Fue femicidio. El 27 de abril, Orlando Bogarín quemó a su pareja. Él sigue en libertad, más de tres meses después. Judith González murió el 16 de mayo en el hospital de Quemados, con el 60 por ciento del cuerpo afectado. Araceli, la hermana adolescente de la víctima, enumera las distintas maniobras de la pareja de Judith primero para ocultarle la situación, luego para disimular su gravedad y más tarde para insistir en que Judith se había quemado sola. “Me parecía raro, igual no era la primera vez que él intentaba matar a mi hermana. Entonces yo tenía la duda, porque ella jamás se suicidaría, yo viví con ella muchos años y yo sé que él la maltrataba”, relata Araceli, que acudió cuando la llamaron a declarar. Además, Bogarín se hacía pasar por Judith para responderle los mensajes por whatsapp, le decía “ahora no puedo hablar porque estoy haciendo curaciones a Orly que se quemó la mano”, otro elemento que le resulta llamativo. Araceli había hablado con Judith el 25 de abril, y “estaba todo bien”, pero en la noche del 27 supo que estaba internada. “Mi sobrinito me dijo que su mamá estaba internada y que por favor no le dijera nada a su papá de que él me había contado”, sigue el relato, que ya fue publicado en este diario. Ese niño atemorizado está ahora al cuidado de la familia paterna, en contacto con el hombre que agredió a la mamá, le mintió a la familia y asegura que Judith se suicidó. Los dos hijos –de 6 y 10 años—no pueden acceder a la ley Brisa. El fiscal de Avellaneda José Luis Granea se limitó a decirle a Las12 que “la causa está en trámite” y sobre alguna posible acusación afirmó que “si hay algún acusado, hay solo uno que puede ser”. ¿Por qué un femicidio no se investiga con la misma celeridad que otros delitos? Esa pregunta abre a otras: ¿Por qué la voz de las mujeres, lesbianas, travestis, trans no es escuchada, ni siquiera después de su muerte, con la debida diligencia que establecen esos tratados internacionales sobre derechos humanos convertidos en letra muerta si no se encarnan en prácticas concretas? ¿Cuáles son los obstáculos que impiden el acceso a la justicia a quienes fueron víctimas de violencia heteropatriarcal? Muchas preguntas para intentar respuestas que abran grietas posibles, en el reconocimiento de que hay matices y sujetas activando, algunas desde el interior del sistema y otras desde afuera, desde colectivos que acompañan, hacen visible, apuestan a romper cercos.
“Todo el manto patriarcal está atravesado por la mirada y el funcionamiento de la justicia, y los resultados están a la vista, se traducen en lo que decide, en la forma que se analiza la prueba, en la poca trascendencia que se les da a los casos. En los casos de femicidio se ve mucho, también, la poca relevancia que se asigna los casos, sobre todo cuanto más vulnerable es una víctima menos trascendencia se le da. Las investigaciones son pobres, son llevadas adelante sin diligencia, muchos casos quedan impunes, muchos autores no son identificados o permanecen prófugos y no se los busca. Son un montón de cosas juntas”, analiza Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), uno de los espacios que crea intersticios, dentro del sistema de Justicia Penal, para que las voces hasta ahora no escuchadas puedan ser tenidas en cuenta.
Antes del Ni Una Menos, en noviembre de 2010, Vanesa Celma murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, después de agonizar durante cuatro meses. Omar Díaz, su pareja, iba al hospital a decirle que ella se había quemado sola, le decía: “Mirá lo que te hiciste”. La policía que llegó a la casa de Vanesa al momento de la agresión no preservó las pruebas, y la jueza Mónica Lamperti caratuló el caso como “incendio”, aunque la joven llegó a contarle a una enfermera que él la había quemado. Más tarde, ese testimonio no se consideró una fuente primaria, aunque tampoco se hizo cámara gesell del hijo de la pareja, de 5 años, que estaba en la habitación de al lado. Diez años después de ese femicidio, sólo hay tres policías acusados de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no preservar las pruebas. Eva Domínguez, la cuñada de Vanesa se convirtió en activista de “Familiares Atravesados por el Femicidio”, y tomó la posta del pedido de justicia, que llegará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque Díaz fue separado definitivamente de la causa.
