Frente a diversos incumplimientos de los acuerdos a los que llegaron con las autoridades de Salud en las paritarias de febrero, desde la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES) decidieron adherir a la jornada de lucha dispuesta por su entidad madre, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), para este miércoles. 

Los incumplimientos involucran la falta de regularización de unos 4.000 agentes de salud precarizados o sin estabilidad laboral que están trabajando con contratos o con designación temporaria. 

El trámite que persigue esta regularización “se inició en 2016 y si hasta el 30 de junio no se cumple, pierde su estado” administrativo, dijo a Salta/12 la secretaria general de APSADES, Noemí López. Las autoridades gremiales darán una conferencia de prensa este miércoles a las 9 en su sede, ubicada en la calle España, y a partir de las 11 en distintos centros de Salud se realizarán algunas acciones para visibilizar la situación que atraviesa el sector.

Un cuarto de siglo de políticas "de arrastre"

Al hacer un paneo sobre la situación de Salud, López sostuvo que desde la época del ex gobernador (ahora senador nacional) Juan Carlos Romero “hubo una regresión del 25% en Salud”. Pasando por la gestión de Juan Manuel Urtubey, con el pacto fiscal macrista mediante y al llegar al gobierno actual calculó que hay 5.000 cargos que quedaron vacantes por jubilación o muerte de los agentes que los ocupaban. Esa plataforma de cargos es de los ’90, y “quedó obsoleta”, dijo la secretaria general. Reconoció que si bien desde APSADES no se busca “que arreglen ya lo que por años (las dos gestiones anteriores suman 24 años) viene de arrastre”, pero sí reclaman que “por lo menos cumplan con lo acordado”.

Entre los incumplimientos señalados se encuentra la falta de regularización de los trabajadores. Desde el 23 de marzo “tuvimos al menos 10 reuniones” para agilizar el cumplimiento del acuerdo paritario de febrero, relató López. Una de las pocas respuestas fue una autocrítica de la ministra de Salud, Josefina Medrano. Esto fue cuando, según contó López, los gremialistas se enteraron casi por casualidad que se había enviado a archivo parte de la nómina de algunos trabajadores que esperan su regularización laboral. Tras la queja gremial la nómina reapareció.

También se planteó recurrentemente que el bono de 20 mil pesos anunciado por la Nación para trabajadores de fuerzas de Seguridad y la Salud, sea para la totalidad de los agentes y no solamente para los expuestos a la pandemia. “Siempre la respuesta fue un no”, contó la gremialista. 

Acorralado por los reclamos de los trabajadores de Orán el gobernador Gustavo Sáenz anunció pública e improvisadamente el pago de ese bono a la totalidad de los trabajadores. El anuncio fue bien recibido pero causó molestias entre los sindicalistas que reclamaron el pago del bono en todo momento sin resultado alguno. De todas maneras, el anuncio sólo quedó en palabras.

Otro reclamo es la insuficiencia de recursos humanos y Equipos de Protección Personal (EPP), para afrontar la pandemia.

El acoso laboral y la falta de entendimiento entre trabajadores y algunos gerentes de hospitales causan una tensión que en estos momentos de atención a la pandemia genera un problema más. Frente a las quejas de los trabajadores los gremialistas habían solicitado que la oficina en la que se daba tratamiento a las denuncias sea refuncionalizada, algo que no sucede desde que inició la gestión Sáenz. Desde el Gobierno dijeron que sí. Pero como en otros casos, dijo López, el compromiso quedó en eso.

En este escenario, en tanto, las partes tienen que volver a sentarse en negociaciones paritarias en julio sin que hasta ahora se hayan cumplido acuerdos de febrero. “Si no hay confianza cómo nos podemos sentar entonces”, dijo López.

Judicialización del impuesto a las ganancias

Desde ATE Orán, el médico y abogado Cristian Villagrán presentó un recurso de amparo con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores de la Salud. En principio, por considerar que la ciudad de Orán es zona desfavorable, una característica que según el abogado, incide al momento de retribuir los haberes de otros organismos estatalaes, como la Justicia Federal.

El recurso se presentó el martes pasado ante el Juzgado Civil y Comercial de Orán. Es un amparo colectivo que además de pedir la inconstitucionalidad del impuesto, solicita hacer cumplir el principio “igual trabajo, igual remuneración”. 

El reconocimiento del pago por hora guardia en la Capital salteña, de 1.200 pesos en algunos casos, es tres veces mayor a los 450 pesos que reconocen a los médicos de Orán. “Con una medida cautelar se pide que hasta que no se reglamente el artículo 20 bis de la Ley de Impuesto a las Ganancias no se retenga el impuesto”, dijo Villagrán. Este lunes, en tanto, los trabajadores de la Salud se anoticiaban una vez más en los cajeros sobre el descuento.

Si hubiese decisión política no habría necesidad de judicializar esta disputa. Así lo entendió la referente de APSADES, Noemí López. Algunos abogados consultados por el gremio interpretaron que las excepciones de retención del impuesto a las ganancias alcanzan a los trabajadores de la Salud de Orán y de otras zonas desfavorables de la provincia. Y la gremialista afirmó que “hay profesionales de Orán cuyos recibos indican que trabajan en zona desfavorable”. De tratarse de zona desfavorable, la Ley permite que la administración provincial entregue un listado de personas exceptuadas en el pago del impuesto. Los abogados y legisladores consultados “nos dicen que la voluntad (de evitar ese descuento) tiene que ser del gobierno de Salta”.

“Lo que hacen con esto es retener parte del salario de los trabajadores y eso es un delito”, afirmó la titular de APSADES.