Dos regiones claves del norte de España acuden este domingo a las urnas y el debate no gira en torno a los posibles resultados, sino en la polémica decisión adoptada por las juntas electorales de no permitir votar a los infectados por Covid-19. Galicia y el País Vasco deben renovar sus parlamentos autonómicos, que eligen a su vez a los gobiernos regionales, y se esperan pocos sobresaltos. Si no median sorpresas que de momento no entran en ningún pronóstico, los actuales presidentes renovarán sus mandatos. En Galicia, el conservador Alberto Núñez Feijóo, un moderado a quien en el Partido Popular se ve como un posible recambio para el liderazgo nacional de esa formación, si la pendiente hacia la extrema derecha de Pablo Casado lo lleva a un nuevo fracaso electoral. En el País Vasco, Iñigo Urkullu, un nacionalista también conservador que sin embargo ha llevado a su formación a entenderse con el PSOE para apoyar a Pedro Sánchez en momentos determinantes.

Las de este domingo son las primeras elecciones que se celebran en España desde que se desatara la pandemia de Covid-19 y vienen cargadas de una polémica de gran profundidad democrática. En una decisión que ha puesto las garantías sanitarias por delante de los derechos democráticos, los gobiernos gallego y vasco han anunciado la prohibición de votar a las personas que presenten síntomas de estar infectadas por coronavirus.

La decisión ha sido avalada por la Junta Electoral Central, la mayor autoridad en materia electoral del Estado, pero varios juristas han advertido que una eventual denuncia ante el Tribunal Constitucional podría salir adelante y tener efectos imprevisibles sobre la validez de los comicios. Además, ninguno de los dos gobiernos ha explicado cómo harán para hacer efectiva esa prohibición, ya que los contagiados no figuran en ningún registro. En España, además, los datos sanitarios están incluidos en la Ley de Protección de Datos y no pueden hacerse públicos.

Al margen de esta polémica, los gallegos acuden a las urnas con sólo dos incógnitas. La principal es si Núñez Feijóo consigue renovar la holgada mayoría absoluta que le permite gobernar en solitario desde 2009. De no conseguirlo, la oposición debería configurar una alianza a tres para desbancarlo que obligaría a poner de acuerdo al PSOE, el Bloque Nacionalista Galego y Galicia en Común, versión local de Podemos.

La segunda incógnita es si Vox consigue entrar en el Parlamento. Galicia es, junto al País Vasco, una de las comunidades donde la formación de extrema derecha no ha logrado hacer pie.

Para evitar perder votos por su flanco derecho, el presidente del PP gallego optó por una estrategia radicalmente opuesta a la del líder nacional, Pablo Casado. Lejos de escorarse hacia la derecha, optó por una campaña moderada en la que incluso vetó la presencia de algunos dirigentes nacionales del PP caracterizados por un discurso radical, incluida la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, a quien no se le permitió pisar Galicia en toda la campaña.

Además, Núñez Feijoó optó por una campaña centrada en su persona y donde el anagrama del Partido Popular desapareció de la cartelería. Por todos estos motivos, una victoria abrumadora del actual presidente no sería una buena noticia para Casado, que no solamente vería cuestionada su estrategia sino que también vería consolidarse a un dirigente que podría desbancarlo como líder nacional del partido.

Al dimitir Mariano Rajoy, en 2018, Feijoó ya fue propuesto para encabezar el partido, pero su renuncia a hacerlo desencadenó las primarias que encumbraron a Casado. Ahora tendría más difícil eludir esa responsabilidad si el actual presidente del PP encadena nuevos fracasos electorales.

En el Pais Vasco, en la línea de su tradicional atomización política, no se espera una mayoría absoluta, pero no está en discusión la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco, una formación que podría encuadrarse en la línea ideológica de la democracia cristiana pero con fuerte componente identitario vasco y una vocación independentista que no oculta aunque nunca llega a plasmar en iniciativas políticas concretas.

Lo más probable es que la segunda posición la ocupe Bildu, una coalición también nacionalista, aunque con posiciones de izquierda y en la que se integran, entre otras formaciones, los herederos de Batasuna, antiguo sostén político de ETA.

Sin embargo, lo más probable es que el PNV acabe pactando la formación del gobierno con el Partido Socialista de Euskadi-PSOE, la formación seguramente más votada dentro de la comunidad vasca españolista. Un eventual acuerdo entre nacionalistas y socialistas permitiría a Urkullu cuatro años más de mandato sin sobresalto y también ataría al PNV, cuyos grupo en el Congreso español puede ser decisivo, a posibles apoyos a Pedro Sánchez.

En el País Vasco las dos formaciones nacionales de derecha, PP y Ciudadanos, se presentan unidas, un experimento que de conseguir un improbable buen resultado podría alentar alianzas futuras en otras circunscripciones. La extrema derecha de Vox, que tampoco se sienta de momento en el parlamento vasco, aspira a conseguir al menos un escaño.