“Seguimos firmemente reclamando que la ley Micaela se implemente en todos los poderes del estado, de nada sirve que exista esa ley si no se hace efectiva en cómo actúan quienes trabajan en cada oficina pública”, expresa Eva sobre lo ocurrido en la causa de su cuñada. Cuenta que su organización sigue viendo muchas situaciones de revictimización de las familias de las víctimas. “Estamos muy mal, ni te cuento lo que se nos ha incrementado la falta de asistencia emocional en esta pandemia, tuve que salir varias veces con chicos que se han querido autoflagelar. La pandemia fue un golpe muy grande para nosotros, no sólo no se pudieron elaborar los duelos, no hay asistencia económica ni contención. La asistencia para los familiares tiene que ser integral, no se puede separar una cosa de la otra. No tenemos herramientas. Nosotros también sufrimos las violencias institucionales, los chicos que no pueden cobrar la ley Brisa, los familiares que no saben que tienen que tener la sentencia firmen, y con guarda permanente y homologada para cobrarla. Todas las trabas burocráticas que nos están poniendo son impresionantes”, responde sobre la atención que reciben del estado una vez cometidos los femicidios.
Si de márgenes se trata, el femicidio de Mirtha Godoy, una chica de 21 años que vive en Las Garcitas, en Chaco, 142 kilómetros al noroeste de Resistencia, la capital provincial y a 1090 kilómetros de Buenos Aires, casi no tuvo visibilidad. El 2 de agosto, Mirtha fue asesinada por asfixia. Así lo determinó la pericia forense realizada por el Instituto Médico de Ciencias Forenses, dependiente del Poder Judicial. El novio de la víctima, Rodrigo Cejas, es el único detenido. La familia de Mirtha convoca a una movilización el 3 de septiembre. “Ella llegó al hospital sin corpiño, sin nada, se tomaron el tema de armarla, cambiarla, todo”, contó Raquel, una de las hermanas mayores de Mirtha. “Ella nunca me contó nada de maltratos, pero una vez me dijo que era muy celoso”, rememoró. La familia pide el traslado del detenido, que sea enviado a una dependencia de otra localidad, y también que se separe del cargo al padrastro de Rodrigo, Darío Duduletz, que es agente policial. Mirtha estudiaba enfermería y trabajaba como niñera. “Ella estaba siempre para todos”, la recuerda Raquel.
Los datos más recientes disponibles son relevamientos de la sociedad civil sobre recortes de diarios. El Observatorio Ahora que Sí nos Ven contó del 1° de enero al 31 de julio de 2020 178 femicidios, de los cuales 164 fueron femicidios íntimos de mujeres cis. En tanto, el informe oficial, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contabilizó 252 femicidios, de los cuales 5 fueron trans/travesticidios, y 16 femicidios vinculados. Allí se consigna que “al menos 42 víctimas” habían denunciado previamente al autor del femicidio. Qué pasó en ese peregrinar por un sistema muchas veces sordo es una pregunta acuciante.
Quienes trabajan desde adentro del sistema saben que hay cambios empujados sobre todo a fuerza de insistencia y voluntad. “Lo que una se entera son los casos que no funcionan, pero hay un montón de casos, que funcionan bien, que hay fiscales y fiscalas comprometidas, que investigan, que escuchan a las víctimas”, sostiene Malena Derdoy, titular de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), también del Ministerio Público Fiscal. “Vemos los dos extremos: en uno está la víctima a la que no se convoca, que cuando se la convoca se le descree, que no se la escucha. A veces es más fácil pensar que no ocurrió a creer que ocurrió y poder dar espacio a esa hipótesis de investigación. Esos son los casos Y tenemos otras investigaciones, por el contrario que las convocan, que las escuchan, también es interesante que quien esté a cargo de la investigación pueda entender la situación que atraviesa la víctima y su grupo familiar, porque la ley la trata como víctima directa ante un fallecimiento. Poder incorporar a la víctima de una manera activa en el proceso, respetando las situaciones, las vulnerabilidades, las capacidades, el interés”, plantea la funcionaria judicial como un lugar al que llegar.
