Operaciones mediáticas y restricciones a la ILE en la Ciudad

El aborto legal en su laberinto

Esta semana Alberto Fernández tuvo que desarmar una operación mediática que anunciaba la postergación del tratamiento del proyecto de legalización del aborto para 2021, casi en paralelo a los anexos restrictivos que incluyó Horacio Rodríguez Larreta al Protocolo de ILE votado por mayoría contundente en la Legislatura porteña. La abogada Analía Mas, una de las redactoras del protocolo de Ciudad y del proyecto de legalización del aborto que obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputadxs en 2018, asegura que la avanzada religiosa antiderechos aprovecha el escenario de la pandemia para seguir construyendo poder y recortando autonomías, mientras miles de niñas, mujeres y personas gestantes continúan muriendo por abortos inseguros. 
Imagen: Jose Nico

“Tengo muy en claro que cualquier argumento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento que tenemos que estar unidos por la pandemia. No está confirmado que la ley del aborto se pase para el año próximo, pero es una convicción que yo tengo y tan pronto pueda voy a mandar el proyecto.” Renovación de la promesa de campaña, advertencia sobre otro intento desestabilizador (y van…), Alberto Fernández volvió a salir a la cancha esta semana a desarmar la operación mediática que intentó patearle el tablero para 2021 al tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un trascendido no hace verano, aunque en este momento muchxs quisieran, y el escenario pandémico les propicia la avanzada a los grupos antiderechos, que el 8A se manifestaron contra un nuevo aniversario de la despenalización social del aborto, mientras robustecen sus alianzas con los sectores más conservadores de Cambiemos y obstaculizan el acceso a la salud sexual y reproductiva en todo el país.

En los seis primeros meses de 2020, cuatro mujeres fueron amenazadas o presas por abortar en Santiago del Estero, que no adhiere al Protocolo nacional de ILE y se cuenta entre las provincias con mayor tasa de partos en niñas menores de 14 años. Esta semana, en la localidad bonaerense de Junín, la familia de una mujer denunció su fallecimiento tras realizarse un aborto clandestino. El último escándalo lo protagonizó Horacio Rodríguez Larreta y sus anexos luego que el 16 de julio la Legislatura porteña sancionara por mayoría contundente el Protocolo de ILE, al habilitar la objeción de conciencia institucional, la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para garantizar el acceso a la práctica, establecer plazo al tiempo gestacional que la ley no contempla, y crear un programa que “pesquisa” casa por casa a embarazadas para alentarlas a seguir adelante con la gestación, junto con una agilización de trámites de adopción. “Los derechos humanos no se restringen, se garantizan”, advirtió un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que rechaza el contenido de los anexos reglamentarios de Horacio, tan cercanos a la indignación eclesiástica pos 16J.

“La Iglesia es el gran sujeto político opositor”, advierte la abogada Analía Mas, una de las redactoras del Protocolo de ILE para la Ciudad que Mauricio Macri vetara en 2012, de leyes emblemáticas como Matrimonio Igualitario e Identidad de género, y del proyecto de IVE que en 2018 obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. Asesora legal del Inadi, integrante de la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (Falgbt) y de la Coalición Argentina Estado Laico (Cael), “la loca laica”, como se define entre risas, afirma que la avanzada de los fundamentalismos religiosos en la región es una antigua batalla contra las autonomías y para que los úteros sigan siendo institucionalizadados. Y alerta que, aún en la virtualidad, es urgente y necesario tratar en 2020 la legalización del aborto. “Creemos que pese a la pandemia, el proyecto va a ser tratado este año.”

En la Argentina se realizan entre 360.000 y 500.000 abortos por año, en la mayoría de los casos, en condiciones inseguras. La crisis sanitaria profundizó la desigualdad y las barreras de acceso a insumos y a atención de salud sexual reproductiva y no reproductiva. Esta semana, el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) difundió que 1,2 millones de mujeres y personas gestantes no pueden acceder al medicamento porque su precio registró una “aceleración descomunal” entre 2015 y 2019 de 1.280 por ciento, mientras que la inflación acumulada de ese período fue de 287,2 por ciento. “El día que se decretó la cuarentena estaba por presentarse el proyecto del Poder Ejecutivo”, lamenta Mas. “Esta pandemia lo alteró todo, pero el tema es que en el medio se siguen muriendo mujeres, se siguen muriendo niñas obligadas a parir y sigue habiendo presas por abortar. La violencia de género en cuarentena aumentó muchísimo y con eso los embarazos no deseados. Entiendo que a todas nos encantaría volver a estar en las calles, pero lo primordial es que se legalice el aborto de una vez por todas.”

Y además, mientras ejercemos la prudencia los sectores ultrarreligiosos avanzan en la obstaculización de derechos.

