La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó esta mañana un habeas corpus colectivo y preventivo contra la violencia institucional en Salta. La acción fue presentada ante el Poder Judicial provincial por el secretario Horacio Pietragalla Corti, junta con el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría, Mariano Przybylski.
La Secretaría informó que a través de esta presentación, realizada ante Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, a cargo del Marcelo Domínguez, "se promueve una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Salta, debido a los graves hechos de violencia policial que se vienen denunciando en el territorio provincial".
El organismo nacional destacó que entre las numerosas denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y la Delegación de la Secretaría en la provincia, "se cuentan casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el Decreto provincial N° 255/2020, que se alejan de los fines buscados por el Decreto Nacional N° 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación del Covid-19, propiciando el menor contacto posible entre personas".
Se detalló que en la presentación se transcriben algunas de las denuncias recibidas y en ella los funcionarios nacionales advierten que los hechos descriptos no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un modus operandi extendido en el accionar de la policía provincial y de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098”.
Por estas razones la Secretaría de DDHH nacional solicitó la urgente intervención judicial para que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial N° 255/2020, convertido en ley esta semana, y se ordene al Gobierno de la provincia de Salta adecuarse a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia, y "abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos".
La Secretaría señaló que la solicitud está fundada en las atribuciones de tiene este organismo para llevar adelante todas las acciones necesarias con el fin de proteger a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, y "de esta forma evitar sanciones internacionales por incumplimientos del derecho internacional de los derechos humanos".