A Derdoy, su práctica cotidiana con distintas personas del poder judicial le demuestra que “hay cosas que están bien, y hay otras que no, son idiomas distintos, son universos distintos. Es la otredad, yo creo que uno de los grandes desafíos de la justicia que viene es trabajar con la otredad, aprender a trabajar con mujeres lesbianas, con identidades trans, con mujeres pobres, con mujeres que caen a la fiscalía o al juzgado con siete pibes, porque tienen la obligación, o la voluntad o el deseo de asistir pero no tienen con quién dejar a los chicos, por ejemplo”.
En las intervenciones de su oficina, empiezan por lo más básico, y que la justicia “tiene que incorporar”. Cuestiones que para les agentes judiciales no son acuciantes, claro. “Es básico y elemental, garantizar los gastos de traslado cuando tienen que ser convocadas, y extenderles certificados para el trabajo, porque pierden las jornadas laborales, y como muchas veces en los empleos informales no sirve, si va a perder la jornada laboral que sea una sola y no citarlas reiteradas veces, además de lo revictimizante que resulta, no solo por el impacto subjetivo, sino por el impacto de su vida cotidiana. Las víctimas tienen una vida más allá del hecho disruptivo que generó el delito o la agresión que están padeciendo, tienen una vida, el sumar a esa vida, a esa rutina, una agenda más que además se impone no sirve”, apunta un aspecto material de la existencia que a veces es difícil de considerar por quienes los tienen resueltos.
En cuanto al transitar de mujeres y disidencias en el sistema judicial, un informe de 2018, llamado “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, realizado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal y centrado en información acerca de la actuación del sistema de administración de justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2017, develó que el 72% de las causas por violencia doméstica fueron resueltas por sobreseimiento o archivo.
¿Por qué las palabras de las mujeres víctimas son tan difíciles de escuchar en el sistema de justicia penal? Esa es una pregunta que estalla una y otra vez. “En general no hay es dispositivos con capacidad de ofrecer una escucha a la altura de la conflictividad que se está planteando”, expresa Ileana Arduino, abogada, coordinadora del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), sobre ese trajinar de personas que no encuentran quién las escuche en Tribunales. Porque además, muchos de esos delitos son provinciales, y por ende, depende del sistema penal de cada jurisdicción. Lo que persiste es la mirada heteropatriarcal, que no es uniforme.
“Históricamente, los delitos asociados a violencias en contexto de género han sido más bien repelidos o expulsados del sistema de justicia penal, por esto que ya sabemos de la dicotomía entre lo público y lo privado y además un cierto reconocimiento o transferencia de los mecanismos de control al ámbito de las relaciones interpersonales sobre la base de una concepción muy heteropatriarcal”, plantea Arduino y recuerda que “a esa disposición histórica, que va a llevar mucho tiempo revertir, se les suma que esos hechos, precisamente porque involucran violencia sexogenéricas, precisamente porque ocurren en el ámbito intrafamiliar son poco relevantes para el sistema de justicia penal. Entonces, primero hay que construir una relación de relevancia, que no se mide en la entidad de la pena, y que se debería medir precisamente en la disposición a la escucha, en lo que Nils Christie, que es un criminólogo noruego, llama generar audiencia para estas formas de violencia que han estado silenciadas. Generar culturas institucionales dispuestas no solo a que las personas puedan ir y denunciar, sino que haya audiencias en el sentido de que sea audible y por audible se entiende mucho más que la recepción pasiva de una denuncia, sino sobre todo tener capacidad para actuar en consecuencia”.
