En el marco de la causa que investiga la presunta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri, la Policía Federal realizó un operativo en la Jefatura de Gabinete, donde requirió copias de expedientes.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal: Jorge Di Lello había requerido que se reuniera toda la información posible para avanzar en el expediente en el que se encuentran imputados el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco, entre otros.

La policía presentó la orden a través de la cual el juzgado reclamó todos los expedientes vinculados con las contrataciones cuestionadas, en una causa en la que también se investigan posibles desmanejos en la administración de la publicidad oficial.

Al impulsar la investigación, Di Lello sostuvo que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de un decreto firmado por Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la Jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a funcionarios de Cambiemos para que produjeran material publicitario.

La denuncia había sido presentada por la procuraduría especializada en investigar hechos de corrupción (PIA), que solicitó que "se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA."

Las empresas beneficiadas "serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral" que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación, en el año 2015, según se había detallado en la denuncia.

Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, 291.000.000 pesos provenientes del erario público, según el cálculo de la propia Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Los hechos denunciados demostrarían, sostuvo la fiscalía, "la existencia de una estructura montada por funcionarios para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del legítimo abono en contrataciones de forma habitual, eludiendo normativas administrativas y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales, como era la realización de campañas publicitarias oficiales".