-Claro. A lo largo de estos años y de los derechos que se conquistaron, me di cuenta de cómo esos sectores fueron cambiando el discurso, pero siempre manteniendo el statu quo, que las mujeres sigan muriendo y todo permanezca en la clandestinidad. Al mismo tiempo, un debate público es una oportunidad de protagonismo para estos sectores católicos antiderechos.

¿Cómo lo utilizarían ahora?

-Estos son momentos en que se les abre un escenario. Reaccionan, salen a la calle, se movilizan, se organizan, actualizan el poder. Después de 2018 comenzaron a haber más legisladoras y legisladores evangélicos. Y en las próximas elecciones tal vez haya más. Es un problema de toda la región latinoamericana, porque actúan muy articuladamente.

¿Planteás un escenario similar al del parlamento brasileño?

-Sí, en Brasil hay un bloque evangélico, y ministros y ministras evangélicos. Por eso insisto en que no podemos dividirnos políticamente en estos temas, porque ellos ponen candidatos en todos los partidos políticos, de punta a punta de la ideología, y alguno va a ganar. Ese bloque regional ha modificado sus estrategias. Juan Marco Vaggione habla de un “desplazamiento discursivo”, con argumentos seudocientíficos y de derechos humanos. En 2010, con Matrimonio Igualitario, salían los curas a dar el debate y usaban fundamentos religiosos. Vieron que eso no vendía, que la gente no lo aceptaba, y de 2010 para acá fue notorio cómo surgieron las ong´s provida y otras organizaciones supuestamente aconfesionales pero que son de ellos, y te encontrás debatiendo en el mismo plano con actores que tienen una postura opuesta pero citan la misma convención internacional o cuestiones científicas obsoletas.

Y convocan bajo el eje aglutinador de la ideología de género.

-Totalmente. Esos sectores toman nuestros conocimientos y los transforman en esta designación peyorativa, “ideología de género”, cuando nosotres queremos romper el género, cuando decimos que es una construcción social, cultural. Comenzaron en Perú con el movimiento Con mis hijos no te metas, en 2016, y siguen sosteniendo con nuevos argumentos sus concepciones biologicistas innegociables, que imponen roles y relaciones jerárquicas entre varones y mujeres, como si en el medio no hubieran existido una Simone de Beauvoir ni una Judith Buttler.

En tu exposición de 2018 en la Cámara de Diputadxs por la legalización del aborto, dijiste que el Estado debe definir si sus políticas públicas son laicas o clericales.

-Es que es hora de que el Poder Ejecutivo Nacional se decida, no podemos tolerar que las políticas públicas sean clericales. De hecho, fijate lo que hizo Rodríguez Larreta con el Protocolo de ILE. Ese protocolo lo escribimos en febrero y lo presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Contó con el apoyo de más de cuarenta diputadxs. Salió el 16 de julio con una votación mayoritaria, pero durante dos semanas los antiderechos manifestaron frente a la casa de Rodríguez Larreta, que no vetó la ley como lo había hecho Macri en 2012, pero la reglamentó fijando cuestiones que el fallo F.A.L. prohíbe expresamente, como la objeción de conciencia institucional, la creación de equipos interdisciplinarios obligatorios, considerado violencia institucional, y establece la inconstitucionalidad de que después de las 24 semanas no se puede realizar ningún aborto, ni por causal de salud ni por violación, cuando el Código Penal no establece plazo.

Tiene puntos en común con el Protocolo de ILE de 2012 que presentó el ex ministro de Salud, Jorge Lemus, contra el que habías presentado un reclamo judicial por inconstitucionalidad. ¿En qué estado se encuentra ese amparo?

-Tenemos una cautelar que dura hasta ahora en la Corte Suprema de Justicia. El protocolo de Lemus era un horror, establecía la opinión de un comité de expertos, 12 semanas de gestación como plazo máximo para la intervención, con el aval de la dirección del hospital, y exigía el consentimiento de los padres cuando la solicitante era menor de edad. Estoy orgullosa de nuestro trabajo, pero es muy loco que las buenas prácticas en aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires se hayan sostenido por un amparo.

La objeción de conciencia era también el gran caballo de batalla.

-En lo personal no estoy de acuerdo ni siquiera con la individual. Usan el término de una manera que no corresponde a su definición, porque la objeción de conciencia nació como un instituto de protección de la ciudadanía ante un Estado que le obliga a hacer algo, pero en algún momento se convirtió en un privilegio de funcionarios. Si no quiero portar un arma, o izar una bandera, o recibir una transfusión de sangre, no daño los derechos de nadie; en cambio, cuando un funcionario dice “no caso a dos personas del mismo sexo”, “no hago ligaduras tubarias”, o “no practico una ILE aunque te estés muriendo”, está perjudicando o poniendo en riesgo la vida de alguien. Que se dedique a otra cosa. En mi exposición en el Congreso dije que había escuchado que muchos médicos y médicas se iban a declarar objetores en masa. Y advertí que eso es delito de sedición.

