El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó una demanda judicial para que el gobierno porteño presente un plan de protección integral para la población migrante que trabaja en la economía popular, sector de la población que atravesó la cuarentena sin ningún tipo de ayuda estatal y viendo impedida la posibilidad de salir a practicar la venta ambulante o bajo amenaza de ser detenido por la Policía. "Existe un problema estructural de exclusión que la pandemia hizo notar aún más", explicó el titular de la Defensoría en lo Contencioso y Administrativo Nº5,  Ramiro Dos Santos Freire.     

La demanda busca sentar a la mesa al Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad, que no dio respuestas a las notas y reclamos hechos por vía administrativa para paliar la situación de este colectivo en los cuatros meses que se lleva de pandemia. La presentación, que quedó a cargo de la jueza porteña en lo Contencioso y Administrativo Romina Tessone, fue elevada con el reclamo de un grupo de vendedores ambulantes senegaleses, la colectividad que más sufre la exclusión y también la discriminación y violencia por parte de la Policía de la Ciudad .  

El primer impedimento de la población migrante para recibir algún tipo de asistencia social es la exigencia de contar con dos años de residencia en el país, algo que se dificultó en los años de gobierno macrista, en particular con la sanción del decreto 70 , que estaba bajo análisis de la actual gestión , pero aún sigue vigente. Esto excluyó a este colectivo de la posibilidad de acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, según una encuesta del Espacio Agenda Migrante , también excluyó a un 77 por ciento de cualquier tipo de ayuda.  

La presentación del MPD se concentra en la situación en la Ciudad de Buenos Aires, donde existen varios programas de asistencia de emergencia como "Ciudadanía porteña", "Vivir en casa" o el de "Familias en situación de calle", pero ninguno fue un canal de asistencia para estos colectivos durante la pandemia. 

A la falta de asistencia y problemas de documentación, la colectividad senegalesa muestra la situación más vulnerable porque, a diferencia de quienes provienen de países limítrofes, no cuenta con el programa Patria Grande, que facilita la tramitación; no hay un canal diplomático establecido entre ambos Estados y, en caso de conseguir la documentación necesaria, debe enfrentar altos costos burocráticos y adminsitrativos. 

A esto se le suma la barrera dada por el propio lenjuage y la política de persecusión que sufre por parte de la Policía de la Ciudad. Según un informe de Violencia Institucional del MPD, sufrieron el 60 por ciento de los casos de abusos contra la población migrante. "Durante la pandemia esta situación persistió y se encuentran con un problema doble: no puede salir a trabajar y si lo hacen tienen encima a la Policía", apuntó Dos Santos Freire.

Un informe de la Secretaría Letrada de Economía Popular del MPD, que acompañó la demanda, precisa que a fines del año pasado 2804 personas trabajaban como vendedores ambulantes en la Ciudad, el 84 por ciento de ellos residía en la Capital Federal y el 60 eran extranjeros. El informe también apunta que países vecinos como Uruguay y Chile encontraron una alternativa a una política de persecusión : la regularización de la actividad.

"La ley de migraciones argentina es una ley modelo de América y en el mundo, pero después tenemos los hechos cotidianos que no se ajustan a esa norma. La idea de la demanda es acercar la realidad a la ley", confió el defensor porteño. 

Con ese objetivo, la demanda del MPD plantea una medida cautelar -aún no resuelta por la jueza Tessone- y la apertura de una mesa de trabajo con el gobierno porteño y organizaciones de la sociedad civil en la que se resuelvan, en lo inmediato, una asistencia alimentaria para el colectivo migrante y, en el largo plazo, desandar el camino para contener con una política de protección integral.  

"Poner sobre la mesa el debate de una solución integral para que todos estos trabajadores que están en condiciones de precariedad, y también sufren la discriminación y xenofobia, logren una integración social, partiendo de la base de la protección de sus derechos", insistió Dos Santos Freire.