta, no pueden utilizar el servicio de la única expendedora de combustible de la localidad, en represalia por la clausura del bar que no cumplía las normativas Covid-19.

Miguel Coria y Cristian Quiquinto, dos inspectores de la Municipalidad de El Galpón , en el departamento Metán, tienen prohibida la entrada y venta de combustible en la Refinor ubicada sobre la ruta nacional 16.

La decisión de los dueños de la gasolinera se debe a que por los reiterados apercibimientos que recibieron por parte de la Unidad de Control de Actividades Exceptuadas de la localidad, a cargo de estos dos abogados, el municipio decidió clausurar su Refishop (cafetería).

Tanto Coria como Quiquinte denunciaron discriminación y autoritarismo por parte de Santiago Nogués, quien posee la concesión de esa Refinor, ya que, entre otras cosas, los obliga a movilizarse hasta Metán (a 48 kilómetros de distancia) para cargar combustible.

Miguel Coria es abogado asesor del municipio de El Galpón y está a cargo de la Unidad de Control de Actividades Exceptuadas, creada para garantizar el cumplimiento de los protocolos de la Covid-19 de aquella localidad.

Coria indicó que junto a los demás integrantes de la Unidad, controlan las distintas actividades exceptuadas para que cumplan la normativa sanitaria y de distanciamientos vigente. “Controlamos, por ejemplo, las citrícolas y la obra pública, como la del ferrocarril, o Nitratos Austin, que fabrica insumos para la minería y moviliza mucha gente”, explicó.

Comentó que en ese marco ya venían haciendo cumplir a todas esas grandes empresas, “pero nos dimos cuenta de que en la estación de servicio se hacía lo que querían”. Contó que los playeros no usaban barbijo, que les permitían a los camioneros “que vienen de todas partes” que paren, se duchen y duerman ahí, algo expresamente prohibido.

“Ahí comenzó el primer corto circuito porque ya se los había notificado y ordenado que cierren las duchas”, aseguró el asesor municipal, quien añadió que la empresa optó “como hace siempre”, por culpar a los trabajadores de lo que sucedía, “si las duchas estaban abiertas es porque ellos lo permitían, tienen cámaras para vigilar todo eso”.

Fueron al menos tres notificaciones las que realizó la Unidad de Control “y hasta el secretario de Gobierno y el intendente (Federico Sacca) les habían advertido que de no cumplir, deberían clausurar el bar”.

Para Coria, los dueños “siempre se manejaron como quisieron y nosotros no podemos permitir eso". Y subrayó que la estación de servicio “era una bomba de tiempo” en donde no se respetaba el protocolo Covid-19 estipulado.

El funcionario confesó a este medio que junto al intendente realizaron una inspección en la que pudieron constatar que había gente comiendo asado al lado de los camiones que venían de Buenos Aires, y que dentro del bar no se estaba cumpliendo con ninguna normativa.

Por esto, el mismo jefe comunal, a través de una resolución de la Comisión Interinstitucional para el Abordaje de Situaciones de Emergencia (CIPASE), decidió clausurar, a partir del 1 de junio, la zona de confitería, pero no el expendio de combustibles debido a que se considera esencial, más para un pueblo que cuenta con una sola estación de servicios.

Coria aseguró que desde ese día, ni a él, ni a Quiquinto los dejan cargar combustible. Pero no solo eso, sobre sus familias también pesa la misma prohibición. “Nos declararon personas no gratas y los expendedores nos dicen que es por orden del dueño”. Mientras, el concesionario de la gasolinera argumenta que puede ejercer el derecho de admisión.

Debido al daño que le genera tener que trasladarse hasta otra localidad para poder cargar combustible, Miguel Coria le pidió a la jueza de Paz local, Gabriela Miranda, que lo acompañe a constatar lo que estaba sucediendo.

Miranda labró un acta en la que hizo constar todos los dichos del denunciante y hasta detalló cómo Coria, junto a su hermano, tuvieron que empujar el auto de la playa de Refinor, debido a que ya no tenían nafta para moverlo.

Por último, el abogado consideró que a pesar de ser un mensaje para el intendente “quien tenía la potestad y tomó la decisión de clausurar”, los que están pagando los platos rotos son quienes estaban a cargo de realizar las inspecciones "y velar por la salud de todo el pueblo".

Coria adelantó que esta semana recurrirán a Defensa del Consumidor, a los juzgados de Metán, y al INADI por considerar que están sufriendo “un trato indigno”. “Aquí, por la posición dominante que tiene el dueño de la empresa y el monopolio del negocio, tiene aún más responsabilidad con la gente”, concluyó.      

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