La agenda postpandemia

DERECHO A LA CONECTIVIDAD

La crisis sanitaria y sus derivaciones en la vida cotidiana de las personas dejaron en evidencia que la conexión a internet y el desarrollo de capacidades para su eficaz utilización forman parte de los derechos ciudadanos contemporáneos.
Imagen: Leandro Teysseire

La pandemia de la covid-19 ha puesto en blanco sobre negro muchas situaciones habitualmente relegadas en el escenario anterior al que denominamos "normalidad" y al que realmente no sabemos si habremos de volver alguna vez. Así como han aparecido recursos antes impensados y manifestaciones maravillosas de solidaridad en el compartir, también saltaron a la vista muchas limitaciones y restricciones que coartan posibilidades y, sobre todo, lesionan derechos legítimos ciudadanos.

Es así que la conectividad digital se impuso como parte de nueva normalidad pero ya no como una elección sino como una necesidad vinculada con la integración social, la vida cultural y las posibilidades económicas. La exclusión del mundo de internet y sus beneficios era de por sí y antes de la pandemia un modo de marginación, pero todo ello se profundizó con la llegada de la covid-19. Y la nueva realidad se precipitó sobre muchas personas y familias como un agravante más de la ya de por sí agobiante situación que provoca la difusión del virus y el aislamiento social obligatorio.

Solo entonces parte de la sociedad argentina comenzó a ver que a personas y familias enteras se les hizo sumamente engorroso acceder a los mecanismos digitales para registrar un pedido, hacer un reclamo, abrir una cuenta bancaria a distancia o solicitar un beneficio. Pero más allá de ello la cuarentena hizo que el consumo de bienes culturales y de información solo fuera viable mediante la conectividad digital y con el avance de los días y la generación de propuestas en línea, también el acceso quedó limitado para quienes no contaban o no cuentan con tales posibilidades.

Es verdad que como sucede en gran parte del mundo, la conectividad y el uso las redes sociales digitales ha ido creciendo de distintas maneras en nuestro país: mayor cantidad de usuarios, más variedad pero también y sobre todo, más interacción. No menos cierto es que la cultura de la conectividad impone condiciones hasta hace no mucho impensadas en la vida cotidiana de los pueblos y de las comunidades. Pero también genera nuevas formas de exclusión. Por todo ello es necesario reflexionar acerca del tema del acceso, del uso de Internet y de las redes desde la perspectiva del derecho a la comunicación y de la participación popular democrática de los actores populares en nuestro país.

La conectividad digital ha dejado de ser -desde hace mucho tiempo- un privilegio para convertirse en una necesidad para todas las personas y, por lo tanto, en un derecho que le concierne a la condición ciudadana. Porque está relacionado con la información y con la cultura, pero también con los servicios, con la posibilidad de acceder a las políticas públicas, a la educación, a la salud, para mencionar tan solo algunas.

Pero el derecho a la conectividad a internet no puede reducirse simplemente a la conexión física, que debe ser de calidad y económicamente asequible: es inseparable del desarrollo de capacidades y habilidades de las personas para el uso de la red de redes y la eliminación de las barreras que existen para su uso adecuado y útil. Por ello es preciso considerar que no se trata solamente de cuestiones tecnológicas, sino de pensar al mismo tiempo las formas de acceso y apropiación de los diferentes grupos sociales, atendiendo a las condiciones sociales, políticas y culturales particulares de cada uno de ellos.

Hoy la conectividad a internet es parte integral del derecho a la comunicación que debe ser considerado como un derecho humano fundamental. Y tal como lo hemos afirmado en otras ocasiones, tal derecho tiene que ser entendido como un derecho habilitante del conjunto de los derechos, como una puerta de acceso a la integralidad de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Y le corresponde al Estado, mediante políticas públicas, asegurar las condiciones básicas para que tal derecho se haga efectivo, tanto en lo que hace a la conectividad física como a los procesos de capacitación para el desarrollo de habilidades para el uso de internet. Un tema más pero impostergable para incluir en la agenda de salida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

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