Desde enero, todos los martes, a las 9 de la mañana, Lidia Pérez –que pertenece a la Secretaría de Políticas Antirrepresivas de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (Falgbt)–, llega al Complejo Penitenciario de Florencio Varela, para dar talleres a las personas LGBT encarceladas, con la idea de empoderarlas, y ver las necesidades de las chicas trans, en particular. Se queda hasta la tarde, a veces recién se va cerca de las 18. “Es muy gratificante”, dice. A diferencia de lo que ocurre en las cárceles federales, en las bonaerenses la población trans es trasladada a penales de varones. En la unidad 32 de Varela hay dos pabellones donde son alojadas las personas trans. “Algunas necesitan el cambio de documento o terminar la primaria. Hay un proyecto para empoderarlas en cooperativismo, tratar de que puedan armar una peluquería o un emprendimiento textil para que en el afuera tengan una salida laboral”, explicó Pérez.

La situación que enfrentan es crítica. En los últimos meses se produjo la muerte por abandono y falta de acceso a tratamiento médico, de dos mujeres trans que estaban detenidas, según denuncian distintas entidades como Otrans y el Frente de Organizaciones LGBTI La Plata, Berisso y Ensenada. Incluso, sostienen que fueron encarceladas arbitrariamente. La muerte de Pamela Macero Panduro se conoció el 1° de enero. La de Angie Velázquez, a mediados de marzo.

“Una de las muertes fue anterior a que nosotras empezáramos a dar los talleres desde la Federación Lgbtti y el Inadi. A Velázquez la conocimos, estaba muy mal de salud. Claramente es el abandono del Estado. Y la cárcel de Varela es el abandono del Estado. Las chicas trans no reciben medicación, en el caso de las que son portadoras de VIH sufren la discontinuidad en la entrega de los remedios, y la falta de testeos”, denunció Pérez, en diálogo con PáginaI12.

Además de trabajar para “empoderarlas”, apuntan al personal penitenciario para que conozca y respete la Ley de Identidad de Género, porque siguen llamando a las mujeres trans por su nombre masculino. “Creen que adentro no rige la ley, que es solo para afuera”, indicó Pérez. También desde el Inadi y la Federación quieren trabajar con la población carcelaria en general para bajar los niveles de trans y homofobia, que deriva en que sean las presas trans sufran agresiones y no puedan estar fuera de los pabellones donde están concentradas. 

Una detenida trans de Varela y otra de una cárcel federal, contó Pérez, brindaron su testimonio a través de una grabación al relator independiente para Naciones Unidas, en temas de orientación sexual e identidad de género, Vitit Muntarbhorn, que visitó el país recientemente.

“En las cárceles federales, las chicas trans viven en las unidades de mujeres, y están aceptadas por la población femenina. Conviven como una presa más, con el respeto hacia la diversidad. Y eso se logró con un proceso bastante largo, desde el Inadi, cuando estaba al frente María Rachid y la Federación Lgbtti. Acá tratamos de hacer lo mismo. Y vemos cosas que se van reformando algunas cosas. Se está trabajando en un protocolo de requisa y en concientizar al resto de la unidad y al personal penitenciario. Las chicas viven prácticamente en esos dos pabellones por la transfobia y la homofobia que tienen la población carcelaria en general”, agregó Pérez.

Después de la última muerte, la de Velázquez, señala Pérez, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia puso la mirada en el problema carcelario. “Es lamentable que se den cuenta de la ausencia del Estado cuando ocurre una muerte, y esto es lo que pasa en general con la población carcelaria y en particular con este colectivo vulnerado”, opinó.