El fiscal Gustavo Ponce Asahad  confirmó ayer que investigan a 120 participantes en fiestas ilegales en Rosario. El registro corresponde al total de aprehensiones de los últimos dos fines de semana a partir del trabajo articulado con la Municipalidad y la policía para evitar reuniones que violen el distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el nuevo coronavirus. En tanto la secretaria de Control y Convivencia municipal,  Carolina Labayru, explicó que fue consecuencia trabajo del equipo especial de fiestas clandestinas que conforma junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. A través de sus actuaciones, desbarataron tres reuniones ilegales y clausuraron un bar, procedimientos en los cuales quedaron aprehendidas 85 personas, solo este fin de semana. Los restantes son de una fiesta electrónica anterior, que había tenio lugar en Campbell al 2900.

Ponce Asahad,  titular de la unidad fiscal especializada COVID-19, señaló que todas las personas involucradas “recuperaron la libertad porque no contaban con antecedentes penales, pero afrontan los cargos por la violación” de la normativa sanitaria vinculada a la pandemia.

Respecto de los últimos encuentros clandestinos, el funcionario judicial informó que sólo identificaron a un menor de edad en el procedimiento que se llevó a cabo sobre Santa Fe al 3100 el último domingo a la madrugada. Dado que 15 asistentes son de Brasil, también adelantó que notificarán al consulado honorario de ese país por la causa en trámite. “En el caso de que tengan una condena, es posible que el Estado argentino solicite la deportación”, advirtió.

En cuanto al proceso posterior, el representante del MPA aclaró que en la investigación pueden “distinguir quién es el organizador o anfitrión, pero todos afrontan los mismos cargos”. En tanto otro evento similar fue desarticulado en Buenos Aires al 4300 en donde quedaron apresados 43 personas. De igual manera por ruidos molestos el Equipo Especial intervino ante una denuncia efectuada al 911 en una vivienda ubicada en Dorrego 2400. En consecuencia, se ordenó terminar con la reunión y se ordenó la aprehensión de 14 personas por violar las disposiciones preventivas del covid-19.

Por otra parte, se detectó actividad en una rockería que funciona como bar y boutique en Mendoza al 1600, por fuera del horario establecido que es hasta las 23 con una hora de tolerancia. En el predio había una docena de personas que, de acuerdo con lo determinado por el MPA fueron aprehendidas.

Todos ellos serán sometidos a una audiencia imputativa en libertad. “Son conductas irresponsables y poco empáticas. No podemos poner en riesgo los esfuerzos logrados. En Rosario aún no hay circulación social de virus, pero sería terrible tirar los esfuerzos por la borda”.

Sobre las distintas marchas que se realizaron la semana pasada en la ciudad, aclaró que no recibió denuncias, aunque todo es materia de investigación: “Nadie discute el derecho de manifestante, pero dada la situación que estamos viviendo, hay que analizar alternativas a estas concentraciones masivas de gente”.

El Equipo Especial de Fiestas Clandestinas está destinado a detectar, a través de denuncias realizadas a la Central de Emergencias del 911 y al 147 municipal, celebraciones, reuniones y encuentros sociales que se desarrollen sin atender las normas previstas para detener la propagación del coronavirus en la ciudad en el marco de la fase actual de distanciamiento social.

“Hemos aunado fuerzas con la justicia para poder impedir la realización de actividades nocturnas que ponen en riesgo la salud de los rosarinos”, señaló Labayru, quien enfatizó: “Existen reglas muy firmes para desarrollar actividades en el marco de la pandemia que sólo obedecen a velar por la vida de todos. Nuestro deber como Estado es garantizar su cumplimiento sin tolerancia”.

Respecto de la metodología consensuada para evitar reuniones ilegales en vísperas del Día del Amigo, Ponce Asahad explicó que están en contacto con “autoridades de todos los niveles a raíz de las denuncias de los mismos ciudadanos cuando advierten gran aglomeración de personas”. A partir de allí pueden ordenar la intervención policial y luego proceder con las audiencias imputativas correspondientes. Las penas correspondientes según el artículo 205 del Código Penal van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.