En el primer día de audiencia en el juicio por el asesinato de Mirna Antonella Di Marzo, la madre de la víctima reclamó justicia. “Era una chica alegre, buena hija. Tenía sus cosas porque era trans y me la discriminaban. Yo quiero que se haga justicia porque mi hija se lo merece. Me la dejaron tirada a la buena de Dios”, aseguró Cristina del Valle Salas al declarar, por videoconferencia, desde la Fiscalía de General Güemes.

Salas contó que Mirna estaba estudiando, terminaba la secundaria. Sobre el día del ataque recordó que se enteró por dos chicas que fueron a su casa y le contaron que la habían encontrado tirada en la calle, inconsciente, cerca del boliche bailable Caribe. “Cuando me avisaron que mi hija ya estaba en el hospital, fui hasta ahí pero nunca pude hablar con ella porque estaba inconsciente, en estado vegetativo. Tenía la cabeza muy golpeada. Los médicos me dijeron que estaba en ese estado porque había permanecido mucho tiempo tirada en la calle y le había faltado oxígeno al cerebro”, detalló.

La madre dijo que no conoce al acusado por el crimen de su hija, y que se enteró por comentarios que él había sido el autor del hecho. 

José Gustavo Gareca se abstuvo de declarar ayer. En la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que fue leída al principio del debate, se señaló la misoginia del imputado que actuó con la intención de matar a la joven trans por su condición de género. Se leyó un informe de la Brigada de Investigaciones, en el que testigos aseguraron que un remisero avisó de la agresión a una policía que cumplía servicio de adicional en local bailable donde había estado la víctima con el agresor. Los efectivos del boliche no intervinieron y negaron haber sido advertidos de la situación. 

También brindó testimonio la amiga de la joven, Keyla Molina y la empleada del boliche, Esther Terrazas. El juicio está a cargo del juez Roberto Faustino Lezcano, de la Sala IV del Tribunal de Juicio, e interviene el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. Por protocolos sanitarios ante la pandemia de la Covid-19 solo se permitió el ingreso en el salón al magistrado, el abogado querellante, el defensor, el imputado y los guardias. NI el público ni la prensa pudieron acceder al Salón de Grandes Juicios "Dr Miguel Ragone". La lectura de requisitoria fiscal se transmitió por el canal de Youtube del Poder Judicial de Salta, pero el desarrollo del juicio no será público y solo volverán a trasmitirse por internet los alegatos y la sentencia.

Un crimen de odio 

El hecho que se juzga se cometió el 21 de octubre de 2018, en la localidad de General Güemes. La acusación fiscal sostuvo que Di Marzo ingresó con una amiga al boliche Caribe alrededor de las 4 de la madrugada, allí se encontró con el imputado y salieron juntos del lugar. A los pocos metros Gareca la atacó con los puños y a puntapiés provocándole un traumatismo encéfalo craneano grave. Le sustrajo la cartera y huyó. La joven fue encontrada inconsciente por la oficial subayudante Romina Guevara, al circular por calle 20 de Febrero. Di Marzo fue trasladada en ambulancia al Hospital Joaquín Castelllanos, donde permaneció tres meses hospitalizada en estado reservado hasta que falleció el 27 de enero de 2019.

"Gareca estaba determinado a matar a Di Marzo", concluyó la Fiscalía. Argumentó esto por el hecho de que la golpeó en zonas vitales del cuerpo y en la cabeza y que conocía cuál sería el resultado. Asimismo, sostuvo que hubo "compuesto misógino que guió el accionar de Gareca, al causarle daño por el hecho de ser mujer y considerarla objeto". Además, citó entre la legislación vigente la última modificación del Código Penal que contempla el homicidio con el agravante de la violencia de género, la Convención de Belem Do Pará y la Ley Nacional 26.485, de protección integral a las mujeres. 

Durante la audiencia se leyó un informe de la Brigada de Investigaciones, en el que testigos señalaron que alrededor de las 5 de la madrugada vieron a un hombre que luego fue identificado como Gareca golpeando a alguien que en principio no lograban distinguir si era "una persona o un animal", pese a que indicaron que la golpiza duró alrededor de 20 minutos, solo un remisero habría advertido la situación al pasar por el lugar, encendiendo las luces y alumbrando al agresor, lo que habría hecho que huyera. Según testigos, el chofer habría informado a una policía que estaba en la seguridad del local bailable junto a otros efectivos pero no intervinieron.

Sin embargo, la policía Inés Mamaní, que realizaba servicio de adicional en el boliche, negó haber visto algo, lo mismo dijeron los otros dos policías que realizaban adicionales en el local bailable, Nino Garnica y Rafael Aguilar.

Gareca se abstuvo de declarar ayer pero anticipó que lo hará en el transcurso del debate. En el momento de verificación de sus datos personales, contó que tiene tres condenas previas, por abuso sexual, una tentativa de homicidio calificado y lesiones leves. Dijo que cumplió una pena unificada de 18 años y nueve meses de prisión y que quedó en libertad en marzo de 2018. Gareca pudo ser identificado mediante cámaras de seguridad y por testigos. 

El juicio se desarrollará hasta el 12 de agosto. La defensa de Gareca está en manos del abogado Walter Clark. En representación de la familia de la víctima, como querellante, se desempeña el abogado José Lazarte.