Las modificaciones de Rodríguez Larreta profundizan la restricción de derechos.

-Limita algo que está hace cien años en el Código Penal, que establece que el aborto es un delito salvo que corra riesgo de vida, de salud o en caso de violación, y no determina plazos, porque incluso cuando hablamos de ILE estamos hablando de embarazos deseados: podés estar atravesando un embarazo deseado y a la semana 25 tenés una preeclampsia, debés tomar una decisión. Evidentemente la presión es mucha y Larreta aflojó.

Las estrategias del programa A la Par, de llegada a embarazadas, parecen más disuasivas que de acompañamiento.

-Cada vez que se trata aborto, se presentan proyectos de acompañamiento y de adopción. Si el único motivo para abortar es, por ejemplo, por condición social, porque tenés cinco pibxs y no podés darles de comer, está bien, pero la realidad es que tuvimos que luchar por una ley de parto respetado porque nos tratan mal cuando queremos tener hijxs y nos tratan mal cuando no queremos tenerlxs. Estamos hablando de una sociedad donde la mayoría de los hogares está a cargo de mujeres solas. Es una sociedad que tampoco es amigable con nosotras en nuestra función de madres. Los planes de acompañamiento están buenísimos, pero no los hagan sólo cuando proponemos aborto. Están negando esa otra realidad de personas que quieren abortar porque no les pagan cuota alimentaria, porque si quedan embarazadas las echan del trabajo, o tienen que dejar de estudiar. Este es el mundo en el que vivimos, no es un mundo igualitario, donde no tenemos consecuencias negativas si estás embarazada.

Y es desconocer toda la carga de las tareas de cuidado.

-Es que no podés proponer soluciones como si las mujeres estuviéramos fantásticas y no remáramos solas con lxs pibxs haciendo malabares, y a cargo de adultxs mayores que seguro tenemos en casa. Por eso el aborto es mucho más, es el último eslabón de esta cadena con la que nos han sujetado desde hace siglos, y lo fuimos rompiendo de a poquito gracias a nuestra militancia. No nos regalaron nada. Hubo que pelear el voto, la patria potestad compartida, el divorcio, las leyes de diversidad sexual, la ligadura tubaria. Cada cosa con la que nos fueron atando la fuimos rompiendo, y que podamos pensar en maternidades únicamente deseadas es el último eslabón de una cadena de opresión. Es como patearle la base al patriarcado. Por eso es más ideológico lo que se está peleando, que la cuestión concreta de abortar o no abortar.

¿Desde la Campaña Nacional y las organizaciones que integrás evalúan realizar algún tipo de acción respecto de los anexos?

-Sacamos comunicados en contra y estamos pensando si vamos a accionar sobre el Protocolo de Ciudad.

¿Qué estrategias trabajan para cuando vuelva a tratarse el proyecto en el Congreso?

-Estamos hablando con integrantes de las dos Cámaras, porque si bien en 2018 no se sancionó la ley, hubo una despenalización social. Pero hay que seguir trabajando, porque Senadorxs es una Cámara muy diferente. Hoy hay mayor aceptación, y creo que el sujeto político nuevo fue esa masa de adolescentes en la calle, con fundamentos para debatir. Confiamos en que se va a presentar el proyecto en 2020, y tenemos que hacer algo, aunque sea simbólico, más allá de lo jurídico.

El vacío que dejó el voto en contra de los 38 senadores habilitó una zona liberada a las provincias que no adhieren al Protocolo de Nación, para seguir negando el acceso a prácticas seguras.

-El proyecto de IVE tiene que salir para evitar esta desigualdad en las provincias. Después del fallo F.A.L., ocho provincias hicieron un buen trabajo con los protocolos, otro tercio no hizo nada, y otro tercio fue peor, como Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Que se sancione la ley va a evitar todo esto. Siempre les digo a los antiderechos que si observan la experiencia de los países donde el aborto es legal, baja drásticamente no sólo la tasa de muertes de mujeres y personas gestantes, sino la tasa de abortos. Pero no la entienden. O sí, pero no les importa.

En las últimas semanas se reavivó la cadena de versiones antiderechos.

 

-Es que todo el tiempo ponen en tensión derechos, y con falacias. Dicen “tu libertad sexual perjudica o limita mi libertad de conciencia”, cuando es una falsedad. Además ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida. A todas nos preocupó esos anexos reglamentarios de la Ciudad, fue como un dejá vu. Pero por otra parte, pienso que tenemos un Presidente que siendo candidato dijo que iba a presentar un proyecto de ley sobre aborto, cosa que es la primera vez en la historia que ocurre. Vilma Ibarra fue una de las que más peleó con nosotras Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de Género, y hoy es secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, y coordina el proyecto de aborto del Poder Ejecutivo, que antes de 2019 era algo impensado. El cambio es enorme y esperanzador.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