La opinión pública se ha habituado a hablar de la economía de la pospandemia cuando, en realidad, sería más atinado referirnos a la economía de la covid-19, al menos mientras no se descubra una cura efectiva que permita controlar o erradicar este dramático fenómeno sanitario. 

Hasta que esto no ocurra, la propagación del virus seguirá siendo el principal condicionante de la economía, tanto a nivel global como doméstico. Economía que no está paralizada, como ciertos medios de comunicación buscan instalar, sino que funciona con las limitaciones propias de cada sector o actividad.

Ante la pandemia, la realidad económica argentina quedó encorsetada por problemas que ya venía arrastrando de la etapa anterior pero que se magnificaron en este tiempo. Entre ellos tres son los frentes más relevantes en la economía del corto y mediano plazo: reestructuración de la deuda soberana, recuperación inclusiva y generación de divisas.

El reciente acuerdo logrado con los bonistas privados ha despejado un parte del horizonte financiero y todavía queda por delante una áspera negociación con el FMI. Los resultados hasta ahora obtenidos crean un inmejorable antecedente para erradicar el clásico prejuicio instalado en los mercados sobre la supuesta “vocación defaulteadora” del peronismo. 

Mercado interno

Es cierto que el éxito de la reciente negociación no resuelve por sí solo el escenario futuro, pero sirve y mucho a crear un clima de confianza adecuado para afrontarlo.

Desde la mirada del Gobierno, la recuperación económica pasará una vez más por estimular las capacidades del mercado interno. De los cuatro agregados macroeconómicos, el consumo privado (gastos de individuos y familias) representa el 57 por ciento del PIB, de modo que al estimularlo directa o indirectamente, aquel logra traccionar al conjunto de la economía. Aunque conocida, esta estrategia hoy no parece tan sencilla de llevar a cabo por varias razones.

Los procesos locales de reactivación económica conlleva el fantasma del estrangulamiento externo. El gobierno de Alberto Fernández conoce bien ese problema y no lo minimiza. Con el acuerdo por la deuda apenas cerrado, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, señaló que un plan para recuperar la economía debería promover a aquellos sectores de la producción que cuenten con mayor capacidad para generar empleo y que, al mismo tiempo, requieran de la menor cantidad posible de bienes e insumos importados. Traducido: crecer sin perder reservas.

La receta es simple y no requiere mayor explicación: si el estrangulamiento externo se debe a que las divisas que genera la economía no alcanzan para cubrir todas las necesidades -aun la fuga de capitales-, resulta necesario definir prioridades y sostenerlas firmemente.

Dólar

El gobierno anterior, en su peor momento, fijó restricciones cambiarias que la actual gestión endureció con vistas a mantenerlas durante mucho tiempo, pese a las presiones que buscan flexibilizarlas o, mejor aún, levantarlas. 

En este contexto, aguantar esas presiones, como hace el actual gobierno, los quienes hoy no pueden atesorar dólares es mucho mejor (y más barato, sin duda) que abrir los grifos y soltar los dólares de las reservas: de esto último ya tuvimos bastante en años anteriores y los penosos resultados están a la vista.

El último balance cambiario del Banco Central muestra que, pandemia mediante, en el primer semestre del año ingresaron 28.410 millones de dólares por exportaciones de bienes y servicios, una cifra algo menor al del primer semestre del 2019 (30.440 millones de dólares). 

Aun así, al haberse frenado gran parte de la fuga de divisas, el ritmo de las importaciones y los pagos de la deuda externa, la balanza de pagos cerró en junio con un rojo de 160 millones de dólares, un monto insignificante si se lo compara con el descomunal déficit de 8470 millones de dólares que acumuló en junio de 2019 la administración Cambiemos. No obstante, es necesario evitar cualquier rojo cambiario, pequeño o grande.

De los 27 sectores contemplados en el balance cambiario del Banco Central, solo 6 actúan como oferentes netos de divisas. Esto significa que dichos sectores producen más divisas de las que consumen. El sector oleaginoso-cerealero fue el principal oferente: en el primer semestre aportó al mercado cambiario 8485 millones de dólares netos, seguido por el de alimentos y bebidas (2820 millones de dólares) y la minería (1186 millones de dólares).