En el trabajo diario como fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Luciana Vallarella sabe bien que las demandas de la sociedad, y especialmente de los feminismos, van muy por delante de los procesos judiciales. “Hay resistencias machistas y patriarcales desde ya y también falta sensibilización e información”, considera y pone en contexto: “Decir que los casos donde las mujeres son parte tienen que abordarse desde una perspectiva de género, entre las feministas está superado, ya hay otras cosas que pensar, pero entre los operadores recién se está poniendo en consideración. Incluso hoy sobrevuela esta idea de que algunas de nosotras tenemos sensibilidad y nos interesa la problemática, entonces nos dicen ‘a vos que te gustan estos temas…’, pero no es más que ponerse a estudiar, y además es una obligación del estado tener esa perspectiva y sin embargo, tampoco en los ámbitos académicos hay lugar para este tipo de conocimiento, muchas veces no es considerado un conocimiento científico, se lo toma con bastante desdén o con una cosa que no tiene el mismo rigor científico que la dogmática que uno aprende en la Facultad”.
Para que una denuncia por violencia machista no derive en violencias mayores, el Estado no puede dar solamente una respuesta penal, más allá de las necesarias exigencias para que la justicia penal. “Al poder judicial le cuesta también bastante trabajar en forma articulada con otras instituciones”, señala Vallarella, quien plantea que “el paradigma de la opresión es empezar a pensar cuáles son las condiciones de la opresión para que esas violencias ocurran. De qué manera podemos dar una respuesta a las diversas peticiones de las mujeres, que tenga un impacto positivo y efectivo en la vida de ellas. No siempre la mujer quiere que el agresor vaya preso, muchas veces está condicionada por un montón de cosas a las que el estado no le da solución”. Entre esos condicionamientos, se anotan la falta de vivienda, de autonomía económica y también las dificultades subjetivas. “Viene con todo esto, y nos tenemos que hacer cargo, no podemos pensar a esta mujer en forma abstracta, un hecho y el tipo penal”, dice Vallarella, consciente de que “nos tenemos que hacer cargo de todas las faltas del estado”.
Justamente, la llegada de una situación de violencia al sistema penal es la mejor demostración del fracaso de las políticas públicas establecidas. Quienes hacen acompañamientos a víctimas de violencia sostienen que “una vez que una mujer decide hacer la denuncia, no hay nada que pueda garantizarle otros recursos. Vallarella considera que “hay muchas áreas e instituciones que abordan la problemática de género, pero están vaciadas de recursos, tienen poco presupuesto, y las respuestas están lejos de estar a la altura de las necesidades. Sí o sí tengo que trabajar con otras instituciones, otras organizaciones en forma comunitaria, en el territorio, hay un montón de problemáticas a las que el estado no está dando respuestas”, plantea la fiscal.
Desde una visión más global, ya que la UFEM es una Unidad del Ministerio Público Fiscal de todo el país (aunque la mayor parte de las causas de violencia machista recaen en tribunales provinciales), Mariela Labozzetta sostiene que “hay una especie de falta de diálogo entre las instituciones. Esto se está revirtiendo cada vez más, ahora hay bastantes espacios, en la ciudad de Buenos Aires mucho más, porque es la ciudad donde más recursos hay, pero en muchas provincias hay unidades especializadas, en algunas hay gente especializada pero pocos recursos para la cantidad de casos, y si bien tiene todavía algunas falencias, es una buena noticia que haya unidad especializada porque son los que más herramientas tienen para articular con los sistemas de restitución de derechos. Sabemos que muchos aspecto de la violencia no se resuelven penalmente, el sistema penal es una herramienta que llega tarde, que llega y es necesaria, para revertir la violencia, para dar un mensaje de no tolerancia de la violencia, para los casos graves, pero hay un montón de violencias que no necesariamente van a ser resueltas por el sistema penal, que es necesario generar respuestas ejecutivas. Eso es ineludible”.
