El joven empresario Jorge Antonio Vera continuará detenido por cuatro meses al menos. La decisión la tomó el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, a pedido del fiscal federal Eduardo Villalba, en el marco de la investigación que se lleva adelante por el robo millonario de caños del gasoducto NEA, causa en la que hay ya once imputados, entre ellos el intendente de Aguaray, Jorge Prado, y empresarios de Salta, Mendoza y Buenos Aires. 

Vera fue imputado formalmente ayer, en una audiencia remota. El empresario, de 26 años, la siguió desde una dependencia policial del partido bonaerense de San Vicente, donde fue detenido el jueves último, sorprendido in fraganti en el kilómetro 15 de la ruta 52, cuando intentaba robar más caños de gas, en este caso, de la red local. 

El empresario estaba prófugo de la Justicia Federal salteña desde el 14 de mayo pasado, cuando la Fiscalía solicitó su captura internacional. También tiene un pedido de captura de la Justicia de La Rioja. De origen mendocino, Vera parece estar dedicado al robo de estos caños de gran porte y valor y ya cuenta con antecedentes. 

En la audiencia, de la que también participó el abogado Sebastián Smith, representante de la querella del Estado nacional, que es el perjudicado en el caso del robo de caños del gasoducto NEA, el fiscal Villalba imputó a Vera los delitos de “robo calificado en concurso real con falsificación de instrumento privado”, acusación que tiene penas de entre 6 meses a 10 años de prisión.

El fiscal sostuvo que Vera estuvo ligado directamente a la extracción de los caños del gasoducto, tanto en el norte de Salta como en otros diferentes puntos del país. Destacó que también los comercializó y para darle una apariencia de legalidad a la venta de los caños montó la empresa “fantasma” Vera SA.

El empresario usó documentación falsa, entre ellas facturas y remitos, para disfrazar operaciones realizadas con empresarios del rubro, quienes también fueron imputados en la cadena de responsabilidades que la fiscalía investiga desde febrero pasado, cuando se descubrieron los saqueos.

Los 213 caños

El total de 213 caños robados del gasoducto NEA que se le atribuyen a Vera surge de distintos hechos, detalló el fiscal en la imputación ayer. Por un lado, sostuvo que el empresario participó del robo de 22 caños que fueron recuperados el 14 de abril pasado, en un procedimiento originado en la denuncia de representantes de la empresa IESA, licenciataria del Estado Nacional en la construcción de la obra.

Los caños eran transportados por dos camiones y fueron secuestrados en un parador en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1.425, en el norte salteño. Los tubos habían sido extraídos del paraje El Desemboque, a 130 kilómetros de General Mosconi, en el departamento San Martín.

Villalba explicó que con remitos falsos a nombre de una empresa minera, Vera consignó como destino de los caños robados a las empresas Peteser SRL/Vera SA, lo que quedó probado cuando el encargado de su empresa, Cristián Bouczek, se presentó a reclamar por elementos secuestrados por Gendarmería Nacional.

Bouczek también está entre los 11 imputados. Y él mismo aportó documentación que permitió descubrir otras operaciones, entre ellas el robo de 5 caños que fueron secuestrados en un allanamiento realizado en la empresa Peterser SRL.

En otro procedimiento realizado el 18 de abril a partir de los testimonios de los camioneros que transportaban los caños robados, se secuestraron otros 123 caños en el predio de la empresa MyP Servicios Esenciales (ex Wheatherford).

Otros 11 caños fueron secuestrados en el paraje Balbuena, a unos 140 kilómetros de la ruta 34. En este caso, el procedimiento se originó en la denuncia de vecinos que alertaron sobre el movimiento de camiones y operarios, quienes manifestaron haber sido contratados por la empresa Vera SA, cuya subcontratista era Peterser SRL.

Vera fue implicado también en la sustracción de los 52 caños del gasoducto secuestrados en el predio de Quilmes, de la empresa COMARFIL SA, de Matías Rossi, otro de los empresarios imputados en el caso.

Con asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, Villalba resaltó la magnitud del entramado del robo de caños. Afirmó que cada uno de los acusados causó un gran perjuicio al Estado Nacional, pues no sólo despojaron de valiosos bienes adquiridos con fondos nacionales, sino que también echaron por tierra los beneficios que habrían podido gozar los habitantes de numerosas localidades y departamentos que conforman el noroeste argentino, dado que la obra se suspendió.

Riesgo de fuga

Para fundar su pedido de que Vera quede en prisión preventiva, el fiscal resaltó no sólo que el empresario en ningún momento se presentó ante la Justicia salteña ni buscó colaborar con la investigación, a pesar de saber que era requerido por la fiscalía.

También destacó que tiene antecedentes penales, entre ellos una condena dictada en 2018 por estafa, y tiene otra causa abierta, según lo informado por la Justicia de Buenos Aires. Asimismo señaló los dichos del propio empresario, que en la audiencia trató de desligarse de la acusación presentándose como víctima de una estafa y reconoció su responsabilidad en la sustracción de caños en San Vicente.

El fiscal solicitó la prisión preventiva basándose en el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento procesal, y en el reconocimiento que hizo el propio Vera de su actividad delictiva, que intentó justificar en necesidades económicas.

Tambien señaló el fiscal que cuando buscaban a Vera investigaron los permisos de circulación utilizados por él en las restricciones por la pandemia del coronavirus. Indicó que en los domicilios y lugares de trabajo dados por el acusado “nadie lo conocía”.