Restricciones

En el extremo opuesto -los que piden más dólares de los que producen- las personas físicas fueron los principales demandantes de divisas (2275 millones de dólare), seguidos por la industria química (2250 millones de dólares) y el comercio (1560 millones de dólares). 

Un dato de interés es que sólo en junio 3,3 millones de personas compraron 629 millones de dólares (un promedio de 190 dólares por persona) para mantenerlos depositados en sus cuentas bancarias, para saldar gastos del exterior realizados con tarjetas o para guardarlos.

Cuando se observa esas cifras, la propuesta de Todesca Bocco -aunque los voceros del mainstream económico la consideren populista- no solo suena como una opción sensata para el momento actual, sino que lleva a pensar si no sería conveniente seguir apretando aún más el torniquete cambiario: entre el inicio de la cuarentena hasta el último día hábil de julio, el Central no solo no pudo recomponer sus reservas sino que debió desprenderse de 912 millones de dólares netos para satisfacer la demanda de ahorristas.

Agroindustria

Pero como “dios es argentino”, en este particular contexto de escasez de dólares aparecen algunas iniciativas providenciales, como las que resume el documento que presentó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entidad de reciente creación integrado por 53 entidades del sector.

El documento plantea un giro interesante en el modo en que el sector se piensa a sí mismo en el marco de una nueva economía. Aunque por el momento se desconocen detalles finos, la iniciativa suena atractiva por varias razones.

En primer lugar, porque sugiere cambiar la tradicional estrategia confrontativa de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria) por una lógica propositiva. Este cambio de óptica podría explicar, tal vez, la razón por la cual la Sociedad Rural -principal ariete empresario contra los gobiernos “populistas”- ha desistido de participar del flamante Consejo.

En segundo lugar, porque por primera vez desde la crisis de la 125 la polémica por los derechos de exportación (mal llamadas retenciones) no condiciona la nueva agenda ampliada que propone el CAA. Por supuesto que las diferencias entre el gobierno y el sector sobre el tema siguen existiendo y que en algún momento volverán a un primer plano: la inteligencia y la novedad radica en haber percibido que ese momento no es hoy.

En tercer lugar, porque el CAA está dispuesto a debatir el plan con el conjunto de la política (gobierno y oposición). ¿Quién no estaría dispuesto a escuchar una propuesta enunciada por el principal complejo exportador argentino para aumentar 35 por ciento el valor total de sus colocaciones externas y crear 700.000 empleos nuevos? Sin duda hay que escuchar, aun cuando se tenga presente aquel viejo refrán: “Cuando la limosna es grande…”.

Valor agregado

Mucho se ha hablado ya de la necesidad de agregar valor a las exportaciones, pero cuando se requieren precisiones las respuestas escasean. Sin menospreciar las capacidades del sector agroexportador y la importancia de la iniciativa presentada, vale preguntar cuáles serán las innovaciones concretas que permitirán agregar valor a los bienes exportables con miras al objetivo de incrementar el valor de las exportaciones a 100.000 millones e dólares en diez años.

Es ilustrativo el siguiente ejemplo: hoy el principal bien exportable es la harina de soja, que no es sino el residuo de la molienda (crushing) de los porotos y que cotiza a casi 300 dólares por tonelada en el mercado internacional. De una tonelada de porotos a granel y sin procesar se extraen hasta 200 kilos de aceite en bruto y el resto se transforma en harina y pellets para consumo animal. 

En términos de valor agregado, esa tonelada inicial de porotos de soja que hoy cotiza a 320 dólares genera, a precio final, 138 dólares en aceite y otros 240 dólares como harina. Como resultado final de todo este proceso, el valor agregado es de apenas 58 dólares brutos por tonelada. Otro tanto podría decirse del maíz o del trigo, exportado mayormente a granel y sin industrializar.

Es justo recordar que la política general de reducción o la eliminación de los derechos de exportación, sumada a los laxos mecanismos para liquidar las divisas sin la obligación de ingresarlas al país, como sucedió en el gobierno de Macri, no fueron estímulo suficiente para que el complejo agroexportador encarara hace tres años una iniciativa como la que hoy propone. De todos modos, una iniciativa así es oportuna.

Por lo pronto, ante las severas restricciones y dificultades que impone a la economía la covid-19, resulta alentador que la voluntad de cooperar en algunos actores esenciales pague mejores dividendos que otras conductas que siguen apostando a la confrontación.

* Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias.  [email protected]