El desempeño de Eduardo Casal como procurador General viene siendo cuestionado por el actual oficialismo desde que Mauricio Macri lo designó de manera interina. Desde ese puesto fue funcional a las necesidades políticas de Cambiemos, incluso después de haber abandonado el gobierno. Ahora, y escudándose en la cuarentena, se niega a responder a los pedidos de informes que le remitió la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal sobre el manejo presupuestario y administrativo de la Procuración. En el oficialismo estudian varios pedidos de juicio político contra el funcionario.

El pasado 16 de julio, el titular de la Bicameral, el senador Martín Doñate (Frente de Todos, Río Negro) le envió una nota donde le solicitaba que en un plazo de 10 días respondiera a los cinco pedidos de informes que habían presentado legisladores tanto del oficialismo como de la oposición que buscan saber el detalle de las ejecuciones presupuestarias de los años 2018 y 2019, la nómina de la totalidad de los magistrados en funciones en el Ministerio Público Fiscal que, a la fecha, se encuentren sometidos a régimen disciplinario más los nombramientos, traslados, reemplazos y desplazamientos de fiscales que haya llevado adelante el procurador.

Casal envió una respuesta impresa en cuatro páginas donde afirma que "con el fin de resguardar la salud de los integrantes" de la Procuración pidió una prórroga. Tal vez por decoro no solicitó un número exacto de días sino simplemente dijo que debía ser un plazo "adecuado para poder brindar la información que es requerida". Es más, en el escrito llega a sostener que la circulación y presencia de los empleados necesarios para responder las solicitudes de la comisión parlamentaria puede provocar severo daños a la salud de sus empleados y afirma que su pedido resulta congruente con la suspensión de los plazos administrativos para la administración pública nacional dispuso en su momento el gobierno nacional.

Lo que evita responder Casal son los pedidos de la diputada del FdT, Vanesa Siley quien le reclama saber la nómina de fiscales que se encuentren sometidos a régimen disciplinario alguno, las faltas que se le adjudican y el estado en que se encuentran esos trámites. Por su parte, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) solicitó la información correspondiente a las ejecuciones presupuestarias de los años 2018 y 2019. La también senadora oficialista Claudia Almirón (Corrientes) reclama detalle y razones por la que se aplicaron "nombramientos, traslados, reemplazos y desplazamientos de fiscales, tanto titulares como subrogantes". Por último, hay dos pedidos realizados por la senadora cambiemita Silvia Elías de Pérez sobre protocolos de actuación en incautaciones de droga en el marco de investigaciones y procedimientos judiciales más la situación de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán. La Bicameral tiene previsto convocar a una audiencia a organizaciones civiles que solicitaron que se le inicie juicio político a Casal.

Casal se convirtió en procurador en 2017 luego de que diera frutos la fenomenal campaña política-mediática y judicial contra la entonces titular de ese puesto, Alejandra Gils Carbó. Desde un primer momento, el interino se puso en sintonía con el gobierno de Macri. Por ejemplo, cuando la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inventó aquello de la peligrosidad de una supuesta organización mapuche, Casal dispuso la creación de una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”. 

El procurador se convirtió también uno de los principales aliados y protectores de Carlos Stornelli cuando este fiscal decidió rebelarse y se negó a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla, quien lo investiga por su participación en una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, los aprietes y el armado de causas junto al falso abogado Marcelo D'Alessio, entre otros.